El Gobierno denunció un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que desvió USD 3.400 millones

El Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría ascender un total de 3.400 millones de dólares. Las nuevas autoridades del área, que pasó a depender de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud, estima que el “el desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”. Las irregularidades derivaron en una denuncia penal -que será ampliada- fue realizada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Según el primer corte de auditoría realizado por los funcionarios de La Libertad Avanza, solo “el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”. La documentación que alimenta el expediente judicial, al que tuvo acceso Infobae tiene aristas que rozan lo inverosímil: en un expediente se aportó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro. “Lo que descubrimos es escandaloso”, calificaron desde la ANDIS al ser consultados por este medio. Y no es para menos.

“Tenemos la radiografía de un hombro mismo hombro roto en 157 expediente. Tenemos radiografías bajadas directamente de Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado ‘la Herida’. Ese es el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica que justificaba el pedido de la pensión por invalidez”, describe el funcionario de La Libertad Avanza. “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”, recalca.

“Estamos seguro que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, afirman las autoridades de la ANDIS. Y enfatizan: “Se encontró con un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.

“Sobre los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”, destaca la denuncia judicial. Esas pensiones “truchas ya fueron dadas de baja”. “El gobierno de Alberto Fernández armaba operativos para otorgar pensiones. Es escandaloso”, opinan los funcionarios y agregan que hay gente que llama a la Agencia denunciado que es titular de una pensión y nunca la gestionó.

Además de las pensiones mal otorgadas Spagnuolo encontró otras irregularidades que poco tiene que ver con la asistencia a personas con discapacidad. Como la contratación de artistas como Ignacio Copani. Gastos por más de 35 millones de pesos en “agasajos” e instalación de un gazebo y 20 remeras remeras para la marcha LGTV+ del año pasado por lo cual se abonó $900.000.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó detalles desde la Casa Rosada sobre la pesquisa iniciada en la ANDIS y que ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py.

Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la Casa Rosada. El valor actual de la pensión es de $203.100. Durante el gobierno de Mauricio Macri la cifra se mantuvo constante -ver gráfico- pero durante la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.

Sobre este tema, el fiscal Marijuán afirmó que: “Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobados en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años”.

Es más, Marijuan recuerda que “la Resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, avaló el inicio del trámite para acceder al beneficio en cuestión aun cuando no se acompañe el Certificado Médico Oficial -constancia principal de análisis para el otorgamiento o denegatoria de la pensión puesto que se trata de un documento de carácter obligatorio que, junto al alta de trámite en ANSES, permite dar inicio al proceso de evaluación de la solicitud de la pensión-, y modificó los parámetros para la determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad de las peticiones atinentes para el otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad de las pensiones señaladas”.

La denuncia penal presentada por Spagnuolo aporta pruebas sobre casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo personas con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y hasta 59 inmuebles, así como personas que trabajaban.

Hasta ahora, las nuevas autoridades de la ANDIS, a cargo del abogado Spagnuolo, certificaron que “alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentarían incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo, mientras que el 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas”.

Para los funcionarios: “Este mecanismo perverso ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad ya que el dinero destinado a este sector tan vulnerable de la sociedad ha sido utilizado para arreglos políticos y beneficios de unos pocos”.

El impacto del fraude

La investigación sobre las pensiones otorgadas de manera irregular también permitió observar el uso indebido del Programa Nacional Incluir Salud creado para brindar cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas.

Ese programa era el encargado de pagar a los prestadores conveniados. La sospecha es que los involucrados en la presunta estafa contra el Estado, facturaban servicios a instituciones, centros médicos, clínicas y transportes que en realidad no se brindaban, generando una sumatoria adicional de fondos desviados. Según los funcionarios de la ANDIS “la estafa estaba asociada al gasto asociada a la función. Ya sabemos quienes estaban involucrados”, advirtieron.

La investigación se inició luego de que Spagnuolo notara una alarmante discrepancia en los datos de asignación de pensiones: mientras en 2003 había 79.581 pensiones no contributivas por invalidez, para 2023 esta cifra se había disparado a 1.222.882.

La auditoría también reveló que “existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión”, mientras que otros, que no tenían ninguna dolencia, accedieran al beneficio en cuestión de meses.

La denuncia judicial de la ANDIS afirma que: “A partir de 2020 comenzaron una catarata de Resoluciones y Decretos flexibilizando el otorgamiento de las pensiones. Por ejemplo, en enero de 2023 eliminaron la condición de invalidez laboral y lo reemplazaron por algo muy subjetivo. Mientras que, en octubre de ese año, pocos días antes de dejar el poder, se publicó un decreto que directamente quitaba el requisito de incapacidad para trabajar a una persona inválida, y el requisito de acreditar 76% de invalidez, creyendo que, de esta manera, se cubrían de todas las pensiones otorgadas irregularmente en su gestión”.

Para las autoridades de la ANDIS: “Con este mecanismo perverso accedieron a la pensión por invalidez laboral personas sin invalidez laboral, e inclusive sin condición médica alguna -pero que les entregaron la pensión por su condición de pobreza- y personas que poseían alguna condición médica pero que no eran invalidante y que trabajaban, o que tenían obra social o prepaga y poseían ingresos ellos y/o su grupo familiar de hasta 1.5 millones de pesos. Es decir, escondieron pobres en las pensiones por invalidez, y usaron el dinero destinado a esta noble causa para arreglados políticos con sus gobernadores e intendentes amigos”.

A esto se suman casos individuales como los que se descubrieron, por ejemplo, en la provincia de Chaco, donde con una misma radiografía entregaron más de 100 pensiones por invalidez. En la misma provincia, en noviembre pasado -antes de finalizar el gobierno de Alberto Fernández-, se sumaron 22 mil nuevos pensionados por discapacidad”.

Los números de la discapacidad laboral

Según el relevamiento realizado por las autoridades de la ANDIS, hoy en día existen 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. dentro de ellas se encontró:

-100.000 niños cobrando la pensión.

-25.000 personas que trabajan.

-60.000 con incompatibilidad de requisitos, entre los que encontramos beneficiarios con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta avión.

-30.000 extranjeros de los que se desconoce su condición de residencia y radicación.

“Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que éstos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”, le dijeron a Infobae desde la Casa Rosada.