Paritarias “amigables” como señal del Gobierno a los sindicatos y el temor oculto por el regreso de Ganancias

En su menú de propuestas para congraciarse con el sindicalismo, el gobierno de Javier Milei puso en marcha una flexibilización de sus criterios para homologar los aumentos acordados en paritarias, pero la flamante restitución del Impuesto a las Ganancias prendió una luz amarilla en el tablero oficial: los reclamos de los sindicatos afectados por el gravamen, temen en la Casa Rosada, podría generar una sobreactuación de las demandas salariales que complique las previsiones inflacionarias a la baja.

De por sí, la CGT, la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) y diversos gremios se pronunciaron en las últimas horas en rechazo del “impuesto al trabajo”, incluido en el paquete fiscal que la Cámara de Diputados convirtió en ley en la madrugada de este viernes, y líderes sindicales como Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, confirmaron que llevarán su protesta a la Justicia.

Son muchas más las quejas de los sindicalistas contra el regreso de Ganancias, eliminado por Sergio Massa, y no tantas contra la modernización laboral incluida en la Ley Bases. No es casual: la reversión del polémico impuesto reducirá los salarios de más de 800 mil trabajadores de altos ingresos, mientras que los cambios en la legislación laboral fueron recortados por el Gobierno para adaptar sus alcances a las exigencias de la CGT. Se eliminaron 42 artículos, sobre todo los que afectaban la “caja” sindical, el ejercicio del derecho de huelga y la vigencia de los convenios colectivos.

Además del desguace de la reforma laboral, la Casa Rosada aprovechó el descenso de los índices de inflación para otro gesto hacia el sindicalismo: impulsar las paritarias “amigables”, que consiste en atenuar la rígida pauta salarial impuesta por el ministro de Economía, Luis Caputo, que había llevado a que la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, no homologara los acuerdos que superaban los topes oficiales, como sucedió hace dos meses cuando el Sindicato de Camioneros pactó un aumento del 45% para marzo-abril, en dos tramos del 25% y 20%.

Esa paritaria trabada fue, además de la reforma laboral, uno de los temas que planteó la CGT, con Hugo Moyano como invitado, en la primera reunión oficial con el Gobierno. Y la promesa de Cordero de destrabar el conflicto con Camioneros derivó en una negociación personal con el líder del sindicato que terminó con una solución salomónica: se reformuló el acuerdo mediante el reacomodamiento de las cifras (15% para marzo y del 9% para abril, más dos sumas fijas equivalentes al 10% y 7%).

El secreto para el final feliz fue que no se contempló aumento alguno para mayo y se firmó la revisión recién para junio. El acuerdo Moyano-Cordero tuvo sabor a empate. El oficialismo pudo decir que el sindicato de Moyano cedió al reformular el convenio, no fijar ningún aumento en mayo y extender su vigencia hasta junio, mientras que el gremio consiguió que la mejora en el bolsillo de los trabajadores se mantuviera en casi un 45%, tal como lo establecía la paritaria sin homologar.

Ese fue un caso testigo para el resto de las paritarias que estaban en discusión, muchas de las cuales se pactaban mensualmente y con mejoras elevadas a tono con una inflación que en enero alcanzó el 20,6% y en febrero, el 13,2%. La baja permitió que algunas paritarias tuvieran una vigencia bimestral o trimestral. En marzo siguió el descenso del costo de vida, con un 11%, y en abril, con un 8,8%.

Como en mayo se mantuvo la tendencia decreciente, ya que llegó al 4,2%, los sindicatos aceptaron moderar sus reclamos de aumento salarial y firmar muchos acuerdos con un alcance trimestral. Pese a la hostilidad de Pablo Moyano hacia el Gobierno, su papá le hizo otra vez un guiño al oficialismo: firmó el 13 de junio un acuerdo salarial por el trimestre junio-julio-agosto, con aumentos del 5%, 4% y 3% para cada uno de esos meses, más una suma remunerativa para el último bimestre. La noticia positiva para la Casa Rosada fue que se trató de incrementos decrecientes, a tono con las previsiones inflacionarias a la baja que manejan en la cartera que dirige Luis Caputo.

Con el último aumento salarial obtenido por Camioneros como emblema, el Ministerio de Economía aceptó que los incrementos que se pacten para junio y julio puedan ubicarse 1 o 2 puntos por encima de la inflación prevista, en un intento de contener el malestar por los aumentos previstos en los servicios públicos, la nafta y el transporte, entre otros rubros que afectan los bolsillos.

