Destrabaron el ascenso de dos altos jefes militares frenados por Victoria Villarruel, pero otros cuatro quedaron en análisis

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Defensa, Luis Petri, acordaron destrabar el ascenso del coronel mayor Gustavo Sívori y del contraalmirante Juan Carlos Coré, dos de los seis altos jefes del Ejército y de la Armada que habían sido frenados la semana pasada de manera sorpresiva. Ahora, se abre un proceso nuevo para recolectar las firmas de los senadores, a fin de llevar el tema al recinto en las próximas semanas.

De hecho, mañana la Cámara alta tratará en sesión ordinaria los ascensos de más de 300 uniformados que habían sido aprobados sus pliegos en la reunión de la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO). Entre todas esas promociones no estarán ninguno de los que Villarruel separó con el argumento de “falta de consensos”, pero dos de ellos sí serán tratados en futuras sesiones, según pudo confirmar Infobae de fuentes de la Casa Rosada y del Congreso.

Entre los afectados por la decisión de la vicepresidenta está el general de brigada Jorge Berredo, Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas y que ocupa el tercer lugar en el Estado Mayor Conjunto, detrás del brigadier general Xavier Julián Isaac; y del contraalmirante Marcelo Dalle Nogare. Debido a la “bolilla negra” que recibió de las autoridades políticas del gobierno, al no ascender a general de división, quedó a un paso del retiro efectivo.

Los que sí consiguieron aval fueron Coré, Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada Argentina, número tres de la Marina, detrás de los contraalmirantes Carlos María Allievi y Marcelo Flamini, jefe y subjefe de la fuerza. Y también el coronel mayor Gustavo Sívori, comandante en jefe de la XI Brigada Mecanizada de Río Gallegos. Los otros que no tienen, por ahora, acuerdo para ascender son los generales de brigada Roberto Agüero y Aldo Ferrari y el coronel mayor Héctor Tornero.

Según pudo saber Infobae, empezó a circular desde ayer el pliego del contraalmirante Coré y, a partir de la semana que viene, se enviará el del coronel mayor Sívori. La aprobación de los ascensos involucra un complejo proceso en el que intervienen la fuerza involucrada -sea Ejército, Armada o Fuerza Aérea-, el Ministerio de Defensa y el presidente de la Nación que proponen, preparan y presentan las postulaciones de ascensos al personal superior. Luego, en el Senado, se trata en la Comisión de Acuerdos, donde se requieren 9 firmas para que el pliego definitivo se discuta en el pleno y se apruebe. Antes de llegar a la instancia previa, la Vicepresidencia puede intervenir excluyendo alguno de los pliegos.

Villarruel, momentos antes de su discusión en comisión, decidió separar del paquete de más de 300 ascensos a los seis nombres: los generales de brigada Berredo, Roberto Agüero y Aldo Ferrari, los coroneles mayores Sívori y Tornero y el contraalmirante Coré. Esa medida sorprendió al interior de las Fuerzas Armadas y fue interpretada en ámbitos políticos como un desafío de la vicepresidenta a Javier Milei. “Con Victoria Villarruel está todo bien. Son decisiones que toman los canales institucionales que corresponden”, respondieron cerca del primer mandatario cuando Infobae consultó sobre lo que había ocurrido.

De todos los afectados por el freno al ascenso, de todos modos, la lupa está puesta en el general Berredo, un alto oficial con fuerte predicamento en el Ejército, que es más antiguo que el nuevo jefe, general de brigada Carlos Alberto Presti, y que, en caso de ser promovido tendría un grado más que el actual número dos del Estado Mayor Conjunto, contraalmirante Dalle Nogare. “Es un tema complicado”, admitieron fuentes oficialistas sobre la definición del lugar de Berredo, ante la consulta de este medio.

Se descuenta que ante la decisión política de no avalar su promoción, habrá un nuevo Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, un cargo de enorme importancia porque es el que ejerce en los hechos el mando operativo para las intervenciones y acciones que decide el poder político. Sea para la asistencia ante catástrofes -desde temporales o la pandemia- a la realización de las elecciones nacionales cada dos años.