Venezuela se encamina a cumplir una semana desde la elección presidencial sin que hayan sido difundidos oficialmente los resultados de manera fehaciente, mesa por mesa. Eso mismo desviste la puesta en escena montada por el régimen venezolano, junto a la represión policial y paramilitar, para sostener a Nicolás Maduro en el poder. Frente a ese cuadro, Javier Milei integra y busca liderar el grupo de gobiernos de la región que abiertamente denuncian fraude. Otros países -en primer lugar, por peso propio, Brasil- también reclaman a Caracas la publicación verificable de las actas del comicio, aunque sin calificar lo ocurrido. No es un matiz menor. Hay detrás de toda esa tensión una discusión de fondo, que la política local por ahora elude a pesar de errores del oficialismo y silencios muy expresivos como el de CFK.
La única expresión parecida a un debate se produjo en la Comisión de relaciones Exteriores de Diputados y podría reproducirse en el recinto. De hecho, quedaron de un lado el oficialismo y algunos espacios dialoguistas, con condena del fraude, y del otro lado, el peronismo/kirchnerismo en el límite del reclamo de las actas oficiales. No abundaron los fundamentos y sobró alguna chicana. Eso fue todo.
El Gobierno dejó trascender la intención de motorizar un polo de presidentes de la región que impulse el rechazo cerrado y sanciones si Caracas mantiene la proclamación de Maduro, anunciada el domingo después de más de cinco horas de cerradas las urnas y ratificada el viernes, en los dos casos sin cumplir siquiera en apariencia reglas básicas de su propia legislación sobre el procedimiento para formalizar a un nuevo presidente.
En paralelo a las señales de Milei, Brasil avanzó con su estrategia, iniciada el fin de semana con el envío del ex canciller Celso Amorim a la capital venezolana. El principal asesor de Lula da Silva en política exterior transmitió ahora el malestar por el paso del tiempo sin la difusión de datos oficiales completos. Casi en simultáneo, el presidente brasileño formalizaba un contacto con sus pares de México y Colombia. De esa conversación surgió un comunicado reclamando a Caracas que sin más demoras dé a conocer las actas para una verificación imparcial de los números.
En este contexto, además, la oposición venezolana ya completó la información de más del 80 por ciento de las actas, mesa por mesa, que exponen un triunfo aplastante de Edmundo González Urrutia sobre Maduro. Y eso mismo fue señalado por Antony Blinken para dar un paso más em la posición de Estados Unidos y avalar el resultado del candidato opositor.
El punto es lo que sugieren las dos posiciones centrales en el terreno internacional. ¿La mejor receta es la presión directa, incluso la ruptura de relaciones con expresión concreta en algún tipo de sanciones al régimen venezolano? O, por el contrario, ¿resulta más razonable una estrategia que deje abierta alguna vía, incluida la garantía de dar vuelta la página sin investigaciones ni juicios, para una salida de transición o nuevas elecciones con control internacional efectivo? Nada de eso como discusión está insinuado en el plano local.
Los capítulos previos escritos en Venezuela son sombríos: crisis agravadas en anteriores procesos electorales, maniobras para bloquear a candidatos opositores, denuncias e informes sobre violaciones a los derechos humanos, manejo de la justicia electoral, y poder político y militar cerrado. Con todo, las reacciones de esta vez indicarían un nivel de divorcio social mayor por parte del régimen venezolano.
Una postal de estas horas es expuesta incluso por críticos del aspecto formal de la apurada proclamación de Maduro: a pesar del sistema electoral que supone resultados rápidos, se utilizó un supuesto informe inicial sin dibujar siquiera un escrutinio cercano al total (fue, se dijo, el 80%), no fueron publicadas hasta el momento las reclamadas actas y los dos “boletines totalizadores” difundidos hasta el momento no contaron con aval de los testigos (fiscales) de otras fuerzas políticas que compitieron en la elección.
La presión para lograr la publicación de las actas -que sumó al Vaticano con su respaldo al reclamo de la Conferencia Episcopal Venezolana- recibió hasta ahora una respuesta oficial doble y al menos inquietante. Maduro reiteró la acusación a la oposición sobre un supuesto hackeo del proceso de recuento electoral -también, sin precisión alguna- y teatralizó una presentación al Tribunal Superior de Justicia -convertido en otra pieza del poder- para que se pronuncie sobre el tema y requiera si hace falta los comprobantes de la votación.
Sobre ese contexto operan las presiones internacionales. En el caso de Milei, por apuro o cierta impericia de su círculo, se anotaron algunos movimientos calificados como errores. El último y más notorio fue avanzar con un reconocimiento de González Urrutia como presidente electo, por medio de un tuit de Diana Mondino -y replicado por Milei-, que luego fue relativizado por la propia Cancillería. Quedaron expuestos en un paño sensible los desencuentros internos entre el círculo presidencial y la funcionaria.
El otro punto fue el manejo en la reciente reunión extraordinaria de la OEA. Allí, fracasó el texto de condena dura sobre la situación de Venezuela, en buena medida por reflejo de la estrategia de Brasil y el papel de México. Una interpretación posible es que hubiera sido preferible negociar antes y mejor una postura más “prudente” y lograr la aprobación del pronunciamiento.
En cualquier caso, no es un debate sobre la actitud del Gobierno lo que expresa la política local. Por el contrario, se trata de declaraciones más o menos alineadas con las dos posiciones que a grandes trazos se expresan en la región. En el caso del kirchnerismo, se aguarda la presentación de Cristina Fernández de Kirchner, este sábado, en México.
Es posible que esté en línea con el planteo global sobre la difusión de las actas electorales. El punto es cuál sería el acento. Esa demanda puede ser el reclamo real de un recuento verificable de los votos o el cortinado para dilatar el proceso y avalar que, finalmente, la presentación de Maduro ante el tribunal de justicia de Venezuela sea el ensayo para cerrar este capítulo, junto a la escalada represiva para frenar las protestas. Esto último, que podría agravarse hoy mismo, es un tema crucial que espera respuesta.