Tres meses sin cortes en Avenida 9 de Julio: la ofensiva del Gobierno debilitó a los piqueteros, hay menos marchas y son más reducidas

Hasta ahora La Libertad Avanza consiguió lo que ningún otro gobierno: replegar de las calles las masivas marchas piqueteras que generaban caos en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses, los piqueteros marchan menos y convocan menos gente en medio de una ofensiva del Gobierno contra los líderes de esas organizaciones. Las actuales concentraciones son lánguidas y las convocatorias, declinantes.

La última marcha importante sobre la Avenida 9 de Julio, fue el 10 de abril. La Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las organizaciones piqueteras realizaban desde las 11 una “jornada nacional de lucha” contra la gestión de Javier Milei, cuando se produjeron incidentes luego de que la Policía de la Ciudad resolviera desalojar un corte total de los manifestantes en cumplimiento del protocolo antipiquetes. Como tantas veces antes, interrumpieron el tránsito a la altura de la Avenida 9 de Julio y Moreno. Una columna, además, intentaba llegar hasta el Ministerio de Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini 1285, en la otra punta de esa arteria que cruza de norte a sur el microcentro. Alrededor de las 12.30 la traza estaba liberada. Los enfrentamientos dejaron más de 10 detenidos.

Esa fue la marcha más importante por este tipo de reclamos realizado sobre el virtual “piquetódromo” que funcionaba sobre la Avenida 9 de Julio.

Las dos últimas marchas por reclamos contra las políticas sociales y económicas que lleva adelante La Libertad Avanza, se realizaron el 7 de mayo y el 9 de junio. En esas oportunidades no se cortó la Avenida 9 de Julio. Se intentó hacerlo en el Puente Pueyrredón, el Puente Saavedra -fueron desalojados después de breves incidentes. La Policía los superó en número. También intentaron llegar a la quinta de Olivos, pero la Policía Federal lo impidió y debieron marcharse. Las columnas tampoco fueron numerosas.

La última concentración frente al Palacio Legislativo, el 27 de junio contra el proyecto de Ley Bases y el Paquete Fiscal, fue inusual: concentraron menos de 500 personas. Ese día, además de la izquierda, convocaron los movimientos sociales peronistas que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular, como el Evita, el MTE y Barrios de Pie. Una minúscula representación de la UTEP permaneció menos de una hora y se retiraron. La geografía en la Plaza Congreso mostraba más policías y banderas que militantes.

La fórmula para desactivar los acampes y movilizaciones encabezadas por, entre otros, Eduardo Belliboni del Polo Obrero fue quitarle el poder de intermediación que tenían los dirigentes sobre los beneficiarios de programas claves como el Potenciar Trabajo. Con esa acción, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, les arrebató la llave principal que tenían sobre miles de personas vulnerables para obligarlos a ir a marchas y protestas bajo amenaza -cierta o no- de darles “de baja el plan”. Así lo describen cientos de víctimas en las causas judiciales derivadas de las denuncias realizadas en la línea 134, el número que habilitó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Estas políticas desarrolladas desde Capital Humano, se sumaron a los que ya había elaborado la ex candidata presidencial: el protocolo de actuación antipiquetes en el que actúan de manera coordinada la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad Federales, ante cortes totales o parciales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal, incluyendo la interrupción del tránsito particular. El “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” exige que las columnas marchen por las veredas y las concentraciones se realicen en plazas. Ya fue aplicado varias veces. En alguna de ellas terminó en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

“No hay piquetes. No hay, si no hay guita. Les cortamos la intermediación por eso no tienen como hacer marchar a la gente”, se entusiasma un estrecho colaborador de Sandra Pettovello al ser consultado por este medio. Los últimos cortes y marchas aisladas que se realizaron en las ultimas semanas no fueron protagonizadas por grupos piqueteros u organizaciones sociales. Fueron los gremios como ATE que reclaman por la no renovación de contratos en puestos claves como el Hospital Posadas, en el INTI o el CONICET, entre otros organismos del Estado.

El 21 de junio de 2022 la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner le había exigido a Alberto Fernández, arrancarle la intermediación de la asistencia social a los dirigentes populares. No lo hizo. A diferencia de Milei, la administración del el Frente de Todos -actual Unión por la Patria- puso a dirigentes como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, a Daniel Menéndez, de Barrios de Pie y a Fernanda Miño, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en puestos claves en el ex Ministerio de Desarrollo Social. A ellos les otorgó la llave del programa Potenciar Trabajo, la distribución de buena parte de los alimentos secos y de los fondos para la urbanización en los barrios populares. También el control de las cooperativas que recibían millonarios fondos por parte del Estado.

