Cómo es la multimillonaria “caja paralela” sin control que paga la mayoría de los sueldos del Ministerio de Justicia

Más de la mitad de los empleados del Ministerio de Justicia y organismos bajo su órbita están contratados por una entidad privada, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cooperador que es el proveedor oficial de los insumos de los registros automotores y recauda por cada compra o transferencia de un auto nuevo o usado. ACARA nuclea a los concesionarios oficiales de vehículos nacionales e importados y posee el monopolio de la venta de documentos y formularios para el patentamiento de vehículos. Este “servicio” le asegura una recaudación millonaria que, en 2023, ascendió a $29.000 millones, y en abril de este año fue de $8.200 millones.

En la práctica, por dos leyes de los 80′s, le provee al Ministerio de Justicia una suerte de “caja paralela” para contratar personal, pagar “incentivos” a sus empleados, y afrontar gastos de distinto tipo. Con una salvedad: esos fondos no están sujetos a control de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ni de la Auditoría General de la Nación (AGN) y permiten un uso discrecional de los mismos. ¿Por qué? Porque esos recursos que maneja ACARA y le transfiere al Ministerio de Justicia, están fuera del Presupuesto nacional. Es un sistema que el ministro Mariano Cúneo Libarona prometió erradicar, pero a más de siete meses de asumido, todavía sigue vigente.

Esta operatoria no es nueva. ACARA actúa como ente cooperador del Ministerio de Justicia desde la sanción de las leyes 23.283 y 23.412 en el gobierno de Raúl Alfonsín, que habilitó celebrar convenios con entidades públicas o privadas para cooperación técnica y financiera.

Hoy suman 2.843 los empleados de la cartera de Justicia que cobran por ACARA, una cifra que supera a los 1.986 que integran la planta permanente y transitoria del Ministerio y de otros organismos bajo su órbita, como la Oficina Anticorrupción (OA), el INADI, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro.

Si bien esos casi 3.000 contratados por ACARA cumplen funciones en el Ministerio, no integran su planta bajo el régimen del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), ya que es el Ente Cooperador ACARA el que paga sus sueldos con lo que recauda de los trámites de compra-venta de autos, tras quedarse con una comisión del 4 por ciento.

El sistema es un enjambre jurídico que nadie, hasta ahora, pudo desmontar. Lo intentó el ex ministro Germán Garavano en la gestión de Cambiemos, sin que pudiera concretarlo. Tiene varias aristas: la fuente de recaudación que no sale del Estado; el volumen de personal contratado que debería ser absorbido por la Administración Pública Nacional si se desmontara el convenio con ACARA; los “incentivos” que cobran un número de empleados que, de eliminarse, verían reducido su sueldo; y las protestas gremiales ante el posible despido de personal y el reclamo de que se igualen las condiciones de contratación laboral de todos los que prestan servicio en una misma área. “Hay derechos que respetar para que no salga el tiro por la culata y terminemos con juicios millonarios en contra”, se sinceró una fuente del Ministerio.

La cifra de contratados por ACARA se redujo un 8% desde diciembre pasado. Al finalizar la gestión de Alberto Fernández, los contratados por ACARA en el Ministerio eran 3.080. En tanto, Mauricio Macri había dejado la Casa Rosada con 3.500 contratados bajo esta modalidad. Un ex funcionario de Cambiemos le aseguró a Infobae que durante la gestión que terminó en diciembre de 2019, “lograron bajar las contrataciones de ACARA casi la mitad”.

De esos 2.843 contratados por ACARA en las dependencia del Ministerio a cargo de Cúneo Libarona, 1.415 se desempeñan en la Secretaría de Justicia, 443 en la de Derechos Humanos, y 362 en la Subsecretaría de Gestión Administrativa. Otros 75 trabajan en organismos descentralizados; 63 en la Unidad Ministro y Gabinete de Asesores; y 485 fueron transferidos recientemente a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, a la Agencia Nacional de Materiales Controlados y al Programa Nacional de Protección a testigos e Imputados, que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bajo la órbita actualmente de jefatura de Gabinete.

Parte de la recaudación de ACARA conforma una “caja” con la que se pagan “incentivos” que, en la práctica, son sobresueldos que cobran empleados de planta del Ministerio. El monto de estos incentivos puede ser equivalente a un segundo sueldo. Son otorgados muchas veces discrecionalmente y están destinados a aumentar las remuneraciones de empleados que ya cobran un salario del Estado.

Estos sobresueldos quedaron habilitados por los artículo 4° y 5° de la Ley 23.283 que establecieron la posibilidad de que las prestaciones a recibir por el Estado de los entes cooperadores consistieran en el otorgamiento de incentivos a los agentes permanentes “a través de estímulos pecuniarios o becas, para la asistencia a cursos, congresos o jornadas científicas, mediante los cuales se propenda a su capacitación o perfeccionamiento”, siendo el Ministerio el que define los montos y los beneficiarios.

Según la respuesta del Ministerio de Justicia al pedido de Acceso a la Información presentado por Infobae, actualmente hay 68 empleados de planta del Ministerio que cobran “incentivos” pagados por ACARA, por un monto global que, en junio, ascendió a la suma de casi $57 millones.

