Las sospechas arrancaron en marzo, durante un allanamiento a la empresa San Ignacio, una de las dos intermediarias puestas a dedo en la póliza millonaria de la ANSES. En medio de ese operativo, aparecieron dos cajas con documentación. La Policía siguió el recorrido de un auto y llegó hasta la casa de un empresario. El contenido de los teléfonos terminó comprobando que había sido una maniobra, armada entre varias personas, para desviar la investigación. Por ese motivo, el juez Julián Ercolini mandó a peritar los libros societarios de esa firma. El resultado acaba de sumarse al expediente: los expertos de la PFA detectaron que se modificaron los nombres de los accionistas, entre otras irregularidades.
San Ignacio está entre los cinco brokers que cobraron más comisiones durante la presidencia de Alberto Fernández. Fueron $231.918.674, solo por el contrato con ANSES. La misma cifra se quedó TG Broker, de Pablo Torres García, un empresario que tiene vínculos en el PRO.
Esas dos empresas fueron asignadas por Federico D’Angelo Campos, un ex director del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), empleado de carrera de ANSES y que también es concejal en Quilmes.
En mayo de 2022, D’Angelo Campos mandó una carta, firmada de puño y letra, a Nación Seguros para “designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de Productor Asesor de Seguros”. La nota fue enviada por fuera del sistema oficial de comunicación (GDE), lo que llamó la atención de los investigadores. Apenas estalló el escándalo, el Gobierno denunció a D’Angelo Campos y lo terminó echando hace un mes.
La empresa San Ignacio también estuvo en el radar de la Justicia desde el comienzo. Ercolini allanó las oficinas de esa firma el 8 de marzo. En ese lugar, la Policía tomó contacto con Brian Kelly y Hernán Bressi, presidente y director suplente de la firma. Y un abogado cercano a Kelly entregó dos cajas con documentación. La Policía sospechó de la maniobra y pidió las cámaras del estacionamiento. De esa manera, se comprobó que las cajas habían llegado en otro vehículo. Con la patente de ese auto, los investigadores terminaron en la casa de Alfredo Del Corro, un personaje clave en toda la trama.
La Policía hizo tareas de inteligencia en ese domicilio y fotografió dos camionetas Jeep Commander. Cuando analizaron la documentación se dieron cuenta que una de ellas, patente AG351AO, tenía una cédula azul a favor de Mauro Tanos, promovido a gerente general de Nación Seguros durante este gobierno y también echado por el escándalo.
El nombre de Bressi volvió a aparecer en abril, cuando Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de más de treinta personas y empresas, una medida que fue revocada por la Cámara Federal. En ese listado también estaban Diego y Lucas Rosendi, vinculados a San Ignacio. “Confirmando la vinculación entre todos ellos, se detectó la existencia de una firma, “ALPES REASEGUROS S.A.”, en la que confluyen como accionistas Diego Nicolás Rosendi, Lucas Pablo Rosendi y Hernán Marcos Bressi”, destacó el juez en ese entonces.
Ercolini también allanó los domicilios de esas tres personas y varias oficinas.
La investigación siguió avanzando sobre esa pista y se llegó a los libros societarios de San Ignacio. En junio, Ercolini ordenó analizar el libro de Actas de Directorio, el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, y el libro de Registro de Acciones. Concretamente, pidió establecer “si los mismos presentan maniobras de adulteración o enmendado” y “si las enmiendas en cuestión son recientes o de antigua data”.
El resultado de la pericia, a cargo de la División Scopometría de la PFA, aterrizó en el expediente apenas unas horas antes de comenzar la feria judicial. Con técnicas especiales, los expertos detectaron que se había reemplazado el nombre de Lucas Rosendi por el de Bressi. “Al centrar los análisis sobre el desarrollo manuscrito e impreso emplazado en las hojas cuestionadas, fue posible identificar acciones de enmascaramiento y agregado. Lo expuesto se fundamenta al corroborar el uso de material blanquecino (de características similares al corrector) para cubrir secciones del contenido impreso y agregado posterior de las ejecuciones manuscritas “HERNAN BRESSI”, modificando así el tenor inicial del documento”, dice ese informe al que tuvo acceso Infobae.
Algo similar detectaron en el Registros de Asistencia Asambleas Generales. “El dedicado análisis sobre el llenado manuscrito que obra en la foja del libro, arrojó que determinadas zonas del reverso de la foja n° 5 presentan acciones de enmascaramiento y agregado; al advertir material blanquecino (de características similares al corrector) cubriendo secciones manuscritas y el agregado posterior de los grafismos “HERNAN BRESSI” y “3 175 753″, modificando así el tenor inicial del documento”, describieron los expertos. Sin embargo, aclararon que no era posible establecer si esas acciones eran recientes o de larga data.
El mismo día que recibió la pericia, Ercolini ordenó otro operativo en las oficinas de Nación Seguros para pedir un detalle de las comisiones que recibieron los principales brokers. Pero también el juez reclamó “todas las constancias que obren en ‘Nación Seguros’ con relación a la contratación de coaseguradores durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023″.
El coaseguro es un mecanismo usado por las empresas aseguradoras locales para distribuir la responsabilidad de una cobertura de riesgo amplio. Los expertos aseguran que esa línea de investigación, cuando se profundice, aportará nuevos nombres y muchas sorpresas.
La resolución habla de coaseguradoras vinculadas a 31 organismos públicos. Solo en el caso de la póliza de ANSES había cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, Life Orígenes y San Germano. Esta última empresa tiene vínculos estrechos con San Ignacio. Ercolini ya había dicho que la aparición de San Ignacio multiplicó las ganancias de San German. “El porcentaje de participación de ‘San German Seguros SA.’ como coasegurador de las mismas presentan un notable incremento, triplicándose del 5 al 15% en las ya existentes (pólizas n° 9081 y 9142) y llegando al 25% en nuevas (póliza n° 9154)”, detalló en ese momento el juez.
Con el final de la feria judicial, la causa de los seguros podría reactivarse con medidas ruidosas. El juez Ercolini, entre otras definiciones, deberá decidir si llama a indagatoria a Alberto Fernández, a su ex secretaria María Cantero, y al empresario Héctor Martínez Sosa, entre otros imputados.