Una empresa está paralizada por “sabotajes y bloqueos” de un sindicato y pone en riesgo la supervivencia de un pueblo en Entre Ríos

El pueblo del sur entrerriano tiene 6.500 habitantes. Un centenar trabaja en forma directa en Fademi, una pyme familiar que fabrica baterías para el mercado interno. La planta está paralizada hace 15 días por una protesta sindical. Larroque teme el cierre definitivo, lo que dejaría a la ciudad sin su principal fuente de ingresos.

Quien tiene en jaque a la comunidad es la delegación Zárate – Campana del sindicato del personal Químico y Petroquímico. La entidad gremial comenzó una escalada de protestas en mayo. Ese mes venció el acuerdo paritario firmado en abril del año anterior.

Según relató a Infobae el abogado y apoderado de Fademi, Emiliano Gietz, ese entendimiento había permitido entre abril ‘23 y abril ‘24 una mejora salarial del 400%, más de cien puntos por encima de la inflación acumulada (290%). El haber inicial neto del sector, agregó, está en $ 1,5 millones. Y el sueldo promedio mensual de bolsillo que paga la empresa entrerriana es de $2 millones sumando las dos quincenas.

En mayo, Gietz viajó a Zárate para reunirse con la dirigencia sindical. Le pusieron sobre la mesa un pliego de condiciones que, entendió, eran imposibles de avalar. El incremento salarial no sólo tenía que igualar a la inflación, sino que partía de una suba inicial que a Fademi se le hacía imposible.

Los sindicalistas adujeron como una de las razones para sostener su planteo el incremento en las cuotas de los colegios privados. “En Larroque no hay”, les respondió el letrado. Pero el razonamiento quedó sin respuesta. No hubo negociación. Y de inmediato comenzaron las medidas de acción directa.

“Somos una pyme entrerriana. Y el sindicato siempre nos dio el mismo tratamiento que a multinacionales que exportan todo lo que producen. Es incompatible con la subsistencia” se quejó el letrado.

“Primero hicieron asambleas: se retiraban del lugar de trabajo por un tiempo que fue de una a cinco horas. Después pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción a un 10 %. De 1.200 unidades diarias programadas, hacían una 100. A veces menos”, comentó Gietz. La firma dejó de producir 30 mil baterías.

La comunicación entre la empresa y sus trabajadores se canceló. El apoderado comentó que los empleados bloquearon el grupo de WhatsApp que compartían con los empleadores. Y achacó al sindicato la responsabilidad por esto.

“Muchos trabajadores tienen buena fe. No saben las implicancias de las medidas que están tomando. E ignoran algunas cosas. Un empleado dijo en la radio local que la empresa no quería firmar la paritaria. Pero la primera reunión formal es el 7 de agosto”, graficó.

Lo llamativo es que el sindicato no puso sobre la mesa el reclamo salarial. Alegaron razones de higiene y seguridad para justificar el paro. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo realizó cuatro inspecciones a la planta y constató que está en perfectas condiciones para operar sin riesgo. “Somos una empresa de primera línea. Tenemos tres certificaciones ISO en seguridad y cuidado del medio ambiente”, contrastó el abogado de la firma.

“Ejercen presión (sobre los trabajadores) para que se sumen a la medida de fuerza. Muchos están coaccionados a plegarse a la huelga. Si no, sufren consecuencias. Les ponen pegamento en los candados de los vestidores y grasa en las botas”, comentó el abogado. “Tratan de intimidar a todo el mundo. Es la política de ellos”, razonó.

A esto se sumó el bloqueo de la planta. A comienzos de junio, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al complejo porque el sindicato se lo impidió. El gremio también forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso. La medida puso en peligro la fabricación de 2 mil unidades abandonadas sin terminar y con exposición de productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote pudo ser salvado.

Ahora el bloqueo no es necesario. El viernes 5 de julio arrancó el cese total de actividades que dejó a la planta con producción cero y sin stock. La acción de fuerza redundó en que una decena de clientes cancelaran definitivamente sus pedidos ante el incumplimiento de entregas. La empresa entró en una situación dramática. Su flujo de fondos está cortado y no puede cumplir con las obligaciones con sus proveedores.

Las autoridades provinciales han tomado cartas en el asunto. El ministro de Trabajo Manuel Troncoso afirmó que el sindicato recurre a “sabotajes y bloqueos” y que ello es producto “de la desidia, porque durante muchos años les dejaron hacer lo que querían. Venimos a tratar de ponerle un coto a todo eso. No vamos a tolerar esas actitudes”, consignó al medio R2820.

La dirección de la empresa evaluó el cierre definitivo de la planta. O al menos el traslado a otro lugar donde no sufra coacciones. Cualquiera de las dos alternativas dejaría un centenar de desocupados en la localidad. Y golpearía con fuerza a la cadena comercial y de servicios de la zona.

“En Larroque – señaló Gietz – no hay ningún otro lugar donde se ganen los sueldos que paga Fademi. Es grave lo que está pasando. Hay preocupación en los comerciantes de la localidad. El almacenero, el herrero, todos viven indirectamente de Fademi”, concluyó.