Desde esa cartera informaron que los incentivos pueden percibirse hasta el rango de director nacional o equivalente, y que “ninguna autoridad superior ni del gabinete de este Ministerio percibe incentivos por ACARA ni por ningún otro Ente Cooperador. En concurrencia con ello, tampoco lo hace ningún secretario, ni subsecretario”.

La cantidad de empleados que cobraban “incentivos” por ACARA se redujo desde diciembre a ahora. Ese mes del 2023 fueron 113 los empleados del Ministerio de Justicia que embolsaron un plus salarial que, en conjunto, ascendió a casi $72 millones.

El mes en que se pagó la mayor cantidad de “sobresueldos” fue diciembre de 2022, bajo la gestión del entonces ministro kirchnerista Martín Soria, cuando lo cobraron 1.316 agentes, por un monto total de $203 millones de ese momento.

Como estos incentivos no se computan para el descuento de Ganancias, ni los aportes previsionales o la obra social, generan situaciones de inequidad respecto de otros empleados encuadrados en el sistema nacional de empleo público del Ministerio, que cumplen las mismas funciones y sí sufren descuentos por el total de su sueldo. Esta situación generó reclamos de los gremios estatales UPCN y ATE.

En 1994, tras un reclamo de la entonces DGI, la Procuración del Tesoro de la Nación dictaminó en favor de que los incentivos no sean remunerativos. Argumentó que se trataba de una “decisión discrecional de la autoridad” que los asigna a sus destinatario, y que no se trataba de “un estímulo de carácter general o permanente.”

Desde la Coalición Cívica (CC), la diputada Victoria Borrego presentó un proyecto de ley este año para eliminar el régimen de incentivos que perciben los empleados del Ministerio de Justicia. “La asignación de incentivos al personal dependiente del Ministerio de Justicia se ha vuelto una práctica habitual, que no genera ahorro alguno para el Estado Nacional - ya que el Estado abona la totalidad del salario que corresponde según su categoría- y coloca al personal de ese Ministerio en una absoluta desigualdad en relación a empleados públicos de otros ministerios, permitiéndole cobrar una suma adicional denominada “incentivo” únicamente por brindar sus servicios en esa cartera”.

El foco del proyecto de Borrego está puesto en la eliminación del pago de esos “sobresueldos”, no de los contratos de empleados por ACARA. “Hay mucho personal del Ministerio que cobra por esa vía y no pueden prescindir de todos ellos de golpe tampoco. Lo que planteamos es que si se sacan los incentivos, necesariamente, debería bajar el costo de todos los trámites para registrar un auto. Y después, se puede avanzar a un sistema que sea digital″.

ACARA no es el único ente cooperador. Además existen otros como el de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), y el Ente Tripartito conformado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el CPACF y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

En respuesta a una solicitud de Acceso a la Información presentada por Borrego, el Ministerio informó que suman más de 1.500 los agentes de esa cartera perciben dichos incentivos de los distintos entes cooperadores.

En abril pasado, ACARA recaudó $8.200 millones, según surge de la respuesta a un pedido de Acceso a la información realizado por Infobae, con ese mes como el último informado. De ese monto, el 31% ($2.500 millones) fue destinado al pago de sueldos de esos 2.843 empleados que trabajan bajo la órbita del Ministerio.

Otro 52% ($4.200 millones) de lo recaudado por ACARA en abril se destinó a distintos gastos del Ministerio de Justicia, tales como la compra o locación de inmuebles, locación de obras y servicios, contratación de seguros, gastos de publicidad, movilidad o viáticos, entre otros. Por su parte, la entidad se quedó con unos $330 millones por sus servicios ese mes.

En el 2023, la recaudación de ACARA fue de $29.000 millones bruta, de los cuales el 96% fue enviado a la cartera de Justicia - $25.800 millones - y el 4% - $1.015 millones- fue embolsado por ACARA como comisión.

De los fondos girados a ese Ministerio el año pasado, $14.000 - el 48% - estuvieron destinados al pago de sueldos de contratados que cumplen funciones en esa cartera, y $9.700 millones - el 33% - a “otros gastos”, según la respuesta brindada en el pedido de Acceso a la Información Pública.

En otro pedido presentado por la Coalición Cívica, la cartera de Justicia informó que el monto embolsado por el Ente entre diciembre de 2021 y febrero de 2023 superó los $14.778 millones.

Los fondos que maneja ACARA se encuentran fuera del ámbito de control que establece la Ley 24.156 de Administración Financiera. En el proyecto de la CC, se propone la incorporación de los fondos de los entes cooperadores al Presupuesto. Esto implica que pasen a quedar sujetos al control de la SIGEN y AGN.

“Hoy por hoy, dichos fondos no son auditados por la SIGEN ni la AGN si no que tiene un sistema propio de control, del Ministerio. El objetivo es que dichos fondos queden sometidos al control interno y externo al igual que toda la Administración Pública y que los Convenios se encuentren publicados en forma permanente. Por eso el proyecto establece la obligación de transparencia activa, ya que actualmente no están publicados”, señaló la diputada Borrego a Infobae.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander