Una comunidad mapuche busca una mesa de diálogo con el gobierno de Río Negro para evitar un juicio de desalojo

Con la notificación del reinicio del proceso judicial en mano, previsto para el 15 de agosto, integrantes de una agrupación mapuche apelaron al gobierno rionegrino para intentar acordar una solución alternativa al conflicto que surgió desde que usurparon un predio forestal, en el marco de una supuesta reivindicación territorial ancestral.

La lof Quemquemtreu sabe que, en caso de dirimirse en la Justicia, el litigio podría definirse con un pedido de desalojo del predio, teniendo en cuenta que ya hubo una orden similar que se disipó a partir de una tregua que los mapuches pactaron con el adjudicatario fiscal de las tierras.

El conflicto comenzó el 18 de septiembre de 2021 cuando un grupo de unas 50 personas irrumpió en el campo y se instaló como acción de una reivindicación territorial. El predio está situado en la ruta provincial 6, entre las localidades de Bariloche y El Bolsón.

El 24 de septiembre, seis días después de la usurpación, la Justicia provincial ordenó la restitución del lugar al damnificado y procesó a cuatro hombres y dos mujeres, todos integrantes de la comunidad por el delito de usurpación.

El denunciante es Rolando Rocco, quien en 1981 obtuvo un permiso para la explotación forestal de las tierras. Días más tarde de la usurpación, la Justicia de la provincia de Río Negro ordenó el desalojo del lugar y lo ejecutó aunque pocos días después los integrantes de la comunidad retornaron al campo y volvieron a ocuparlo.

Hubo numerosas situaciones de conflicto en torno a la presencia de los mapuches e incluso otras comunidades dañaron patrulleros y provocaron destrozos en oficinas públicas de El Bolsón, para rechazar la expulsión del grupo.

En ese mismo campo, en nombre de 2021 – cuando la ocupación ilegal llevaba 2 meses – fue asesinado un integrante de la comunidad, Elías Garay, quien fue baleado por dos socios comerciales de Rocco. Los autores permanecen detenidos.

A principios de 2022, el empresario forestal y los mapuches –con la intervención de la Justicia mediante- pactaron una tregua y ambos convivieron en el mismo campo. Rocco siguió explotando el campo y los mapuches construyeron allí precarias viviendas y se instalaron en un predio de 10 hectáreas.

Sin embargo la tranquilidad en esa disputa latente llegó a su fin en abril de este año, cuando el querellante decidió poner fin al diálogo y solicitó, a través de sus abogados defensores, darle continuidad al proceso judicial para recuperar la posesión de todas las tierras.

Voceros de la comunidad Quemquemtreu solicitaron entonces una mesa de diálogo para intentar dirimir el caso de manera extrajudicial. Plantearon al gobierno de Río Negro, propietario del predio, retomar la instancia de diálogo e intentar arribar a un nuevo acuerdo similar al anterior, que les garantice la permanencia en el sitio.

Los mapuches, además, reafirmaron su intención de seguir adelante con la “recuperación ancestral”. “Apelamos a que el gobierno interceda para generar una solución del conflicto que sea pacífica y política, no represiva” dijeron desde la comunidad.

La lof Quemquemtreu obtuvo, a poco de iniciado el conflicto, el acompañamiento de distintas agrupaciones y comunidades mapuches del sur argentino. Una de las que se expresó en ese sentido fue la extinta Lafken Winkul Mapu, responsable de las usurpaciones en Villa Mascardi, que respondió con cortes de ruta y actos vandálicos ante los intentos de desalojo.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, también expresó – desde la cárcel – su acompañamiento a los integrantes de la agrupación. Se cree que el convicto utilizó ese asentamiento para ocultarse, mientras permanecía prófugo de la Justicia, tras escapar de Chile.