El ingeniero Marcelo Jorge Campoy es el nuevo titular de la Dirección General de Vialidad nacional, luego de que el jueves pasado renunció el cordobés Raúl Bertola, quien había estado en el gobierno de la provincia de Córdoba, en tiempos de Juan Schiaretti.
El nuevo jefe de Vialidad ya estuvo al frente del organismo en el último período de gobierno de Carlos Saúl Menem, en 1999, cuando sustituyó a Guillermo Cabana. El nombramiento, que se oficializó ayer en el Boletín Oficial mediante el decreto 613/2024, está a tono con la prédica reivindicativa que suele profesar el presidente Javier Milei hacia aquella época.
En un nota formal, Bertola aseguró que su dimisión se debió a “motivos personales”. Fue titular de la Dirección Provincial de Vialidad de Córdoba y es presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Alcira Gigena, en el sur de la provincia. Llegó al Gobierno como parte de los exfuncionarios de Schiaretti que se sumaron a la gestión de La Libertad Avanza. Con el exdirector de la Anses Osvaldo Giordano, ya son dos hombres de ese espectro político que dejaron sus cargos luego de una fugaz gestión.
En el decreto de este martes también se designó a Osvaldo Adrián Fuentes como suadministrador del organismo, una de las funciones que permanecían vacantes.
Bertola elevó su renuncia ante el secretario de Transporte, Franco Mogetta, que es otro de los hombres que provienen del sector de Schiaretti. En el organigrama, la Secretaría de Transporte está dentro del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
Con esta última salida, son 52 los altos funcionarios que renunciaron o fueron eyectados de su cargo. El último de ellos había sido Fernando Vilella en la Secretaria de Bioeconomía.
La decisión de Bertola se produjo en un contexto de fuerte ajuste en el organismo, al igual que otras dependencia del Estado. Desde el comienzo de la gestión libertaria, hubo cientos de despidos en la Casa Central y en las 23 delegaciones provinciales de Vialidad.
Los sindicatos denunciaron que el organismo fue desfinanciado por el Gobierno y llevaron a cabo protestas en las distintas sedes.
Con Milei, Vialidad también comenzó a transferir varios tramos de rutas nacionales a las provincias, para que se hagan cargo del mantenimiento y las obras de mejoras. Neuquén y Río Negro solicitaron ante el Estado nacional algunos de los trayectos y decidieron avanzar en ese sentido.
Por esa medida, Bertola fue cuestionado por la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (Agppsvn) que le advirtió que “avanzar con la provincialización de las rutas vulnera la esencia de la normativa vigente que dio origen a Vialidad y trae como consecuencia la desintegración de la red vial federal”.
Además, ese sindicato denunció que “por la falta de partidas se ha visto paralizado el programa de gestión del mantenimiento de más de 4.000 puentes y obras, que totalizan unos 240 kilómetros de estructuras distribuidas en todo el país equivalente a un patrimonio de u$s5.500 millones”.
Otro de los puntos señalados como que dejaron de funcionar fueron cerca del 70% de las estaciones de pesos y medidas que controlan los excesos de cargas de camiones y que deberían estar activas en forma permanente con la presencia de personal policial o de Gendarmería.
La cancelación de los proyectos de infraestructura y el recorte en las partidas presupuestarias dejaron a Vialidad Nacional sin margen de acción ni capacidad económica para poder desempeñar sus tareas.
A comienzos de año, las autoridades de Vialidad solicitaron una partida presupuestaria de $730.000 millones para realizar las obras más urgentes de arreglo y mantenimiento de las rutas que están bajo su órbita. A tono con el ajuste, solo se mantuvo el mismo presupuesto de 2023 que establece una partida de $475.000 millones.
Además, el ministerio de Economía bajó al mínimo las transferencias automáticas que Vialidad venía recibiendo de la recaudación del gravamen a los combustibles y del impuesto PAIS.