Las marchas en la Ciudad de Buenos Aires promovidas por organizaciones de izquierda, como el Polo Obrero y de movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) disminuyeron un 50% desde el 20 de diciembre de 2023 al 14 de julio de 2024. Es un dato que se combina con otro clave: ya no se registran más cortes totales de la circulación. La cifra se repite en el resto del país, aunque en algunas provincias este número es aún mayor.
La llave del gobierno de La Libertada Avanza para desactivar los acampes y movilizaciones encabezadas por, entre otros, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, fue quitarle el poder de intermediación que tenían los dirigentes sobre los beneficiarios de ex programas claves como el Potenciar Trabajo a quienes, según las causas que tramitan en la justicia federal “coaccionaban”, “presionaban”, “extorsionaban” para que asistan a los piquetes bajo la amenaza de quitarles el plan social. Las víctimas realizaban esas denuncias en la línea 134 habilitada para ese efecto por el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich.
La línea fue habilitada días antes del 20 de diciembre del año pasado, fecha en que el Polo Obrero convocó a la primera marcha a Plaza de Mayo contra el gobierno de Javier Milei, que había asumido diez días antes.
De esa fecha hasta el 12 de junio, se registraron 167.937 denuncias contra dirigentes sociales y piqueteros que los “extorsionaban” para engrosar las columnas piqueteras. En los expedientes figuran testimonios de mujeres que aseguran que las obligaban a asistir con sus hijos menores.
De ese total, 10.071 aportaron datos precisos para alimentar causas que se tramitan en juzgados a cargo de, por ejemplo, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, y Luis Armella, quienes ya imputaron a dirigentes piqueteros por el presunto delito de coacción a beneficiarios de planes sociales.
A partir de esta ofensiva del Gobierno, encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y de Capital Humano, Sandra Pettovello, contra los dirigentes sociales, comenzaron a marchar menos y convocan menos gente. Además, con la aplicación del protocolo, que prohibió los cortes totales de calles, las organizaciones sociales desactivaron la modalidad de protesta mediante la interrupción total de la circulación vehicular.
Entre diciembre y junio, dirigentes de izquierda de repercusión nacional, como Belliboni, fue imputado e indagado por el juez Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y administración fraudulenta contra el Estado por el uso de facturas falsas para rendir los gastos por los fondos públicos que recibía para las unidades de gestión vinculadas al ex programa Potenciar Trabajo. En la causa también están imputados su mano derecho en el Polo Obrero, Jeremías Cantero, y otros 15 dirigentes. Sus imágenes terminaron de horadarse. Ante Casanello y Pollicita, el líder piquetero negó los hechos y acusó a la Casa Rosada de perseguir a los dirigentes populares.
A la quita de la intermediación de los movimientos sociales en las bajas de los planes y la distribución de alimentos a los comedores que ellos mismos administraban, hay que sumarle el protocolo de actuación antipiquetes en el que actúan de manera coordinada la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad Federales, ante cortes totales o parciales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal, incluyendo la interrupción del tránsito particular.
El “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” exige que las columnas marchen por las veredas y las concentraciones se realicen en plazas.
Según los datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación a los que accedió Infobae, desde el 20 de diciembre el protocolo antipiquetes se aplicó 310 veces con 50 mil efectivos movilizados. En la cuenta están contemplados los mega operativos en la zona de Congreso en las fechas que se debatió la Ley Bases, y las últimas marchas piqueteras que se realizaron sobre la avenida 9 de Julio. La última gran movilización sobre esa arteria clave en CABA se realizó el 10 de abril. Es decir, hace tres meses. Ese día hubo incidentes entre la policía y los manifestantes. La aplicación del protocolo antipiquete derivó en unas 50 detenciones.
El relevamiento sobre las marchas realizado por los funcionarios nacionales destaca, por un lado, el debilitamiento de las organizaciones piqueteras y, por el otro, que las últimas concentraciones, en la mayoría de las cuales se respetó el protocolo antipiquetes, fueron impulsadas por gremios vinculados al estado, como ATE, CTA Autónoma, SUTEBA y CICOP. La mayoría de las movilizaciones era en reclamo de la decisión del Gobierno de despedir o no renovar contratos a empleados de organismo del Estado, como el INTI, el Hospital Posadas, del Ministerio de la Mujer, del ex Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Uno de los grandes desafíos que tenía el Gobierno de Milei era desarticular, disminuir, los casi 8.000 piquetes que se habían realizado en el país en 2023 de los cuales unos 1500 se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de ellos había sido encabezados por organizaciones piqueteras. Por ahora, la Casa Rosada parece estar ganando la pulseada.