El sindicato ferroviario La Fraternidad realizará este martes 25 de junio una nueva medida de fuerza, que consistirá en reducir la velocidad de las formaciones de trenes de las distintas líneas metropolitanas a 30 kilómetros por hora durante todo el día. Eso ocasionará demoras en el servicio, ya que la velocidad habitual es de entre 60 y 80 kilómetros por hora. El reclamo se debe a que no hubo una recomposición satisfactoria de los salarios de los empleados del sector.
Se repetirá así la modalidad de protesta que se utilizó el 30 de mayo pasado y que ocasionó innumerables inconvenientes a los usuarios. Se calcula que viajan entre un millón y un millón y medio de personas en el AMBA. En aquella ocasión, el sindicato tenía previsto un paro general para el martes 4 de junio que se desactivó a último momento por la intervención del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos. Un día antes hubo una reunión en la Casa Rosada y el secretario general, Omar Maturano se llevó la promesa de una pronta solución. Que finalmente no se produjo.
“La paciencia tiene un límite”, señaló el gremio en un comunicado el miércoles de la semana pasada. La decisión se adoptó tras haber participado en cuatro reuniones consecutivas, mostrando la mejor predisposición para llegar a un acuerdo”, afirmaron. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Por ahora no hay canales abiertos para frenar esta nueva protesta.
“Nuestra voluntad no fue efectiva, habida cuenta de que el sector empresarial ha tenido más de 15 días para mejorar la propuesta salarial de forma que la misma reflejara los índices inflacionarios para mantener el poder adquisitivo alimentario, el cuál viene siendo licuado sistemáticamente desde enero de 2024″, explica el texto difundido por La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas, firmado por su secretario general, Maturano.
La medida afectará a las líneas ferroviarias que atraviesan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre ellas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín y Belgrano Sur y Norte y Tren de la Costa.
Desde el gremio, que agrupa a un 13% de los empleados ferroviarios, se viene reclamando un aumento que oscila entre el 52 y 55%, lo que consideran que igualaría el impacto del aumento de los precios desde el mes de diciembre cuando asumió el gobierno de Javier Milei. “No reclamamos un aumento, queremos empatarle a la inflación”, fue la consigna expresada a lo largo de los últimos meses por los dirigentes sindicales. Según fuentes gubernamentales el sueldo promedio de un conductor de locomotoras es de $ 1.500.000.
“El sueldo está congelado desde hace cuatro meses. Nosotros no podemos aceptar estas cosas”, afirmó recientemente en declaraciones radiales Maturano. Para los empleados estatales el Gobierno ofreció un 2% retroactivo a mayo y un 7% en mayo, que se pagará a fines de junio, pero esta propuesta los maquinistas la consideraron como insatisfactoria.
Remarcan desde la Rosada que La Fraternidad es uno de los gremios más intransigentes en negociar y que además en algunas líneas la cantidad de personal está sobredimensionada. “En la línea San Martín, por ejemplo, hay 253 maquinistas-conductores diésel para solamente 12 formaciones”, indicó una fuente a Infobae.
El gobierno nacional, a través de las Secretarías de Trabajo y de Transporte, impulsó en febrero una mesa de negociación para evitar las medidas de fuerza. En ese marco, convocó a los despachos oficiales a La Unión Ferroviaria (UF), la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y La Fraternidad.
En aquella oportunidad, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había criticado la postura de La Fraternidad. “Resulta inentendible la medida de fuerza que conlleva una mala fe negocial al encontrarse en plena vigencia la mesa de negociaciones paritarias”, remarcó Adorni.
El 13 de junio Milei decretó la emergencia ferroviaria por dos años. Esa medida alcanza a la administración, mantenimiento y operación de los servicios, y, además dispuso la asignación de una partida de 1,3 billones de pesos para su funcionamiento. El sistema ferroviario está incluido en la Ley Bases entre las empresas del Estado que se pretenden privatizar.