El Senado le advirtió al Gobierno que buscará debatir la nueva fórmula jubilatoria a más tardar el 15 de agosto

Tras haber ganado un par de semanas clave para darle aire al Gobierno, en el Senado ya se preparan para una definición de la ley que mejora las jubilaciones, aprobada en junio por Diputados: desde la Cámara alta advirtieron a la Casa Rosada que el proyecto irá al recinto, a más tardar, el 15 de agosto próximo. Por ello la importancia en cuanto a que el Ejecutivo presente una propuesta superadora que modifique la iniciativa y la devuelva en segunda revisión a Diputados, con el fin de exponer a un veto a Javier Milei.

“El Gobierno tiene la definición del tema en sus manos y se espera que a fin de mes pueda mostrar a los bloques dialoguistas una salida amistosa. A pesar de ello, la situación es compleja si uno analiza los votos que la ley consiguió de casi toda la oposición en Diputados. Se ganó la máxima cantidad de tiempo posible y, en la medida que no aparezca un texto que amortigüe la presión, podría complicarse el asunto”, reconocieron desde el oficialismo a Infobae.

La ley propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo, e incorpora una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que queda fuera de la actualización.

De esta manera, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. Para evitar que la actualización de la misma -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasadas las subas, se optó por establecer en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Sobre este primer punto direcciona la lupa la Casa Rosada.

Por otra parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De esta manera, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes, tema también analizado en el Gobierno.

Durante el debate en la Cámara baja, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios de reajustes de haberes y las deudas con las cajas previsionales provinciales con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.

“Espero que para los próximos días aparezca algo. Estamos hablando nada menos que de un eventual veto presidencial. ¿Realmente quieren exponer a Milei a eso?”, se sinceró ante este medio un senador dialoguista. “La diferencia que hay ahora es que los del Ejecutivo ya conocen este territorio por la ley Bases y el paquete fiscal. No tienen excusas para culparnos esta vez. Podríamos haber sancionado la ley a inicios de mes y hasta agosto no va a pasar nada. Deberían agradecerle a -la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria- Villarruel, que parece ser la única libertaria que entiende mejor la política”, aseguró otro legislador.

Más allá de todo este escenario, lo cierto es que, a diferencia de la ley Bases y el paquete fiscal, este proyecto nació tanto de bloques dialoguistas como de opositores acérrimos, luego lo aprobaron en la Cámara baja y, al aterrizar en Diputados, algunos legisladores dieron a entender que se les había “pasado la mano” con el costo fiscal que cargaban al Gobierno. Algo insólito. Además de ello, en ambas Cámaras, las bancadas anti oficialistas ni siquiera pueden ponerse de acuerdo a la hora de votar leyes. En último lugar, la mayoría quiere tener este tema saldado antes de las audiencias de los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia.

El miércoles 3 del corriente mes, las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda, dieron inicio a la discusión -anuencia entre algunos dialoguistas y el oficialismo- para frenar el ímpetu kirchnerista en cuanto a firmar un dictamen y habilitar el tema, con dos tercios, al día siguiente en el recinto. La postura intransigente -aunque lógica- del Frente de Todos no prosperó.

Al día siguiente, en la última sesión que realizó el pleno del Senado, el jefe del radicalismo, Eduardo Vischi, solicitó para el próximo encuentro el debate del texto de jubilaciones, con o sin dictamen. Su par del kirchnerismo, José Mayans, forzó la visión de habilitarlo para ese mismo jueves con dos tercios.

Por su parte, el peronista disidente y aliado oficialista -ya salvó en varias ocasiones al Gobierno- Juan Carlos Romero, explicó: “Una falencia que tiene la remisión de Diputados –ya lo hemos señalado– es que va en contra de la Ley de Administración Financiera, ley 24.156, y del artículo 126 del reglamento, que prevé que los proyectos tienen que indicar el financiamiento, y no recomendarle al Poder Ejecutivo que busque financiamiento. Entonces, lo que nosotros pedimos ayer en la comisión es que lo más pronto posible haya una audiencia pública con gente que sepa del tema y no traer a jubilados que están sufriendo por la falta de actualización. Pedimos que vengan técnicos que nos digan cómo se financia esto”. El salteño quiere que entre el juego la desactivación del régimen industrial que beneficia a Tierra del Fuego.

Tras idas y vueltas sobre las mociones de Vischi y Mayans, quien aportó precisiones para evitar papelones fue el secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. “Como hemos hecho otras veces, la votación con y sin dictamen requiere de dos tercios de los presentes. Y si no llegaran a alcanzarse los dos tercios y se llega a una mayoría simple, se considerará aprobada la moción con dictamen, tal como hemos hecho otras veces. Si tuviese los dos tercios, es con y sin dictamen ¿Estamos de acuerdo? Y lo haremos por medios electrónicos. ¿Se entiende? Artículo 146 del reglamento”.

Con la votación 37 a favor y 31 en contra, la ley estaría en condiciones de aterrizar en la próxima sesión, siempre y cuando sea despachada por el plenario de las comisiones que presiden la macrista Carmen Álvarez Rivero (Trabajo y Previsión Social) y el titular del oficialismo en el Senado, Ezequiel Atauche (Presupuesto y Hacienda).