A través de la Resolución Conjunta 1/2024 publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial, los Ministerios de Seguridad y de Salud de la Nación, conducidos por Patricia Bullrich y Marío Russo respectivamente, junto con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pusieron en marcha la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del fentanilo, cuyo objetivo central es diseñar y aplicar estrategias y políticas para controlar y restringir el tráfico ilegal de dicho fármaco y sus análogos, como así también los precursores químicos utilizados en su producción.
Según comunica la normativa, esta iniciativa establece un mecanismo estratégico integral que aborda la problemática mediante acciones preventivas y de control, con el fin de promover la colaboración entre instituciones para enfrentar de forma eficaz esta amenaza a la seguridad pública.
En este marco, la Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico coordinará el trabajo y establecerá los lineamientos estratégicos. También tendrá la potestad de invitar a participar de la mesa a cuerpos policiales y fuerzas de seguridad provinciales, y a otras agencias cuya concurrencia resulte de interés.
Mediante la realización de reuniones periódicas, los especialistas de las áreas estarán a cargo de concebir, desarrollar y ejecutar acciones, buenas prácticas e investigaciones, para fomentar el intercambio de información y una ejecución adecuada de las estrategias definidas.
La mesa de trabajo está integrada por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, a cargo de Martín Verrier; la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Seguridad; la Policía Federal Argentina; la Prefectura Naval Argentina (PNA); la Gendarmería Nacional Argentina (GNA); la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); la ANMAT; la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante la Dirección General de Aduanas y la Subdirección General de Fiscalización.
En Estados Unidos, el fentanilo es el centro de una epidemia de adicción que sacude a la salud pública: es vendido en forma de pastillas, originado por laboratorios clandestinos en China, contrabandeados por cárteles mexicanos y comerciado por dealers callejeros.
En Argentina, sin embargo, el fentanilo es parte de un circuito netamente médico. Está entre las 222 páginas de la condena de 14 años al anestesista Gerardo Billiris por el bestial episodio que dejó a Belén Torres al borde de la muerte.
Según la causa llevada a juicio en el Tribunal Oral Federal N°8, Billiris retiró al menos una ampolla de remilfentanilo del Hospital Militar en mayo de 2012, según los registros relevados. La sustancia se emplea en cirugía junto con anestesia general. Hubo, al menos, un presunto adicto a nivel local, según registros, un técnico en computación con un pasado ligado a grupos de ultraderecha, condenado por un homicidio en territorio porteño en 2015. Testigos aseguraron que se inyectaba varias veces al día. El mismo acusado lo reconoció en su indagatoria, ya que aseguró que consumió la droga en la mañana del crimen. Sin embargo, todavía es un misterio cómo la conseguía.
En enero de este año, tres miembros de una banda narco que operaba en la villa Fraga de Chacarita, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad.
A los tres detenidos, ciudadanos argentinos y peruanos, les incautaron lo usual: armas y balas, teléfonos, balanzas, cocaína, marihuana. Pero también les encontraron siete ampollas de fentanilo, una rareza en el mundo dealer, usualmente ligado a médicos desleales que lo roban de hospitales para drogarse.
Tres años atrás, el Tribunal N°14 condenó a un enfermero del Hospital Fernández por robar la sustancia.