“Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, lanzó ayer a la tarde el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en una entrevista con LN+. Pocas horas antes había dado de baja la preadjudicación del nuevo sistema de grúas en la Ciudad de Buenos Aires, un tema siempre espinoso. Macri habló de irregularidades y desató un conflicto político con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
En los hechos, el dictamen de preadjudicación fue subido al sistema informático de la Ciudad el 6 de diciembre, apenas un día antes de la asunción de Jorge Macri. Pero hay otro texto que menciona el lunes 11 de diciembre. “No sé si hubo una mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario, sin tener la potestad”, aseguró el jefe de Gobierno. Pasaron 24 horas y todavía nadie pudo explicar por qué hay dos fechas.
El dictamen de 14 páginas, al que tuvo acceso Infobae, lleva la firma de tres funcionarios: Francisco Merodo (asesor legal de la Secretaría de Transporte), Francisco Pérez Martínez (Subsecretario de Gestión de la Movilidad) e Ignacio Salaberri (director general de Servicios de Movilidad).
Merondo firmó el documento a las 16:43 PM. Pérez Martínez a las 16:45 y Salaberri a las 16:48. Los tres, según pudo saber Infobae, respondían a la entonces Secretaría de Transporte, Manuela López Menéndez.
Sin embargo, en el sistema informático de la Ciudad hay otro texto fechado el 11 de diciembre. “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 11/12/2023 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de”, arranca ese documento.
¿Por qué un dictamen del 6 de diciembre parece con fecha del 11? Una explicación posible apunta a un tema administrativo. “Se firma de manera digital el 6 pero ingresa por el Buenos Aires Compra (BAC) el 11 de diciembre”, dijo a este medio una fuente oficial.
En el larretismo aseguran que esa preadjudicación “fue uno de los temas que se negociaron durante los últimos seis meses de la gestión” con el equipo de Jorge Macri, que en ese momento estaba en plena campaña. “No hay nada irregular y además no hay perjuicio económico para la Ciudad con una preadjudicación”, le dijo a Infobae un ex funcionario porteño que conoce el paso a paso de ese trámite administrativo.
El acarreo siempre fue un tema conflictivo. Las empresas Dakota y BRD, tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos por día.
En 2022 se estatizó el sistema y 310 trabajadores que respondían a los Moyano cobraron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y pasaron a trabajar en la órbita de SBASE, sociedad del Estado porteño que administra los subtes, mientras la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima). “Están trabajando a reglamento hace meses y siguen cobrando sus sueldos”, se quejó uno de los empresarios involucrados en la negociación.
La licitación arrancó a mediados de 2022, pero recién en febrero del año pasado se concretó la apertura de ofertas. De las 5 oferentes iniciales, quedaron 4, y luego las 3 finalistas: Transporte 9 de Julio, Ashira-Ecoba y SAEM-Tránsito Rosario. Quedaron en el camino RINKEL TRAIL SA y PLEIN AIR PARK SA.
La nueva gestión decidió cambiar el modelo planteado por la licitación, pero las negociaciones no se terminaban de cerrar. Entre jueves y viernes hubo reuniones con emisarios de las empresas y los gremios. Horas después, el gremio de Camioneros impulsó una protesta que inundó de basura las calles de la Ciudad. Esa reacción reactivó las sospechas sobre los supuestos vínculos de los Moyano con dos de las firmas interesadas: Transporte 9 de julio y Ashira. Y le dio la “excusa” ideal al Gobierno para cerrar el capítulo de las grúas. “Si querían cambiar el modelo están en todo su derecho pero no se entiende por qué pusieron en duda todo”, se quejó un ex funcionario que tenía su despacho en el edificio de Uspallata.
La protesta de Camioneros ya tuvo consecuencias judiciales: el legislador porteño de la Coalición Cívica (CC) Facundo Del Gaiso denunció penalmente por extorsión al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano. El caso le tocó por sorteo a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. “Las calles de CABA aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”, afirmó el legislador en redes sociales.
En tanto, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo cohecho y defraudación al Estado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Esa presentación todavía no fue sorteada.
Las acusaciones de Macri activaron un sumario interno, casi una formalidad en estos casos. En la Ciudad dudan que el conflicto escale hasta la Justicia.
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