Cómo era el circuito interno en Desarrollo Social que autorizaba las facturas truchas del Polo Obrero y estaba a cargo de Emilio Pérsico

Las facturas truchas que utilizaba el Polo Obrero para justificar gastos de convenios millonarios que recibía del ex Ministerio de Desarrollo Social eran aprobadas por la Secretaría de Economía Social que estaba a cargo de Emilio Pérsico, el piquetero que, además, es el líder del Movimiento Evita. Infobae reconstruyó el circuito interno que recorrió esa documentación que también era autorizada por las áreas de Legales y Contaduría. De los dos lados del mostrador.

Desde la Secretaría de Economía Social, Emilio Pérsico también otorgó y controló subsidios a cooperativas de las que formó parte. Por ejemplo, autorizó subsidios por $473.347.050 a través de seis expedientes a dos cooperativas de las que él formó parte: La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita LTDA.

Por ende, era el propio ex funcionarios y sus colaboradores los que, además, le daban seguimiento a la rendición de cuentas del dinero que se otorgaba. También lo hacían con el resto de los convenios que firmaba Pérsico para la Unidades de Gestión vinculadas al programa Potenciar Trabajo que era administrado desde la Secretaría de Economía Social. Entre ellas, las de la Asociación Civil Polo Obrero, que lidera Eduardo Belliboni y las de otras organizaciones sociales, iglesias, organizaciones no gubernamentales, municipios y provincias.

Por esos hechos, hace dos años fue denunciado ante los tribunales de Comodoro Py por la Coalición Cívica (CC), el espacio político conducido por Elisa Carrió y después por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se lo acusa de los presuntos delitos de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

La Oficina Anticorrupción (OA), bajo la administración del propio Alberto Fernández, se lo prohibió por la marcada “incompatibilidad” y exigió que delegue la firma en otro funcionario. Así lo hizo. Las autorizaciones recayeron en la lapicera de Ramona Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y por entonces Secretaria de Integración Socio Urbana. Fue esa ex funcionaria la que siguió firmando por Pérsico los convenios con la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, de la cual Pérsico fue su presidente; y la cooperativa La Patriada, de la cual fue directivo.

En siete días, el 25 de junio, Eduardo Belliboni el referente de la agrupación piquetera de izquierda Polo Obrero será indagado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita por varios hechos: las supuestas extorsiones que desde comedores y cooperativas se realizaban contra beneficiarios del Potenciar Trabajo para asistir a marchas y protestas; el pago mensual de una “cápita” o monto fijo del dinero que recibían las personas por parte del Estado por realizar 20 horas laborales en esas Unidades de Gestión; y por la presunta rendición espuria de los subsidios que recibían del gobierno de Alberto Fernández a través de un sistema de cooperativas y empresas fantasmas con facturas truchas.

Un informe de la AFIP, que fue incorporado a ese expediente “señala” a Coxtex SA”, como una de las “empresas fantasmas” utilizadas por Eduardo Belliboni para justificar gastos como una usina de facturas truchas. El propio Casanello hace referencia a ellos en la causa. Desde la AFIP confirmaron a este medio esa información.

El circuito sobre el que deberá dar explicaciones Belliboni es así: el dinero era transferido del Estado Nacional a las cooperativas del Polo Obrero que firmaban convenios con la secretaría de Emilio Pérsico por ser Unidades de Gestión del programa Potenciar Trabajo.

Según la documentación a la que accedió Infobae, y que reconoció el propio Belliboni, esas cooperativas de trabajo son El Resplandor Ltda y la Asociación Civil Polo Obrero. Luego, las cooperativas supuestamente “compraban” o “adquirían servicios” a través de las empresas “usinas” de facturas apócrifas.

Los subsidios otorgados por la Secretaría de Economía Social al Polo Obrero durante el gobierno de Fernández ascendió a 360 millones de pesos.

