A la espera de la activación del debate sobre los candidatos a la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, la comisión de Acuerdos del Senado, que comanda la legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO), intentará avanza con ascensor diplomáticos y militares el jueves próximo en la Cámara alta. Algunos están demorados desde la última gestión kirchnerista.
La comisión presidida por Tagliaferri fue la que salvó, semanas atrás, los dictámenes de los embajadores políticos propuestos por Javier Milei. En medio de las constantes críticas del Ejecutivo hacia los senadores, un sector de la oposición dialoguista fue clave para que dichas designaciones llegaran al recinto. Las amenazas de dispersión quedaron sepultadas a la hora de la votación: todos los bloques presentes en la sesión acompañaron a los postulantes.
Para el jueves próximo, a partir de las 11, la comisión se abocará a analizar el acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal militar superior de la Armada Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2021. Mismo caso para la Fuerza Aérea y el Ejército. En el último caso se encuentra además el Teniente Coronel Agustín Marcelo Rodríguez.
En tanto, el Ejecutivo solicitó llevar al grado inmediato superior al personal militar superior del Ejército Argentino, con fecha 31 de diciembre de 2022, cuestión que se repite con la Armada y con la Fuerza Aérea.
Después aparecen tres pliegos: acuerdo para promover al grado inmediato superior al Contraalmirante Carlos María Allievi, con fecha 31 de diciembre de 2023; al General de Brigada Carlos Alberto Presti -misma fecha-; y al Brigadier Mayor Fernando Luis Mengo, con fecha 2 de enero del corriente año.
En la bandeja de temas a tratar están la promoción a grado superior del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea al 31 de diciembre de 2023. Otro pliego en espera es el que grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2020, al Vicecomodoro Pedro Antonio Orgambide.
Del lado diplomático está el aumento a la categoría “A” Embajador extraordinario y plenipotenciario a los funcionarios de la categoría “B” Ministro plenipotenciario de primera clase del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a partir del 1 de enero de 2022. Se reitera la situación, pero a partir del 1 de enero de 2023.
Una realidad similar se direcciona con el acuerdo para promover a la categoría “B” Ministro plenipotenciario de primera clase a los funcionarios de la categoría “C” Ministro plenipotenciario de segunda clase, a partir del 1 de enero de 2022 y 2023; y a la categoría “C” a los funcionarios de la categoría “D” Consejero de embajada y cónsul general de Cancillería.
El objetivo de la comisión es liberar la mochila más que pesada que dejó el kirchnerismo en los últimos años y dejar el camino liberado al tratamiento de los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Para que ocurra este debate hay un punto clave: la coordinación entre el Ejecutivo y los senadores para definir la fecha de la audiencia pública, donde expondrán los postulantes.
Primero, se debe dar ese paso -no ocurrió con el excandidato a procurador general Daniel Rafecas, y su pliego fue planchado por el kirchnerismo- de la siguiente manera: se publica la fecha dos días en el Boletín Oficial y en dos medios masivos de comunicación impresa, así como en la página oficial del Senado.
La fecha en cuestión no puede ser inferior a los 15 días. A partir de esa premisa, se puede fijar con el acuerdo que haya entre Ejecutivo y senadores, como por ejemplo, un mes posterior. Una vez consumado, son siete días corridos de impugnaciones y/o adhesiones -presencial o en una web designada para el caso-; tres días de análisis de la comisión sobre qué girar o no a los candidatos; y tres días para que respondan.
Con todas esas fases concretadas, se espera a la audiencia pública y los eventuales dictámenes. En caso de obtenerlos, a partir de los siete días será el turno del recinto, donde se necesitarán dos tercios de los votos.
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