“Hace 30 años volaron la AMIA los iraníes. No pueden ir presos porque están prófugos y escondidos, pero no se puede hacer nada. Esta ley nos va a permitir juzgarlos igual. Vamos a hacer el juicio y con todas las pruebas podremos mandar una orden de captura internacional”, expresó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, al presentar en un acto realizado en el Salón Héroes de Malvinas en Casa Rosada junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el proyecto de Ley de Juicio en Ausencia, que busca juzgar, principalmente, a los libaneses e iraníes prófugos en la causa por el atentado a la AMIA del que en 8 días se cumplirá un nuevo año. Aquel 18 de julio de 1994 se produjo el ataque con un coche bomba contra la sede de la institución judía ubicada sobre la calle Pasteur que dejó un saldo de 85 muertos y alrededor de 300 heridos.
El objetivo del Gobierno es garantizar que los procesos judiciales avancen, incluso cuando el acusado no comparezca ante el tribunal. “Si el imputado no comparece o se fuga, seguirá el juicio sin su presencia con una defensa bien resguardada”, amplió el funcionario, quien también señaló que “se debe terminar con esa costumbre de los juicios en los cajones y archivos”. Luego agregó que “el sufrimiento de las víctimas y de la sociedad lo demandan y es nuestra responsabilidad”.
Bullrich, por su parte, sostuvo que “esta es una respuesta del presidente Javier Milei a la sociedad argentina que todos los días siente que hay impunidad”, y afirmó que mediante este nuevo mecanismo procesal que proponen “estamos dando un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la Justicia”. Fuentes del ministerio de Justicia, le confirmaron a Infobae que esperan enviarlo al Parlamento en los próximos días y que también se está trabajando para enviar otra propuesta que es la del juicio por jurados. La próxima semana, además, el lunes 15, se realizará una Mesa de Diálogo sobre el tema en la Cámara de Diputados, de la que participarán jueces, legisladores y familiares de las víctimas.
Acompañaron a los ministros, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; Roberto Isaac Churba, de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la Sede de la AMIA, y el jefe de Gabinete de Seguridad, Carlos Manfroni.
Según se informó el juicio en ausencia se aplicará en los siguientes delitos:
a) Los previstos en los arts. 6, 7, 8 y 8 bis del Estatuto de Roma de La Corte Penal Internacional (Genocidio, Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crimen de Agresión).
b) De Desaparición Forzada de Personas previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
c) Previstos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
d) De Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva previsto en el art. 306 el Código Penal.
e) A los que les fuera aplicable la agravante de Terrorismo, prevista en el art. 41 quinquies del Código Penal.
A este proyecto se suma la convocatoria a la Mesa de Diálogo titulada “La necesidad de instaurar el juicio en ausencia para los crímenes del estatuto de Roma”, que se desarrollará el próximo 15 de julio en la Cámara de Diputados y a la que convocaron los diputados Margarita Stolbizer y Pablo Yedlin, a la que también está invitado Cúneo Libarona. Allí expondrán Miguel Ángel Pichetto –presidente del bloque Hacemos Coalición Federal-, Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador de Sergio Massa), Mariana Stilman (Coalición Cívica, la fuerza de Elisa Carrió) y Luis Czyzewski, padre de Paola una de las víctimas y representante del sector mayoritario de los familiares de la AMIA.
También está prevista la participación de los jueces Carlos Mahiques y Franco Fiumara. Mahiques fue el impulsor del reciente fallo que consideró, por primera vez, a Irán como un estado terrorista, y Fiumara es uno de los primeros magistrados en defender la figura del juicio en ausencia.
Esta tarde en la Rosada, Bullrich también manifestó que “hemos definido para estos casos a los delitos más graves, aquellos que generan una angustia colectiva y un mal a toda la sociedad, como es el financiamiento del terrorismo”, y remarcó que representa “un cambio muy profundo que pone a nuestro Gobierno en la vanguardia en materia penal y criminal”, porque es la primera vez que desde un gobierno argentino se impulsa este tipo de iniciativa.
Cúneo Libarona dijo en el final de su exposición que esperaban “que los señores senadores y diputados reaccionen y nos acompañen”.
En abril de este 2024 la Cámara Federal de Casación Penal sentenció que el ataque contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y que ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. El fallo sostuvo además que la voladura de la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad” y abrió la puerta para que la Argentina demande formalmente a Irán.
Se trató de una resolución clave en el marco de la causa AMIA. La sentencia -dictada por los jueces Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma- incluye una trascendente definición sobre el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, y la posibilidad de que demanden a los responsables, entre ellos, al Estado Islámico de Irán. En su voto, el juez Mahiques sugirió que ese reclamo podría ser emprendido por Argentina, por vía diplomática, a través de un tribunal arbitral o incluso por la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
Casación se pronunció así sobre los alcances del delito terrorista internacional yihadista, y establece que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan orgánica, funcional e ideológicamente a un Estado (como es el caso de Hezbollah).