Penas por entrega de niños: el juez Borinsky avaló el debate en el Senado y sugirió cambios clave a la ley

La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto, reanudó el debate del proyecto, en medio de la actualidad del caso Loan -el menor que desapareció en Corrientes-, que impone penas “al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.

En realidad, esta iniciativa, empujada por la radical Carolina Losada, fue dictaminada y llevada al recinto el jueves de la semana pasada, con penas de hasta 10 años por este tipo de delitos. Incluso, se aprobó en general. No obstante, un error de Pagotto -anunció cambios sin consultar a legisladores- sembró dudas sobre el tema y el texto fue devuelto a comisión para reiniciar su tratamiento.

Para la reunión de esta tarde, el primer expositor fue el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, actual vicepresidente de la comisión que redacta e impulsa el nuevo Código Penal, quien sugirió cambios clave al proyecto.

Borinsky recordó, al inicio de su disertación, que “tenemos Código Penal de 1921, con más de 100 años de vigencia”, y destacó el tratamiento del tema con el fin de atender “lo que debe ser el espejo de los intereses de la sociedad argentina” y el respeto a las convenciones internacionales.

“Todo lo que tenga que ver con la compraventa de niños, que son delitos de extrema gravedad, deben estar tipificados y de forma autónoma, con una categoría independiente”, enfatizó el magistrado federal, con el fin de “lograr la inserción de argentina en el mundo, con previsibilidad y seguridad jurídica”.

Luego, Borinsky mencionó observaciones para mejorar el texto de la ley. El más importante fue, con el fin de dejar en claro la conducta ilícita, que seguido a la palabra “entregar” se incorpore “ilegítimamente”.

Otro punto trascendental mencionado por el juez apuntó a aclarar la promesa de lucro. En esa línea, explicó: “Ambas conductas deben ser delictivas y no con la misma escala. Es más grave por precio”. Como solución propuso, en vez de subir los mínimos y máximos, otorgar el tercio superior de la escala penal cuando se trate de lucro.

Borinsky direccionó la lupa también a que “de acuerdo a los principios del Derecho Penal, no pueden estar en la una escala diferente los facilitadores de los autores”. Y advirtió: “Es una cuestión de política criminal, pero el facilitador no deja de ser cooperador con el autor y nos quedaría en una categoría más agravada que la conducta punible”.

Más tarde, resaltó la “conveniencia de la competencia federal” ante la “trascendencia” de casos como el de Loan y “todos los inconvenientes que genera el traspaso” con las provincias.

Cerca del final de su exposición -luego, respondió consultas del oficialismo y la oposición, como las de la legisladora peronista Florencia López-, el magistrado señaló que la posibilidad de atenuar penas por situaciones de “vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales” ya se encuentra contemplada en el Código Penal -en la parte general- y “no sería necesario que se incorporen” en la ley que trata la Cámara alta para evitar “controversia”.

En último lugar, Borinsky aseveró la necesidad de no dejar con una “escala punitiva” inferior de la conducta originaria al funcionario público que intervenga en este tipo de delitos.

También disertaron la Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham; y al Juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la CABA (Sala III), Ignacio Mahiques, entre otros.

“Poner ‘de modo ilegítimo’ no basta, porque quien compra siempre va a tener algún papel o acto que blanquee el origen ilegítimo. Por otro lado, me parece muy bien que el intermediario tenga la misma pena, o incluso mayor”, precisó Graham.

En tanto, Mahiques dijo que “se tiene que tipificar la entrega ilegítima de un menor y la escala salarial tiene que ser grave -le pareció razonable de 4 a 10 años, como se votó días atrás en recinto del Senado-, proporcional al daño provocado”, aunque consideró que no le quedaba de manera “clara por qué las provincias deberían ceder su competencia en la investigación de este tipo de delitos”.

Otro invitado fue el abogado y profesor de Derecho Penal Horacio Romero Villanueva, que precisó: “La fórmula normativa objetiva y subjetivamente tiene que afectar un bien jurídico específico. El delito tiende a punir la adopción ilegal, no la entrega de un menor contra una contraprestación”.

Al término del convite, Pagotto anunció un cuarto intermedio y pospuso la firma de un despacho. Así, este tema deberá esperar algunas semanas más para volver al recinto, ya que el Senado se tomaría un receso virtual durante la segunda quincena del corriente mes.