La Justicia allanó 24 comedores de organizaciones sociales y encontró un depósito con alimentos en mal estado

La Justicia Federal de Quilmes realizó 24 allanamientos sobre comedores, merenderos y depósitos de organizaciones sociales involucrados en presuntos casos de extorsión contra beneficiarios del programa de Potenciar Trabajo y defraudación a la administración pública.

El expediente está a cargo del juez Luis Armella y el secretario Diego Quiroga. La causa ya tiene unos 40 imputados de organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, y CTD-Aníbal Verón, entre otras. En varios lugares encontraron alimentos vencidos y en mal estado que habían recibido por parte del Estado -provincial o nacional- en el mes de enero y no fueron entregados a los sectores más vulnerables.

Los funcionarios judiciales estuvieron acompañados de 24 grupos de efectivos de la Prefectura naval Argentina para preservar las pruebas, tomar fotografías e intervenir en caso de incidentes. Secuestraron documentación, planillas de asistencia a movilizaciones, cuadernos, computadoras y otros objetos que serán peritados.

Los investigadores que intervinieron en el operativo se mostraron “sorprendidos e indignados” al llegar a un galpón, denominado “almacén o depósito de alimentos” que pertenece a la organización piquetera de izquierda MTD-Teresa Rodríguez ubicado en la localidad de Florencio Varela. Detrás de la puerta del lugar donde se cree que los referentes extorsionaban a las personas que recibían planes para que asistan a las marchas, descubrieron “alimentos podridos”. Había leche en polvo, harina, polenta, yerba y pan.

Esos alimentos, según refieren los responsables del lugar ubicado en la calle 511 al 3000 en Florencio Varela, fueron entregados en “enero por la provincia de Buenos Aires”. “No tuvimos tiempo de repartirlos”, fue la justificación. El juzgado aún no determinó si ese es el verdadero origen de la comida que lleva allí más de seis meses. En algunos envases de “Leche en polvo entera Vidalac”, tienen estampado una inscripción en negro que dice: “Prohibida su venta, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”. Varias partidas de ese y otros insumos están vencidos.

El juzgado solicitó la intervención del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, porque en otros comedores también encontraron alimentos, pero no tantos como en el depósito del Movimiento Teresa Rodríguez. En la puerta quedó una consigna de Prefectura. También se solicitó que la dirección de Bromatología de la localidad tome muestras para realizar análisis.

La investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros por “extorsión” y “facturas truchas” que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita tiene, al menos, una derivación de máxima importancia en el juzgado federal de Luis Armella. Tal como informó este medio a lo largo de 44 legajos se investiga a más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y entre otros lugares, cooperativas de trabajo, que utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios del entonces programa Potenciar Trabajo para que asistan a marchas, concentraciones, volanteadas políticas y actos en estadios y espacios públicos. En ellas debían vivar a los candidatos a gobernador y presidente de la nación de Unión por la Patria. La mayoría de las organizaciones investigadas integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y entre ellas destacan el Movimiento Evita, que encabeza Emilio Pérsico; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete.

También se pesquisan organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, referenciado en Eduardo Belliboni, Libres del Sur, su principal líder es Silvia Saravia, el Frente de Trabajadores Combativos (FTC) y, entre otros, el MTD-Movimiento Teresa Rodríguez.

Al juzgado de Armella recayeron -en mayo- dos expedientes en los cuales Casanello se declaró incompetente porque las llamadas al 134, el número habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar denuncias por las presiones que recibían los beneficiarios de planes sociales, habían surgido de domicilios de localidades bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda, cuya jurisdicción correspondía al Juzgado Federal Quilmes.

Por una cuestión práctica, el magistrado y su secretario, Diego Quiroga, dividieron las dos causas en 44 expedientes agrupados en movimientos sociales, agrupaciones políticas, piqueteras, etc. Las diligencias judiciales y de investigación en el campo se canalizan a través de Prefectura Naval argentina, una de las fuerzas federales que responden a la ministra Patricia Bullrich.

No se descartan medidas similares a otros lugares. Varias de las denuncias dejaron de ser anónimas ya que se presentaron personalmente los testigos para declarar contra los dirigentes sociales que los extorsionaban.