El 6 de junio pasado, el Senado activó una resolución para que, a partir de agosto o septiembre próximos, la planta permanente y un sector de los trabajadores temporarios estén obligados a marcar su asistencia. Cerca de 1500 empleados de diferentes reparticiones de la Cámara alta comenzaron a hacerlo y, según pudo averiguar Infobae, ya se ausentaron 200.
De dicha cifra, alrededor de 140 agentes incumplieron el trámite sin justificación, mientras que unas 70 fundamentaron su inasistencia. Es decir que entre un 8-10% de los involucrados no argumentó su ausencia. No obstante, el Senado ya piensa, con el fin de despejar cualquier tipo de inconveniente o sospecha, dar una semana extra para saldar el asunto.
La resolución para activar la presencialidad y descartar picardías de potenciales “ñoquis” fue emitida por la secretaria administrativa de la Cámara alta, María Laura Izzo, mano derecha de la vicepresidenta de la Nación y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.
En realidad, el sistema fue un intento frustrado de la gestión macrista de Gabriela Michetti, luego frenado por el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández. En el documento que firmó Izzo se detalla que “con motivo de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), mediante una profusa normativa dictada por la Secretaría Administrativa” del cristinismo, que comandó la camporista María Luz Alonso -actual diputada provincial en La Pampa-, “se modificaron transitoriamente las pautas de habilitación y control de ingreso a las instalaciones del Organismo, lo cual implicó en los hecho la tácita suspensión del Sistema de Presentismo por Datos Biométricos”.
Según la resolución, “habiendo cesado las razones sanitarias que motivaron la modificación transitoria de las pautas de habilitación y control de ingreso a las instalaciones del organismo, también fueron normalizadas progresivamente las actividades presenciales”. Por ende, “procede aprobar el cronograma de citación del personal” comprendido en la ley de empleados legislativos -24.600-, con “excepción de los agentes temporarios afectados al despacho de los senadores”, y “disponer las medidas conducentes para actualizar el correspondiente registro de huellas dactilares”.
En el documento se establece también que “resulta propicio aprobar un formulario de declaración jurada y requerir a los agentes que lo completen y suscriban consignando los datos pertinentes para actualizar sus respectivos legajos laborales en ocasión del registro de huellas dactilares, por razones de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites administrativos”.
Para concretar el objetivo, el cronograma de registro se inició el lunes 10 del corriente mes y finalizará el viernes 16 de julio. En total, 26 días para realizar el escaneo de empleados permanentes y los temporarios involucrados en la resolución.
En marzo, este medio contó que un empleado que no iba a trabajar fue desvinculado el último 1 de febrero y, tras semanas de investigación, corroboró que el ahora ex trabajador aceptó en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con la Cámara alta.
Desde el 10 de diciembre pasado, Villarruel e Izzo también desalojaron 12 oficinas de legisladores con mandato cumplido; rechazaron compensaciones a agentes que pedían extras por estudios realizados -incluso, uno no contaba con el secundario finalizado-; y echaron a varios empleados por ausentarse sin justificación, entre otras medidas adoptadas por la titular del Senado y la secretaria administrativa.
En paralelo al nuevo sistema de presentismo aparece la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD), aunque se espera que, con la activación real de la huella, una histórica problemática del Congreso sea saldada de manera definitiva. Los interesados gremialistas legislativos, por supuesto, siguen de cerca toda esta situación.