
Impulso a la reforma política -sobre todo, electoral-, proyecto de seguro y fuerte debate sobre Régimen Penal Juvenil, reiteración de una por ahora imprecisa “Ley Hojarasca” y primeros sondeos por el Consejo de Mayo. El Gobierno enlaza anuncios sobre medidas de gestión y planes legislativos en horas marcadas por preocupantes movimientos en el mundo financiero. No es necesariamente una estrategia elaborada, pero asoma como reacción esperable junto con las medidas concretas dirigidas al mercado. En los dos casos, todo con los límites que impone su mirada económica.
El círculo más cercano a Javier Milei dejó trascender satisfacción por la baja del dólar en sus distintas versiones -informal y financieros- y malestar por el impacto mediático de la baja de los bonos y la suba del riesgo país luego de las medidas anuncias el fin de semana. No se trató sólo de un reflejo frente a efectos en apariencia contradictorios. Expuso más bien donde está el foco de Economía: preocupación por el clima que generan las escaladas del dólar y, sobre todo, su posible impacto en los precios.
Por supuesto, eso no representaría una parada del Gobierno frente a las señales cruzadas de los mercados, sino la reafirmación de la mirada básica frente a la crisis económica y social, con eje en la cuestión fiscal y con objetivo -también político- en la inflación. En estas horas, fueron los elementos destacados de la exposición del oficialismo: superávit y pronóstico de IPC por debajo de los 4 puntos para este mes.

Los críticos del enfoque oficial -más allá de los heridos por razones de cartel o de los desmemoriados de sus propias gestiones- señalan de manera razonable el sentido reduccionista de entender el problema sólo con cristal fiscal, sin atender otras cuestiones también de peso en el contexto de frío económico.
En paralelo corren las encuestas que circulan en medios políticos y empresariales. Siguen incluyendo datos positivos para el oficialismo, siempre más matizados si son observados en conjunto. Un ejemplo: la trepada de los precios dominó los relevamientos en el rubro “principales preocupaciones” de la sociedad, en los últimos meses del año pasado y durante el primer trimestre completo de Milei. Después, decreció y compartió renglones con el temor a perder el empleo y el empobrecimiento. En junio, aquella percepción reapareció a la par de pronósticos que ubicaban el IPC por encima de mayo y tal vez arriba del 5%.
La cifra del Indec para el mes pasado -4,6%, es decir, cuatro décimas más que en mayo- fue celebrada en el Gobierno. Y no sólo por el número en sí mismo, sino por lo que hace al humor social, como tendencia medida en términos de expectativa. A eso suman estimaciones debajo de los 4 puntos para este mes. Y destacan casi al mismo tiempo, como acaba de hacerlo Luis Caputo, otra anotación de superávit, más allá de los cuestionamientos a ese cálculo desde espacios opositores.
Dicho de otra forma: son un elemento central del discurso o la narrativa. Y como tal, puede permitir cierta heterodoxia instrumental. Fuera de alguna chicana, eso en sí mismo no parece que pueda ser convertido en foco de cuestionamientos opositores. En todo caso, las críticas prefieren transitar por referencias a la consistencia o inconsistencia de las medidas, que apuntan a comprimir la base monetaria y buscan dar una señal de garantía de capacidad de pago al mercado externo.

Las reacciones iniciales fueron cruzadas y nadie imagina un recorrido lineal. Por lo pronto, no alcanzan para bajar el tema mercados de la cartelera. Y eso mismo hace que las iniciativas políticas, más pragmáticas que al principio de la gestión libertaria, sean leídas como parte de la receta tradicional para recuperar manejo de la agenda pública.
Ocurre con el reiterado anuncio de la “Ley Hojarasca”, que desmontaría decenas de regulaciones -muchas, caídas en desuso de hecho-, pero que aún no fue precisada. No se trata sólo del virtual receso legislativo. Guillermo Francos agendó -en principio para este jueves- un encuentro con jefes de bloques dialoguistas con tema destacado: la modificación del sistema electoral.
La reforma, según insiste el oficialismo, tiene como punto central la eliminación de las PASO. No existe posición única entre el conglomerado que integran el PRO -como aliado- y con diferencias, la UCR, Hacemos Coalición Federal, la CC y otros espacios. La consigna del Gobierno asoma como una posición de máxima y tal vez, se especula en el Congreso, pueda haber acuerdo para modificar en parte el sistema de primarias.
En cualquier caso, el encuentro promovido por el jefe de Gabinete sería el inicio de un camino de negociaciones. Los proyectos vinculados a normas electorales y de partidos demandan mayoría absoluta de votos para su sanción. Y, para empezar, ya le reclaman al oficialismo que intente avanzar sin demoras con la ley de Boleta Única de Papel, trabada en el Senado.
Más inicial es aún el movimiento para armar el Consejo de Mayo. Hubo un primer gesto con la CGT, que reclama amortiguar la reforma laboral y subir el piso de Ganancias, como paso previo. Y también contacto con entidades empresariales. Es poco claro, fuera del enunciado, qué tipo de acuerdos podrían ser impulsados. Antes, además, debería ser constituido formalmente el Consejo, con representantes no sólo del Ejecutivo, sino también de los gobernadores y el Congreso.
Son en conjunto primeros pasos, frente al ejercicio diario de seguir el pulso de los mercados.
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