Apenas estalló el escándalo Belliboni negó ante este medio, que haya usado facturas truchas: “A mí la AFIP me dijo que esa empresa existía”, expresó. También, en una conferencia de prensa realizada frente al Congreso Nacional el líder piquetero argumentó, de manera efusiva que “todas las facturas fueron firmadas por los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social” y pidió: “que el juez los llame a declarar, nosotros tenemos todos los comprobantes”, dijo.

Infobae preguntó a dirigentes y abogados del Polo Obrero por quiénes están firmadas esas facturas. Hasta el cierre de esta nota no lo hicieron. Según pudo saber este medio por ex funcionarios de la ex cartera social, Belliboni, en su afán de defensa pudo haberse expresado mal, ya que los funcionarios no suelen firmar las facturas, sino la autorización para continuar con los desembolsos de dinero del convenio que se realizan en tres etapa, como se describe más adelante.

Sí, en cambio, este medio acreditó que las cientos de facturas de rendiciones del Polo Obrero están firmadas, no solo por Belliboni, sino por otros dirigentes de esa organización: Elizabeth Palma, Erika Lubenfeld, Mariano Centanni (tesorero) y Ezequiel Coego.

Infobae también pudo reconstruir el “circuito interno” dentro del ex Ministerio de Desarrollo Social de las cuestionadas facturas.

Según los “lineamientos generales y operativos del programa nacional de inclusión socio-productiva y desarrollo social Potenciar Trabajo”, con fecha del 28 de diciembre 2021 establece que: Los “subsidios no reintegrables” eras específicamente para “proyectos socio-productivos, proyectos socio-laborales, proyectos socio-comunitarios y terminalidad educativa”. Estos proyectos debían “ser plasmados en un Plan de Actividades a presentar por las Unidades de Gestión en un plazo máximo de 30 días posteriores a la fecha de la firma del Convenio de Implementación”.

Todo ese recorrido, según la normativa “deberán contar con el aval de la Secretaría de Economía Social”, es decir de Pérsico.

Con las aprobaciones de los gastos sucedía exactamente lo mismo. El Polo Obrero ingresaba la carpeta con la facturación a través de la “Mesa de Entradas” de la ex cartera de Desarrollo Social. De allí era derivada a la secretaría correspondiente. En este caso a la de Economía Social. Una vez que la repartición del líder del Movimiento Evita lo autorizaba, le daba el OK, el visto bueno, pasaba por otras dos líneas de control, Legales y los responsables de contaduría.

Ese proceso demandaba entre uno y dos meses. En teoría, después de eso, los técnicos de la secretaría de Pésico debían certificar, de manera personal que las máquinas, ya sea un banco de carpintero, un torno, un horno pizzero o una computadora estén en el lugar que se aprobó para realizar “el emprendimientos y/o iniciativas productivas”.

Recién ahí, la Secretaría de Economía Social autorizaba el segundo desembolso. El tercer y último tramo del convenio se debería realizar una vez constatado que todo esté funcionando tal cual lo descripto en las actas firmadas el Estado y la Unidad de Gestión y haber “certificado la participación de titulares enmarcados en el programa Potenciar Trabajo, a los fines de dar cumplimiento a las corresponsabilidades establecidas en el programa, en virtud de la percepción de la prestación económica individual”.

Es decir, que la secretaría que estaba a cargo de Emilio Pérsico estaba a la cabeza no solo de la autorización de los convenios, sino de los controles de estos.

La denuncia que presentó Pettovello contra Pérsico sostiene lo mismo: “La Secretaría de Economía Social ejerce la supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de los fondos”.

¿Involucrará Eduardo Belliboni a Emilio Pérsico para justificar la presunta inocencia en la presentación de facturas truchas para justificar la inversión en los convenios autorizados por el líder del Evita? ¿Seguirá argumentando que ni desde la AFIP, ni de la secretaría de Pérsico le advirtieron que las empresas que utilizaban para justificar inversiones era ‘usinas de factura APOC’”. Y en caso de suceder esto ¿qué resolución tomarán juez y fiscal? Hasta ahora las causas presentadas contra el líder del Movimiento Evita no avanzaron en tribunales.