Qué hay detrás del conflicto por la basura en CABA: sospechas, presiones sindicales y un negocio de 360 millones de dólares

Los vecinos porteños están pagando con la basura en las calles un conflicto que no tiene nada que ver con la recolección de residuos: el trabajo a reglamento del Sindicato de Camioneros esconde el malestar de los Moyano por la anulación de la preadjudicación del sistema de acarreo en CABA que acaba de decidir el gobierno de Jorge Macri. Se trata de una operación sospechada que arrancó en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y en la que estaban en juego unos 360 millones de dólares que iban a otorgarse a 3 empresas por cumplir el servicio de grúas en la ciudad durante 10 años.

La baja de esa misma licitación que el jefe de Gobierno calificó de “carísima” y “escandalosa” fue la que provocó la protesta de los Moyano, aunque la situación laboral de los 310 trabajadores de las grúas no peligra: desde septiembre de 2022 pasaron a SBASE, una sociedad del Estado porteño, en relación de dependencia y el mismo convenio de Camioneros, luego de haber cobrado indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos porque antes se desempeñaban en las empresas Dakota y BRD.

“Camioneros nos reclama que adjudiquemos porque claramente hay una connivencia entre el gremio y al menos una de las empresas (que figuraban en la preadjudicación) y por eso hicieron esta protesta para presionar”, advirtió a Infobae una alta fuente del gobierno porteño.

Hasta esta medida de fuerza, en el gobierno porteño se jactaban de haber alcanzado un 90% del cumplimiento del servicio de recolección de residuos y que incluso el viernes pasado llegó al 95%, pero con el trabajo a reglamento iniciado este domingo los indicadores bajaron al 35%. Es que justamente el viernes se produjo la reunión en la que los funcionarios de la Ciudad anunciaron a las 3 empresas que fueron preadjudicadas para el acarreo y al sindicato que se anularía la licitación.

Esta mañana, con las calles porteñas llenas de basura por la protesta, Jorge Macri le dijo a radio la Red: “No tenemos ningún problema con el gremio de la recolección, con lo cual si se hace mal, culpamos a las empresas. Sí hay un tema con la licitación de grúas de acarreos. Camioneros aprieta donde cree que duele. Les dijimos que garantizábamos el trabajo a los 350 camioneros: entonces no se entiende si defienden a las empresas porque dimos garantía de estabilidad a los trabajadores”.

El dato sugestivo que expone al sindicato es que esos trabajadores ya tenían estabilidad laboral y esa condición fue asegurada en las negociaciones que hubo en las últimas semanas entre el gobierno porteño, las 3 empresas beneficiadas en la preadjudicación y los dirigentes de Camioneros.

Esas tratativas, comandadas por el jefe de Gabinete de la ciudad, Néstor Grindetti, apuntaban a “tratar de encontrar un punto de encuentro para ver si se podía bajar el precio que habían cotizado”, según una fuente oficial de la Ciudad, pero ante la negativa de las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario se decidió anular la preadjudicación y mantener las mismas condiciones de trabajo y encuadramiento sindical a los 310 trabajadores del sector de grúas.

“Al sindicato le aseguramos que los trabajadores iban a estar mejor todavía de lo que están hoy, pero no entendieron que realmente no íbamos a adjudicar y por eso presionaron el fin de semana con las protestas con la basura porque saben que eso es lo que irrita a la gente”, resaltaron en el entorno de Jorge Macri, donde advirtieron: “Si firmábamos (la preadjudicación), íbamos presos”.

El diputado porteño Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, elogió la decisión de Jorge Macri y denunció que Camioneros “dice reclamar por los puestos de trabajo, pero lo único que les importa es que no se caiga su negocio con las grúas” y agregó: “Empresas vinculadas al clan Moyano, como Ashira, levantan la basura a reglamento en CABA. Tienen miedo de que se les corte el negocio de las grúas, del que también son parte. Los puestos de trabajo no están en juego, sólo los curros”.

“No bancaremos extorsiones de delincuentes”, señaló Del Gaiso, quien anticipó a Infobae que este martes presentará una denuncia penal por extorsión contra los dirigentes de Camioneros.

Tras anunciar que se anuló la preadjudicación del contrato por el acarreo, el gobierno porteño busca abrir una negociación con el sindicato en la que se ofrecerá que los 310 trabajadores de las grúas sigan en SBASE o pasen a la órbita municipal, pero siempre con el convenio de Camioneros.

De todas formas, el sindicato pidió especialmente que en las negociaciones participe la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, de buena relación con los Moyano desde que trataba con la dirigencia gremial cuando fue ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de CABA en la gestión larretista. Hasta ahora, las conversaciones fueron entre Grindetti y el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, y se caracterizaron por haber sido muy ásperas. No es menor el hecho de que el jefe de Gabinete porteño preside el Club Independiente y firmó en marzo de 2023 una denuncia penal contra Hugo Moyano por irregularidades detectadas en la gestión del sindicalista al frente de la institución.

En la administración macrista apuntan a crear una unidad operativa en la ciudad que dependa de la Dirección de Tránsito para organizar el sistema de acarreo, con 10 grúas nuevas que se incorporarán al servicio. “Nos tomaremos con tranquilidad este semestre para analizar qué hacemos”, deslizaron en el gobierno de CABA, donde resaltaron que no está descartada la posibilidad de llamar a una nueva licitación, pero “en condiciones totalmente distintas, con un contrato más corto y menos oneroso”.

En el macrismo confirman sus sospechas de vinculaciones entre Camioneros y dos de las empresas que fueron preadjudicadas para el servicio de acarreo: por un lado, UTE Ashira-Ecoba, “sobre todo a través de la compañía Martin y Martin”, resaltaron, y, por otro, Transporte 9 de Julio. En la tercera empresa, UTE SAEM-Tránsito Rosario, tendría influencia el empresario Horacio Miró, cercano al peronismo cordobés y que en la década del 80 fue interventor de la obra social de la UOM por su amistad con el líder sindical Lorenzo Miguel, aunque hace años que está retirado.

Además de esas sospechas, hay otras que se acumulan en los despachos del gobierno porteño y que involucran a sus antecesores: aseguran que la polémica preadjudicación fue otorgada el 7 de diciembre pasado, es decir, a un día de que asumió Jorge Macri. “Se adjudicó en forma muy extraña en los últimos días de la gestión de Horacio (Rodríguez Larreta) y se cargó en el sistema un día después que asumimos nosotros. Igual, la preadjudicación no es vinculante. Como estaba, era muy gravosa para la ciudad y ese servicio lo podemos prestar casi por la mitad de precio”.