La Libertad Avanza cortó cada uno de esos ductos. El 18 de diciembre de 2023, apenas ocho días de llegar al poder, el gobierno de Milei tomó una decisión que fue clave para comprender la falta de asistentes a los piquetes que convocaban el Polo Obrero, las organizaciones de izquierda, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Libres del Sur, entre otras; y los movimientos que integran la UTEP: Pettovello eliminó el certificado de asistencia que otorgaban los movimientos piqueteros a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que realizaban labores por 20 horas semanales en cooperativas que ellos mismos administraban. Ese certificado, que se validaba con las planillas de presentismo eran la llave de acceso al cobro de los planes, en particular, del Trabajar. Con esa apuesta, el oficialismo comenzó a debilitar el poder de las organizaciones sobre los beneficiarios de los planes.

“El que corta no cobra” fue la frase que recibían los beneficiarios del Potenciar Trabajo en sus celulares. La leyenda se leía en la cartelería estática de las estaciones de trenes. Las ministras Bullrich y Pettovello explicaron en una conferencia de prensa que los dirigentes piqueteros ya no tenían el poder para dar “altas y bajas”. También dijeron que si eran “extorsionados” para asistir a las marchas, el Ministerio de Seguridad había habilitado la línea 134 para denunciarlos de manera anónima. Fue una catarata de casi 200 mil llamadas realizadas hasta el día de hoy. A partir de entonces comenzó la sangría en las columnas piqueteras. El primer síntoma fue la ausencia de madres con niños en los piquetes.

Bullrich y sus funcionarios se concentraron en catalogar cada una de las denuncias y derivarlas a los juzgados federales de todo el país. Algunos expedientes son explosivos.

Jueces federales como Ariel Lijo, Sebastián Casanello, y Luis Armella, entre otros, ya imputaron a dirigentes piqueteros por presuntos delitos como extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales. Esas pesquisas, complementadas con más de 60 allanamientos en Capital Federal y el conurbano bonaerense, llevó a que dirigentes de la talla de Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero fuese imputado e indagado por el juez Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita por la presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y administración fraudulenta contra el Estado por el uso de facturas falsas para rendir los gastos por los fondos públicos que recibía para las unidades de gestión vinculadas al ex programa Potenciar Trabajo.

En la causa también están imputados su mano derecho en el Polo Obrero, Jeremías Cantero, y otros 15 dirigentes. Sus imágenes ante la opinión pública, y dentro de algunas organizaciones, terminó de horadarse.

La semana pasada Armella, el juez federal de Quilmes ordenó 24 allanamientos a comedores y cooperativas por denuncias de “coacción”. La causa ya tiene casi 50 imputados. Pertenecía a movimientos sociales y piqueteros como la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur, Barrios de Pie, Movimiento Evita, Polo Obrero. Entre otros.

En un depósito del Movimiento Teresa Rodríguez los efectivos de Prefectura Naval Argentina descubrieron tres toneladas de alimentos como leche en polvo y harina vencidos. En los operativos también se secuestraron “planillas de presentismo” en las que figurarían las ausencias y concurrencia a las marchas.

Capital Humano también realizó auditorías sobre los comedores y merenderos comunitarios a los que los dirigentes sociales decían hacer llegar los alimentos que recibían desde la ex cartera de Desarrollo Social. El 47% no existía. Pettovello también les arrebató la tercerización de los alimentos para esos lugares. La ministra ahora los asiste de manera directa a través de la tarjera “Alimentar Comunidad”. Dirigentes sociales y políticos, como Juan Grabois, referente de Argentina Humana y del MTE denunció que La Libertad Avanza desabastece de alimentos a los comedores.

“No come”, era el castigo para un beneficiario que asistía a un comedor piquetero. Era el castigo por no concurrir a las marchas.

Al comienzo de su gestión, Pettovello, acompañada por Bullrich, fue clara: “Creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales, reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan”. Bullrich fue más directa y al tobillo: “Ahora se verá realmente el poder de movilización de los movimientos sociales”.