El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió de manera breve a la situación política y social en Venezuela tras los comicios del pasado domingo y evitó condenar el fraude perpetrado por el dictador Nicolás Maduro. “Esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano, en paz, dentro de la democracia”, planteó en conferencia de prensa.
El mandatario provincial es uno de los pocos dirigentes peronistas que se pronunció sobre los comicios en Venezuela, y hay expectativa sobre una declaración de la ex presidenta Cristina Kirchner, que llegaría el próximo sábado, cuando hable en el cierre de un evento sobre la realidad política y electoral de América Latina, que se realizará en la Ciudad de México.
Luego del proceso electoral del domingo, continúa la tensión en las calles del país caribeño. Fuerzas policiales del régimen chavista rodean la embajada argentina en Caracas, donde se encuentran seis opositores que pidieron asilo político y el personal diplomático argentino, que fue conminado por el gobierno de Nicolás Maduro para que abandone Venezuela antes de este jueves.
En tanto, el Centro Carter ha emitido un comunicado detallando las numerosas infracciones y deficiencias observadas durante las elecciones, subrayando que “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. Además, enfatizó que no pudo verificar o corroborar la autenticidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el comunicado, la autoridad electoral no proporcionó resultados desglosados por mesa electoral, lo cual constituye una “grave violación de los principios electorales”. El proceso se desarrolló en un “ambiente de libertades restringidas” afectando negativamente a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. De acuerdo a estos observadores, las autoridades del CNE mostraron una “parcialidad a favor del oficialismo” y en detrimento de las candidaturas opositoras.
Entre los problemas específicos enumerados por el Centro Carter, se destaca la actualización del registro de electores que se realizó con “numerosos inconvenientes” tales como plazos muy cortos y una escasa información pública. Además, la situación se agravó para los ciudadanos en el exterior, quienes enfrentaron “barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias” para inscribirse en el padrón electoral.
En cuanto a la campaña electoral, el desequilibrio a favor del gobierno fue notable. La candidatura oficialista disponía de recursos “muy amplios”, resultando en una gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos y la movilización de funcionarios para la campaña. Aparte, hubo un predominio de la candidatura gubernamental en medios de comunicación, tanto en publicidad como en la cobertura noticiosa.
Pese al contexto restrictivo, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para votar. En relación con esto, el Centro Carter observó que, aunque la jornada de votación fue cívica, existieron “restricciones en el acceso a recintos” para observadores y testigos de partidos, así como mecanismos de presión sobre el electorado e “incidentes de tensión o violencia” reportados en algunas localidades.
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