Explotación y trata de menores: más de 1.300 denuncias en los últimos cinco años y un cifra récord en 2023

La trata de menores de edad en Argentina es un fenómeno por demás preocupante que involucra la explotación de niños y adolescentes con fines laborales, sexuales y de mendicidad forzada. Estos delitos constituyen una violación severa a los derechos humanos y afectan, principalmente, a menores en situación de vulnerabilidad.

Mientras las denuncias van en aumento, el presupuesto del Programa de Rescate a Víctimas de Trata muestra subejecución en tres de los últimos cinco años, y en lo que va de 2024, tiene la misma partida que la asignada en 2023.

La legislación argentina cuenta con la Ley 26.364, que establece distintas penas para quienes cometen este delito, así como medidas de protección para las víctimas. Sin embargo, la tarea no es sencilla, dada la dificultad para detectar y desmantelar las redes de trata y el apoyo aún insuficiente a las víctimas rescatadas.

Los métodos de captación incluyen falsas promesas, secuestros y engaños. Las víctimas suelen provenir de entornos vulnerables y son trasladadas a diferentes provincias o incluso fuera del país. Las redes de trata operan de manera organizada, utilizando rutas específicas y contactos en diferentes puntos.

Según datos recopilados por la Unidad de Datos de Infobae, entre 2019 y junio de 2024, la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas recibió un total de 9.877 denuncias, de las cuales 1.309 (13%) involucran delitos que tienen a menores de edad por víctimas, tales como explotación laboral y sexual, venta de niños, secuestro y pornografía infantil. Las mismas fueron en aumento a lo largo de los últimos 5 años. En 2019, se notificaron 217 casos; luego, 185 en 2020; 215 en 2021; 237 en 2022; 312 en 2023 (el año con mayor cantidad de llamados recibidos) y en el primer semestre de este año ya suman 143, por lo que si la tendencia se mantiene en 2024 se podría alcanzar e incluso superar la cifra del año pasado.

Estos números subrayan la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta integral y coordinada por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

No es un hecho aislado que la mayoría de las llamadas (70%) están relacionadas con la explotación sexual, ya que es el tipo de trata que la ciudadanía más conoce e identifica, a diferencia del trabajo forzoso que es un delito que ocurre generalmente puertas adentro y por ello es menos visible.

Los datos provienen del registro que se lleva de la Línea 145, que brinda atención telefónica gratuita y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Es administrada por la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), en el marco del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas que se creó al amparo de la ley 26.842.

Se trata del organismo destinado a colaborar y asistir a las fiscalías de todas las instancias del país en causas judiciales por hechos de trata, así como recibir denuncias, iniciar investigaciones preliminares y realizar el seguimiento de las causas con el propósito de elaborar reportes, delinear estrategias y conocer el tratamiento y dinámica del delito, entre una larga lista de funciones.

El análisis y la derivación de las denuncias recibidas en PROTEX se desarrolla dentro de las primeras 24 horas. Las denuncias que revisten cierta urgencia son judicializadas el mismo día que se reciben; y en aquellas entendidas “de extrema urgencia” se otorga intervención a una fuerza de seguridad federal para que realice la correspondiente consulta con el juzgado o la fiscalía en turno.

La PROTEX es la principal institución en recibir las derivaciones de las llamadas a la Línea 145: en el caso de las denuncias referidas a menores de edad, se contabilizaron 720 casos desde 2019 al mes de junio pasado, es decir más de la mitad de los casos (55%).

Para el período antes citado, casi la mitad de los llamados fueron anónimos (47%) y en el 75% de los casos, se realizó una derivación judicial (982 casos).

El Programa Nacional de Rescate y Asistencia a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Su objetivo principal es asistir y acompañar a las víctimas desde el momento del allanamiento hasta su declaración testimonial. El fin es evitar que las fuerzas de seguridad tengan contactos con ellas, pudiendo estas dedicarse particularmente a la recolección de pruebas y detención de probables responsables.

De proceder, las víctimas rescatadas son alojadas en un Refugio propio mientras que aquellas que desestimen este resguardo podrán continuar con con la asistencia ya sea en sus domicilios o en los lugares que decidan permanecer.

Desde su creación en el año 2008 y hasta el 31 de mayo de 2024, el Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación ha logrado rescatar y asistir a un total de 20.854 víctimas, de acuerdo con datos oficiales. En lo que va del presente año, la cifra ya asciende a 594 personas atendidas por esta iniciativa, incluyendo a 29 menores de edad.

En la distribución de las 1.309 denuncias referidas a menores de edad, desde 2019, el 32% se concentra en la provincia de Buenos Aires (419 casos).

Pero al analizar la tasa de estas notificaciones por cada 100.000 habitantes, el ranking cambia drásticamente.

La mayor proporción de llamados telefónicos proviene de casos en Neuquén, con una tasa de 5 llamados sobre esa base poblacional.

Le siguen CABA, Salta y Mendoza, con 4 casos y con 3, las provincias de Misiones, Tierra del Fuego, Corrientes, Santa Cruz, Córdoba, Río Negro, Jujuy y Tucumán.

El Programa Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata (PPG) se mantiene con el mismo presupuesto que el año pasado

En los últimos cinco años, hubo 3 en los que los fondos se sub ejecutaron, es decir no se gastó el 100% del total asignado a esa partida. Son los casos de 2019, cuando el presupuesto era de casi 50 millones de pesos y sólo se gastaron 39. En 2021 los fondos disponibles ascendían a casi $75 millones, ejecutándose sólo $60 y al año siguiente, con un presupuesto de $90 millones, apenas se ejecutaron $75.

El último año de la gestión de Alberto Fernández, 2023, con $176,5 millones de presupuesto, fue el único año en el que se ejecutó la totalidad de los fondos.

Y este año, el presupuesto no se amplió: sigue siendo de $176,5 millones, con una erogación al presente de $84,6 millones, es decir ejecución del 48%, según datos al 26 de julio pasado.

El contexto no es el mejor. Otro programa, el de Protección para Víctimas de Violencias, con objetivos más amplios y que también depende del Ministerio de Justicia, muestra un comportamiento similar de subejecución a lo largo de los últimos cinco años, con un preocupante valor para el primer semestre de 2024: el presupuesto vigente es de $10.570 millones y en los primeros seis meses del año apenas se ejecutaron $1.068 millones, es decir, sólo el 10%.

Los datos sobre las denuncias recibidas a través de la línea 145 se encuentran en el repositorio de datos abiertos del Ministerio de Justicia.

Para los cálculos se consideraron sólo aquellas llamadas en las que la víctima fue identificada como menor de edad.

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, siga este enlace.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander