El juego de presiones, intrigas y peleas que marca un tiempo adverso para el reinado del Sindicato de Camioneros

¿Debilidad o fortaleza? El Sindicato de Camioneros pasó otro test en el que se midió su poder de presión con el conflicto por el acarreo en CABA, pero confirmó que ya no es el de antes. Para llegar a una tregua con Jorge Macri necesitó pedir especialmente que negociara una interlocutora confiable como la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, e incluso tuvo que intervenir un mediador de la CGT como Gerardo Martínez para acercar a las partes y evitar que la disputa siguiera escalando.

Son señales del desgaste de un gremio poderoso, al que ya no le rinde los mismos frutos la estrategia de poner a Pablo Moyano para ir a la pelea y reservar a Hugo Moyano para negociar una salida. Aunque finalmente Jorge Macri aceptó darle garantías a Camioneros de que los 310 trabajadores de las grúas no serán empleados municipales y, sobre todo, que el servicio de acarreo será licitado nuevamente en 2025, la sensación que sobrevuela es que el moyanismo se está quedando con menos herramientas en su kit sindical y menos capacidad de coerción para lograr lo que quiere.

No por nada Pablo mantiene su perfil público belicoso contra el gobierno de Javier Milei mientras su papá negocia en persona o a través de otro de sus hijos, Hugo Antonio, el abogado, con Guillermo Francos o Julio Cordero para obtener lo que quiere en materia salarial y laboral, como quedó demostrado en la traumática paritaria de abril pasado, en la que el jefe de Camioneros accedió a reformular el acuerdo salarial, salteándose un mes de recomposición, para que los libertarios homologaran el convenio que estaba trabado porque superó la pauta del ministro Luis Caputo.

Si Moyano logró construir su imperio sindical fue por méritos propios y por una pequeña ayudita de amigos como Néstor Kirchner, que durante su gobierno le cedió privilegios económicos y el encuadramiento de miles de afiliados que pertenecían a otros gremios, y también de aliados circunstanciales como Mauricio Macri, quien, ya decidido a su proyecto presidencial, cuando fue jefe de Gobierno llegó a acuerdos sobre la recolección de residuos que beneficiaron a Camioneros. De por sí, desde el macrismo prohijaron la “Ley Moyano”, esa norma no escrita del manual de extorsiones que implica, como sucedió en CABA desde 2012, que cuando una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, se despida al personal, se lo indemnice y se lo vuelva a contratar.

La aplicación de esa “ley” fue el eje de la presión de los Moyano cuando Horacio Rodríguez Larreta estatizó el sistema de acarreo en la ciudad de Buenos Aires, en septiembre de 2022, y aceptó que los 310 trabajadores de las grúas pasaran a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño, con el mismo convenio laboral de Camioneros e indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos.

El domingo pasado, Camioneros tomó de rehenes a los porteños dejándoles una ciudad llena de basura en señal de protesta porque Jorge Macri había anunciado dos días antes la anulación de la preadjudicación del sistema de acarreo en CABA, una operación sospechada que arrancó en la gestión larretista y en la que estaban en juego unos 360 millones de dólares que iban a otorgarse a 3 empresas por cumplir el servicio de grúas en la ciudad durante 10 años.

Dos de esas empresas, deslizan en el macrismo, tienen lazos con Camioneros. Así se explicaría la virulenta reacción por el contrato anulado ya que los 310 trabajadores están a salvo: mantienen su relación de dependencia y sus mismas condiciones de trabajo, sin riesgo de pasar a ser municipales.

“Camioneros aprieta donde cree que duele -afirmó Jorge Macri el lunes por la mañana-. Les dijimos que garantizábamos el trabajo a los 350 camioneros: entonces no se entiende si defienden a las empresas porque dimos garantía de estabilidad a los trabajadores”. El gobierno porteño dio muestras de dureza: una señal de que no negociaría bajo presión fue que el secretario de Trabajo de la ciudad, Ezequiel Jarvis, no declaró la conciliación obligatoria en el conflicto por la recolección de residuos (sí en el que paralizó el servicio de grúas), algo que hubiera obligado a las partes a sentarse a conversar.

Igual, todos cedieron un poco: la administración macrista aceptó cambiar en la negociación final al jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, a cargo de las tratativas por la licitación del acarreo, por alguien de confianza pedido especialmente por el sindicato: Clara Muzzio, quien construyó una buena relación con los Moyano luego de que fue introducida al mundo camionero por Diego Santilli. En el último tramo de las discusiones también intervino como mediador, por pedido del líder de Camioneros, un dirigente de buenas relaciones con todos como Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA.

