El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, marcó un nuevo rumbo de acción en la disputa por la ubicación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que YPF proyecta realizar junto a la petrolera malaya Petronas. La definición de dónde se hará el proyecto tiene una condición sine qua non: que el lugar elegido -Bahía Blanca en Buenos Aires o Punta Colorada en Río Negro- cuente con las condiciones necesarias que establece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se aprobó en la Ley Bases. Esa posición, pese a las alternativas que se barajan, sigue siendo excluyente para YPF, según pudo saber este medio.
La alternativa que trabajan en La Plata es, en principio, ir a la Legislatura con un proyecto propio de fomento a las inversiones; un RIGI bonaerense. Pero en la requisitoria que la petrolera argentina hizo tanto para Buenos Aires como para Río Negro establece en su primer punto que tiene que haber “una adhesión incondicional” al régimen nacional. En el Gobierno bonaerense plantean que un “RIGI Bonaerense” complementará de las condiciones necesarias que pide YPF.
Con esa línea fue que el gobernador se reunió este jueves con dos referentes de peso del kirchnerismo bonaerense. La presidenta del bloque de senadores bonaerense de Unión por la Patria, Teresa García y el titular de la bancada peronista en la Cámara de Diputados provincial, Facundo Tignanelli. Ambos reportan a Cristina Kirchner. Como dio cuenta este medio, Kicillof viene hablando del tema con la ex presidenta para amalgamar posiciones internas.
“Lo que nos planteó el gobernador claramente es que está toda la voluntad y todo el compromiso de la Provincia para que la inversión se realice acá. Nosotros ahora tenemos que estudiar todo lo que tiene que ver con la materia legislativa, para ver cuál es el mecanismo que se va a ir trabajando”, detalló Tignanelli tras el encuentro en gobernación del que también participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Augusto Costa y la Secretaria General, Agustina Vila.
Las autoridades de los bloques peronistas en la Legislatura le pedirán una audiencia al presidente de YPF, Horacio Marín y la semana que viene recorrerán el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca junto al intendente Federico Susbielles. Invitarán también a los presidentes de los demás bloques legislativos. La mayoría de la oposición provincial le exige al mandatario bonaerense la adhesión al RIGI nacional como lo hizo su par rionegrino, Alberto Weretilneck. Sobre ese escenario se pararán.
Por su parte, el jefe comunal buscará su adhesión al RIGI nacional de manera implícita a partir del envío al concejo deliberante de una ordenanza para rezonificación de terrenos y exención impositiva. Una vez aprobado, deberá pasar a la órbita provincial para su validez plena. Fuentes del gobierno bonaerense aseguraron a este medio que darán vía libre a lo que se resuelva en el ámbito legislativo bahiense.
Mientras, crecen las especulaciones de cómo será el proyecto que Kicillof vaya a mandar a la Legislatura bonaerense y, lo más consistente, si en ese texto habrá un artículo puntual que adhiera a la ley nacional. En La Plata manejan el tema con sigilo y además de esperar por la definición de YPF sobre especificaciones técnicas del proyecto, también aguardan por la reglamentación de la Ley Bases y el título referido al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). “No podemos impulsar un proyecto sin saber qué hará YPF, porque puede que enviemos un régimen que luego no sirva para el proyecto de GNL”, plantean cerca del mandatario bonaerense.
El tema ya está totalmente politizado. La oposición provincial empuja la adhesión. El senador nacional por Buenos Aires de la UCR, Maximiliano Abad, planteó en una nota de opinión en Infobae que “el problema es que a la propuesta de la provincia de Buenos Aires la perjudica el laberinto ideológico en el que se recluyó su propio gobernador. Con el anuncio de un régimen de inversiones local -que aún no ingresó a la Legislatura- y la confrontación con la Nación, Kicillof pretende esquivar responsabilidades y disimular la inoperancia de su gestión. Apuesta a la grieta y se resguarda en discursos picantes, saturados de pretextos, mientras deja pasar una chance inmejorable”. Además, el titular de la UCR provincia de Buenos Aires, plantea que “actualmente, en el pico de consumo invernal, Argentina importa aproximadamente 30 barcos de GNL (Gas Natural Licuado). Cuando la planta alcance su capacidad máxima de producción, estará en condiciones de exportar más de 460 barcos. Esto se traduce en un ingreso superior a 20.000 millones de dólares por año”, y que por eso -entre otras cuestiones- el mandatario provincial debe adherir al RIGI nacional para asegurarse la locación de la planta de GNL.
Una de las respuestas partió del ex titular de ENARSA, Agustín Gérez. El ex funcionario, hoy miembro de los equipos técnicos de la Fundación Encuentro le contestó: “¿Usted leyó la ley que aprobó? De qué USD 20.000 millones habla si la ley aprobada por usted -Ley Bases- no prevé ni la liquidación de exportaciones en territorio nacional ni la aplicación de derechos de exportación salvo por un periodo casi inexistente de tiempo en relación a la duración de los proyectos.
La palabra de Gerez se traduce como el posicionamiento del ex ministro de Economía, Sergio Massa, que trabajó junto a la entonces Secretaria de Energía, Flavia Royón, en lo que fue el proyecto de incentivo al GNL aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados, pero nunca tratado en el Senado nacional. En ese período de gobierno la Cámara alta era presidida por la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner.