“El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza”. Con esas palabras, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantaba, el viernes pasado, que el Gobierno avanzaría con una nueva tanda de despidos de trabajadores estatales en el marco de la permanente revisión trimestral que se propuso desde la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre. Si bien no precisó la cifra exacta, detalló: “Hay un universo de 70 mil contratos que están en revisión permanente, de esos hay 23 mil que se dieron de baja y el resto seguían en revisión permanente”. En las últimas horas se fueron conociendo casos en los distintos sectores por dónde pasó la “motosierra”. Una de esas áreas es la salud.
Según un informe del Ministerio de Salud al que accedió Infobae, en el Hospital Posadas fueron dados de baja “88 contratos de personal que no cumplía horario”. Desde los gremios, como ATE y la CICOP entendieron que el gobierno de La Libertad Avanza, y en concreto desde el Ministerio de Salud, “cancelan contratos de muchos profesionales sin tener en cuenta sus legajos y que en el Posadas, se discontinuaron contratos que se renuevan desde hace diez y veinte años”.
De manera paralela, una auditoría realizada por la dirección de Recursos Humanos de ese centro asistencial detectó un “desmesurado e irregular” pago de horas extras que podía llegar, en algunos casos, a los tres millones de pesos para el personal de mantenimiento.
“Las 88 no renovaciones de contratos determinadas en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas se fundamentan en graves incumplimientos detectados a partir del control de asistencia por sistema biométrico realizado por la Dirección General de Recursos Humanos. Entre ellos se encuentran incumplimientos de horario, ausentismo laboral elevado, incumplimiento de las tareas asignadas, entre otros”, se afirmó desde la cartera a cargo de Mario Russo.
En el detalle del estudio realizado por los funcionarios de Russo se informa que “la jornada laboral conforme convenios colectivos de trabajo 1133/09 y 2098/08 es de 8 horas diarias, 160 horas semanales”, pero “se encontraron casos donde el cumplimiento horario no llega a 4 horas por día”.
Entre las irregularidades, también “se detectó el cobro de más de 200 horas extras mensuales que representaban sueldos de más de 4 millones de pesos para empleados del área de mantenimiento”.
Según la evaluación realizada por el área de Recursos Humanos del Hospital Posadas, “se detectaron pagos de horas extras a personal no médico por más de 566 millones de pesos mensuales durante la gestión anterior”.
Según el cálculo realizado por la dirección del centro asistencial ubicado en la localidad bonaerense de El Palomar, en el municipio de Morón, “esa cifra que se gastaba en horas extras sin fundamento, representa el equivalente a dos meses de compra de medicamentos para el Hospital”.
Los gremios y los propios afectados niegan el incumplimiento horario. Sin embargo, al ser consultados por este medio, los funcionarios nacionales afirman tener los registros que justifican las bajas y que estos incumplimientos “ponían en riesgo el normal funcionamiento de la institución”.
La auditoría llevada adelante en el hospital nacional más importante de la zona oeste del conurbano bonaerense destaca:
-Fichadas irregulares y Ausentes injustificados.
-Incumplimiento de carga horaria diaria, semanal y mensual, sin aplicar los descuentos correspondientes.
-Agentes que cobraban más de $3.000.000 mensuales, de los cuales $2.300.000 los percibían en concepto de horas extra expresamente autorizadas por la anterior Dirección.
-Casos de Agentes que cumplían promedio de 4 horas o menos de una jornada de 8 horas diarias, impactando negativamente en el servicio al paciente.
La drástica reducción en las horas extras aprobadas, según las actuales autoridades hospitalarias de “manera irregular”, significa una “reducción del gasto de $566.379.410,82″, esto es “el 7.2% del presupuesto total para recursos humanos, lo que equivale a dos meses de compra de medicamentos para el hospital”.
Tal como informó este medio, esta es la tercera fase del plan de achicamiento de algunos organismos del Estado impulsado por la Libertad Avanza. La primera fue con la revisión de todo el personal que había sido contratado durante el último año de la gestión de Alberto Fernández a fines de diciembre de 2023. La segunda, con la revisión de todos los demás empleados que no pertenecían a la planta permanente. En esa ocasión la mayoría fueron prorrogados por otro trimestre que se venció el domingo.
La Asociación Trabajadores del Estado contabilizó más de 2.300 despidos hasta el 30 de junio. En el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hubo 450; en la Secretaría de Derechos Humanos, otros 700; en el ex Ministerio de Desarrollo Social, 370 despidos; en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 285 cesanteados, en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, 20 y en la Dirección Nacional de Parques Nacionales, 79. En esa lista no están incluidos los 88 trabajadores del Hospital Posadas.
Críticas a los despidos
Más allá de la auditoría ministerial, Luis Sucher, representante de la CICOP, le dijo que: “La mayoría de los despedidos son profesionales, no personal de maestranza” y opinó que las autoridades “están negando el derecho a la salud”. También explicó que la motosierra pasó en “algunos de lugares ultrasensibles, como a la única bióloga que daba los resultados de leucemia”.
Los representantes sindicales de ATE también sostuvieron que los despidos “apuntan al vaciamiento de servicios importantes como fisiatría, emergencias, neumonología, clínica médica, kinesiología, enfermería, biología molecular aplicada al tratamiento del cáncer, radiología, hemoterapia y administración”. La no renovación de los contratos, aclaran “dejan a miles de pacientes de la zona oeste del conurbano sin atención”.
“Esto tiene que ver con la reciente aprobación de la ley de bases. El viernes por la tarde supimos de 90 no renovaciones a través del sistema interno. La mayoría de los trabajadores y profesionales está contratada. Entre los despedidos hay delegados sindicales, lo que viola los fueros gremiales, la ley de asociaciones sindicales y los derechos más básicos”, afirmó.
Por su parte, Pablo Maciel, secretario general de la CICOP en declaraciones a la prensa destacó que “despidieron a médicos y médicas especialistas en enfermedades de difícil diagnóstico y tratamiento y también médicos de guardia. Algunos llevaban 20 años de antigüedad, con contratos sucesivos, renovados año a año. Dejan lugares claves sin cubrir, lo que implica una grave afectación para la comunidad, de la zona y de todo el país, porque el Posadas es un hospital de alta complejidad y de referencia, al que acuden pacientes derivados desde otras provincias”.
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