Por ese mismo motivo, como anticipó Infobae, Caputo finalmente decidió que las tarifas de luz y de gas no tendrán aumentos por inflación a partir de julio, aunque buscará definir un nuevo mecanismo de indexación mensual en las boletas. De la misma forma será diferido, al igual que mayo y junio, el incremento del impuesto a los combustibles (ICL) que estaba previsto desde este lunes.

“La idea es que el salario se vaya recomponiendo”, destacó un alto funcionario libertario, que admitió que “se analiza convenio por convenio” para verificar que los aumentos se justifiquen y “no desborden la inflación”. Aunque dijo que “no hay cifras tope”, reconoció que el objetivo es que las mejoras salariales estén en sintonía con una inflación que en junio “estará en 4 y pico por ciento, sin llegar a 5, y que después se ubicará alrededor del 3 por ciento”, con la posibilidad, obviamente, de corregir los números en una revisión posterior, pero dando una señal descendente, que es lo que necesita el Gobierno para que los salarios acompañen el ritmo de otras variables económicas.

La Casa Rosada exhibe como un triunfo los recientes datos del Indec que registran que el promedio de los salarios aumentó 10,2% en abril, ganándole a la inflación de 8,8% en ese mes, aunque la mejora se concentró en los trabajadores del sector privado registrado y no en los informales, que perdieron un punto ante la inflación. Como informó Infobae, las estadísticas oficiales confirman que los salarios están perdiendo la carrera contra los precios en 2024. En el primer cuatrimestre del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general avanzó 65%, mientras que los sueldos subieron un 60,3%.

La semana pasada, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que dirige Abel Furlán, firmó un acuerdo salarial para la rama más numerosa de su gremio por el trimestre abril-junio: el total del incremento pactado fue del 14,7%, que se dividió en 7,5% para abril, 3,6% para mayo y otro 3,6% para junio. Aunque se rubricó de manera tardía, es otra paritaria clave que marca tendencia en la industria.

Hace 15 días, el que siguió el modelo de Camioneros fue la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC), dirigida por Hugo Bonjour, cuyo acuerdo contempla un aumento salarial de 5% en junio, 5,7% en julio y 5,4% en agosto, lo que permite decodificar hacia dónde quiere el Gobierno que se orienten las paritarias: vigencia trimestral y porcentajes a tono con una inflación descendente, aunque con la tolerancia de sumar uno o dos puntos si la productividad lo justifica.

Por su parte, el Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA), conducido por José Pasotti, firmó un aumento del 27% trimestral: 11% en abril, 9% en mayo y 5% en junio, mientras que la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, acordó un aumento del 13,4% sobre el salario del mes de mayo 2024 y que se reflejará en los haberes de junio, correspondiente al período paritario 2024-2025.

Este jueves se confirmó el acuerdo dentro de la pauta salarial del Gobierno en una paritaria modelo para muchas actividades porque involucra a 1.200.000 trabajadores en todo el país: la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri, pactó con los empresarios un aumento trimestral: 5% para junio, 4,5% para julio y 4% para agosto. Sin embargo, el jefe sindical alertó sobre algo que inquieta hoy a todo el gremialismo: “Vemos con preocupación el incremento de la desocupación que está empezando a reflejarse en algunos indicadores”.

En medio de las reformas en el Estado, con fuertes recortes en diversas partidas, despidos y contratos que no se renuevan, la situación salarial de los empleados estatales podrá mejorar a partir del acuerdo alcanzado entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez: este lunes se reunirán, junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), para negociar un aumento salarial para el período junio 2024-mayo 2025. Hace un mes, el Poder Ejecutivo otorgó a los estatales un incremento del 9,14% para abril-mayo, que permitió una recomposición anual acumulada del 200,94%, acordado con UPCN y rechazado por ATE.

La mayoría de los sindicalistas, aun resignados a las encuestas que siguen mostrando un apoyo popular a Milei, coinciden con Cavalieri: destacan que la recesión ya está implicando despidos y suspensiones en diversas actividades. Y así como la restitución del Impuesto a las Ganancias puede empujar hacia arriba algunos reclamos salariales, los despidos en alza ayudarían a moderar las demandas.