Luego de ordenar la libertad de la mayoría de los imputados por los destrozos ocurridos en los alrededores del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, la jueza María Servini se refirió a los avances realizados en la investigación y explicó su decisión de procesar con prisión preventiva a las únicas cinco personas que quedaron detenidas por los episodios.
Fue en diálogo con El Destape Radio donde la magistrada que interviene en el caso junto al fiscal Carlos Stornelli se expresó con respecto a la causa, afirmó que aún le quedan muchas pruebas por analizar y advirtió que le demandará bastante tiempo evaluarla.
“Los expedientes y las actuaciones vinieron muy en blanco. No teníamos elementos. Hicimos lo que pudimos hacer”, alegó Servini enumerando algunas de las complicaciones con las que se encontró cuando se puso al frente de la cuestión.
En este sentido, destacó que aún hay numerosos videos que le faltan ver, en cuyas imágenes probablemente “se puedan detectar otras responsabilidades”. Asimismo, solicitó a la población que, aquellos que tengan registros fílmicos de lo ocurrido ese día y que no lo hayan mostrado, que los entreguen en el juzgado.
Con respecto a los cinco imputados que quedaron aprehendidos, la jueza contó que tomó la decisión de procesarlos porque pudo encontrar un correlato entre el testimonio de los policías y la documentación sobre lo que habrían hecho estas personas. “Hemos hecho un estudio muy rápido, muy por arriba también, porque el tiempo no nos daba”, especificó.
Servini no descartó que algún policía pueda tener alguna responsabilidad en los actos cometidos en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde hubo disturbios, destrozos y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
“Por supuesto puede haber. Yo tengo que investigar, ya se pidió el nombre de todos los policías, de todas las personas que tuvieran la fuerza de represión o tratando de parar esta manifestación. Y después tendremos que ver qué papel ocupaba cada uno en ese lugar”, detalló la magistrada.
En la misma línea, la jueza consideró que, a juzgar por lo que recibió en todas las causas y denuncias sobre el hecho, las fuerzas de seguridad “no están organizadas”. “Esta confluencia de varias fuerzas federales y en el caso de la Policía de la Ciudad, no sé cómo están organizándose parece que no están organizadas o si lo están, va tirando cada una por su lado. Evidentemente, faltaban muchas cosas, muy mal incluido”, analizó sobre su rol durante la protesta del 12 de junio.
Durante el reportaje, Servini también aprovechó para diferenciarse de la acusación del fiscal Stornelli, que refirió que los 33 detenidos inicialmente habían cometido acciones terroristas.
“Habría que preguntarle al fiscal Stornelli qué es lo que él vio para hacer ese dictamen. A lo mejor vio algo que yo no vi. Además, podemos diferir muchas veces con el fiscal. Él piensa una cosa y nosotros pensamos otra”, dijo contundente.
Finalmente, opinó sobre la postura que adoptó el Gobierno frente a los incidentes ocurridos durante la sesión en el Senado. En este aspecto, la jueza se limitó a dar una respuesta corta y concisa: “Miren, cada uno evalúa la situación por lo mejor le conviene o como la ve”.
Los cinco detenidos por los incidentes en el Congreso
Esta semana, la magistrada resolvió procesar con prisión preventiva a Cristian Valiente por intimidación púbica en concurso ideal con atentado a la autoridad (tenía en su poder una granada); a Patricia Calarco Arredondo por incendio en concurso con daño agravado por haberse afectado un bien público (las bicicletas del gobierno de la Ciudad) en concurso con el delito de intimidación; Facundo Ezequiel Gómez por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad; Daniel Sica por atentado a la autoridad, agravado por haberse cometido en reunión de más personas y por haber puesto en manos de la autoridad, en concurso ideal con intimidación pública; y Roberto Maria de la Cruz Gómez por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad. A todos se los embargó con 500 mil pesos.
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