Así se llegó a una tregua, pactada entre Hugo Moyano y Muzzio, sin intervención de Pablo ni del secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, el negociador hasta ese momento por el gremio. La paz provisional se alcanzó tras el compromiso de la no municipalización de los trabajadores y un punto clave: en 6 meses se llamará nuevamente a licitación para adjudicar el sistema de acarreo porteño, donde todos descuentan que volverán a participar las empresas “amigas” del sindicato.

Aun así, Pablo Moyano siguió presionando a Jorge Macri: luego del acuerdo alcanzado, insistió en su amenaza de que Camioneros reclamará en octubre una indemnización para el personal de recolección de residuos porque vencen los contratos con la empresa. Sin embargo, esos contratos fueron prorrogados hasta 2028, explicaron en el gobierno porteño. ¿Qué hay detrás de la postura del polémico hijo mayor de Hugo Moyano? Lo advirtió el diputado porteño Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, que presentó una denuncia judicial por extorsión contra el sindicalista: “Ahora va a querer que CABA indemnice en octubre a 10.000 recolectores que tienen contrato prolongado hasta 2028. Son 250 mil millones de pesos”, publicó en X el legislador alineado con Elisa Carrió.

Pero esta vez, juran en el gobierno porteño, no cederán. “Dado que los contratos fueron prorrogados, el reclamo no tiene fundamento puesto que la relación laboral de los trabajadores con las empresas se da en el marco de la misma vinculación contractual”, dijeron en la gestión macrista a Infobae en junio, cuando Pablo Moyano hizo su primera amenaza sobre el tema. Si Jorge Macri deroga de hecho la “Ley Moyano”, será otra confirmación del lento declive de la “patria camionera”.

Hay otros indicios de tiempos hostiles para Moyano: la Secretaría de Trabajo acaba de darle la personería al Sindicato de Camioneros de Jujuy, encabezado por Daniel Urrutia, un rival del líder nacional del sindicato que ahora le disputará el poder en la provincia, así como sucedió en Santa Fe con la oficialización del gremio que dirige Sergio Aladio, el primer opositor interno.

En las próximas horas, de todas formas, el clan Moyano volvió a crujir por una interna familiar más complicada que ninguna en la política y el sindicalismo: Facundo Moyano aludió nuevamente en términos críticos a su hermano Pablo cuando le preguntaron por el conflicto que llenó de basura a la ciudad de Buenos Aires. No lo nombró, pero el dirigente de los peajes dejó en claro una vez más que no comparte los métodos de su hermano mayor: “Si tenemos un conflicto que afecta a determinada cantidad de ciudadanos hay que repensar las formas de reclamo, por más que el reclamo sea totalmente legítimo”, señaló este miércoles en el programa “Poco correctos”, de Canal 13.

Hubo otras frases sugestivas de Facundo Moyano para diferenciarse de su hermano: “Si nosotros como dirigentes políticos no tenemos la responsabilidad de plantear los reclamos de una manera racional dentro de la ley y de la Constitución y que no perjudique a otros trabajadores, me parece que estamos fuera de una discusión de la realidad”, dijo. Y también: “La Constitución Nacional es clara, habla en el artículo 14 bis del derecho de huelga, que es abstenerse de trabajar. Todo lo que vaya por fuera de eso es discutible y en algunos casos directamente no es legal o no es constitucional. Hay que respetar la Constitución. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

“Ser oposición no quiere decir obstaculizar ni extorsionar ni nada por el estilo”, enfatizó el ex diputado, en otra definición que se convirtió en un misil contra su pariente. Incluso Facundo está pidiendo debatir una iniciativa que también lo enfrentará con su hermano Pablo: su proyecto de democratización sindical, que ya impulsó infructuosamente desde su banca legislativa, con el objetivo de transparentar las elecciones en los gremios y limitar los mandatos de sus dirigentes.

Esa propuesta, que se suma a la que viene haciendo de discutir la “adecuación” de la legislación laboral, y a la que fue sumando a gobernadores e intendentes, sintoniza desde el peronismo con los proyectos de Javier Milei y agranda la grieta con Pablo, un feroz crítico de toda reforma laboral.

¿Qué dirá el papá de ambos en este cortocircuito político-familiar? Sin la fuerza ni la influencia de antes, el líder de Camioneros deja hacer su juego a cada uno de sus hijos y quizá sueñe con el regreso de esas épocas de esplendor de “Moyanolandia”. Ese término lo acuñó Graciela Ocaña cuando renunció a su cargo de ministra de Salud porque el kirchnerismo le quitó el apoyo en su pelea contra Hugo Moyano y se quejó de “una tierra donde vale el ‘no te hago un paro si me das tal cosa’ o el ‘me garantizás tal negocio a cambio de paz social’”. Eso lo dijo en 2009. No perdió nada de vigencia.