Un plenario de comisiones del Senado comenzó a discutir este miércoles el proyecto que mejora las jubilaciones, aprobado semanas atrás por Diputados: el kirchnerismo anunció esta tarde que en la sesión de mañana pedirá su habilitación sobre tablas, aunque una parte de la oposición “dialoguista” no acompañaría esta jugada y esperaría dos semanas para escuchar a expositores.
Al inicio de la discusión, el jefe libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, aseguró que “el sistema previsional tiene muchos parches desde hace largos años” y consideró que, “a criterio del oficialismo, se necesita una reforma realista integral y sustentable” del sistema.
“Hubo muchos vaivenes en los últimos años. Privatizarlo, estatizarlo, entrega de beneficios previsionales sin aportes, y devastarlo para que se haga difícil para el gobierno y para argentinos sostenerlo”, sumó el jujeño, que además reclamó “revisar” las jubilaciones de privilegio.
Desde el cristinismo, Mariano Recalde dijo que “hay datos concretos que este proyecto viene a corregir y subsanar” y que “no es el ideal, pero es necesario y urgente”. Luego, criticó las cifras del Gobierno actual en cuanto a lo económico y previsional, y dejó en claro que el “costo fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) es de 0,4% del PBI, similar al que el propio Gobierno propuso al reducir las alícuotas de Bienes Personales” en la ley Bases.
Recalde pidió dictaminar el asunto y llevarlo al recinto. Sin embargo, el Frente de Todos cometió un grave error: nunca llevó al plenario de comisiones una propuesta de despacho, algo básico para legisladores con años de experiencia en la Cámara alta. Esto generó una mini trifulca y acusaciones entre los senadores de distintas bancadas.
Minutos más tarde, el peronista disidente y aliado oficialista Juan Carlos Romero propuso incorporar un artículo -es decir, modificar la ley y devolverla en segunda revisión a Diputados- que “deroga exenciones impositivas a productos electrónicos establecidos en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego”. No causó sorpresa que ningún senador oficialista u opositor presente hiciera alusión a ese tema y el salteño quedó, con su postura, en soledad.
Romero además sugirió prudencia ante un eventual veto de Javier Milei. “No le demos el argumento de que -el proyecto- no prevé fuente de financiamiento. Ya lo hizo Cristina Kirchner con el 82% móvil”, advirtió. Y agregó: “Estamos ante un sistema deficitario que no se financia con activos, sino con impuestos”.
“Debemos hacer una mínima sesión de audiencia. No traigan a 200 exponentes y 100 jubilados para hacer barra. No traigan a las Abuelas de Plaza de Mayo”, advirtió el peronista disidente. En una misma línea fue el radical Víctor Zimmermann, en cuanto a la disertación de “responsables y a especialistas lo antes posible para que se puedan recomponer también déficits de las provincias”, por las cajas no transferidas a Nación, como el caso de Chaco. Esta cuestión fue avalada por varios senadores.
Ante la queja por los dichos de Romero de la legisladora fueguina Cándida López (Tierra del Fuego), la porteña Guadalupe Tagliaferri le recordó al Frente de Todos que “votó la quita de coparticipación” a la Capital Federal durante el Gobierno de Alberto Fernández.
Con mayor claridad que otros legisladores, Tagliaferri aseveró que la Cámara alta “no puede demorar una eternidad” con este debate. En esa línea, expresó: “En cuatro años nunca se dio esta discusión. Requiere tiempo y seriedad, y no se puede hacer en una semana o no hacer nunca”.
Por su parte, el presidente de la UCR, Martín Lousteau, enfatizó: “A mí me parece bien seguir trabajando con rigurosidad, pero eso no puede ser una excusa para no hacer una recomposición de los jubilados que vienen perdiendo desde diciembre”. En ese sentido, reflexionó: “No puede ser que con la ley Bases se le da a las empresas estabilidad por 30 años y enormes beneficios fiscales a los que entran, mientras que los jubilados no saben cuánto van a cobrar el mes que viene porque no hay ni siquiera una fórmula”.
Quien coincidió con Lousteau fue el titular de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, quien hizo alusión al acompañamiento de la UCR en Diputados y evaluó “conveniente” firmar un despacho “o dar mañana -en referencia a la sesión los dos tercios”.
De esta manera, adelantó el movimiento -ya pronosticado en pasillos de la Cámara alta, como contó Infobae- que hará el kirchnerismo. La oposición dialoguista será quien defina mañana en el recinto. Según informó la titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, la macrista y aliada oficialista Carmen Álvarez Rivero, para el martes 16 habría una reunión de asesores y se recibirán los pedidos de disertantes.
Qué plantea el proyecto
La ley propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) e incorpora una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que queda fuera de la actualización.
De esta manera, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. Para evitar que la actualización de la misma -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasadas las subas, se optó por establecer en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.
Por otra parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De esta manera, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.
Durante el debate en la Cámara baja, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios de reajustes de haberes y las deudas con las cajas previsionales provinciales con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.
Un ítem rechazado en la votación en particular -111 contra 109- fue el artículo 11 del dictamen, que suprimía a partir de la entrada en vigencia de la ley las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.