Luis Alexander Pichuaga es uno de los “socios fundadores” de Coxtex, una de las empresas que le proveía facturas truchas al Polo Obrero para justificar gastos millonarios. Según su DNI, nació en Canadá, en noviembre de 1978. Sin embargo, cuando la Policía allanó su casa, el 23 de mayo pasado, se encontró con un persona que no tiene ningún rasgo de extranjero. “Es 100% argentino, no tiene rasgos ni apariencia de extranjero”, apuntó una fuente judicial que pudo ver el video del procedimiento policial.
El allanamiento a Pichuaga, en un PH de la zona de Floresta, confirmó las sospechas sobre su verdadera participación en la creación de Coxtex y otras sociedades investigadas. El “canadiense” vive en una habitación de la planta alta, con su pareja e hijos, todos juntos en un mismo cuarto. La Policía se encontró con colchones en el piso.
“Es un PH aparentemente heredado por el grupo familiar, la habitación de ellos era mucho más humilde de lo que aparenta el frente del lugar. Pichuaga fue descripto por la Policía como una persona muy desalineada”, señaló una fuente de la investigación.
Hasta el allanamiento, Pichuaga trabajaba en el Gobierno porteño. “Ingresó en marzo de 2023. En ese momento no tenía antecedentes penales, pero ya fue desvinculado”, confirmó una fuente de la Ciudad.
Pichuaga y Kotex están siendo investigados en la causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. El expediente arrancó en diciembre del año pasado con una avalancha de denuncias a la línea 134 sobre supuestas extorsiones a beneficiarios de los planes sociales para ir a las marchas pero con el paso de los días derivó en una posible defraudación millonaria a las arcas del Estado.
En el marco de esa causa, se detectaron facturas truchas de dos sociedades por un total de $25 millones de pesos. Esas facturas, por venta de bienes y hasta de computadoras, se habrían utilizado para justificar egresos de dinero.
Una de las firmas apuntadas es una imprenta denominada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, con sede en la calle Palestina 542, en el barrio de Almagro. En ese lugar, la Policía fue recibida por el hijo del ex legislador Marcelo Ramal, que viviría ahí con su madre y otra persona. De la imprenta, no había ningún rastro.
La otra firma que aportó facturas es Coxtex SA, supuestamente dedicada a la venta de electrodomésticos, celulares y accesorios de computación. En los hechos, es una usina de facturas truchas. Sus socios fundadores, al menos en los papeles, son Pichuaga y una mujer identificada como Mariana Soledad Vega (33). Para la Justicia, son prestanombres de una organización sofisticada manejada por un grupo de escribanos y abogados.
Vega tiene el mismo perfil que su “socio”. Unas horas después del allanamiento en su casa, se presentó sola en los tribunales de Comodoro Py para pedir la asistencia de un defensor oficial pero hasta ahora no declaró. “Es una persona en una situación de vulnerabilidad más clara que Pichuaga”, describió una fuente judicial.
La situación financiera de Vega no condice con sus gastos. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, entre septiembre y octubre de 2023 gastó $3.540.000 por supuestos consumos en Apple Store. Ese dato todavía no figura en el expediente.
Además de Kotex, los misteriosos socios crearon otras tres sociedades a lo largo del 2020: Consuting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL. Detrás de esa firmas aparece una organización más sofisticada integrada por un grupo de escribanías y estudios jurídicos que se dedican a crear empresas fantasmas. Hace diez días, Casanello allanó varias de esos lugares. “Todavía estamos analizando la documentación secuestrada y está pendiente la extracción de sus dispositivos”, detalló un investigador.
Las empresas creadas por Vega y el “canadiense” tenían otros fines. “Recinsur operó entre junio 2020 y febrero 2022 un total de $ 44.850.000, el 75% en efectivo, sin justificar origen de los fondos”, explicó un funcionario de un organismo de control. Esa firma está registrada en una oficina ubicada en San Martín 66.
La línea de Coxtex, como le llaman los investigadores, puso la lupa sobre varios escribanos. Uno de ellos es Juan Bautista Derrasaga, que ya fue allanado por Casanello. Ese escribano platense acumula varias causas judiciales. Entre otras cosas, constituyó Clamarán, la sociedad que utilizó el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime para comprar un departamento de 250 m2 en la avenida Figueroa Alcorta, tal como reveló el diario La Nación.
Además de la Justicia, Derrasaga viene siendo investigado por varios organismos estatales. “Verificamos unas 200 sociedades armadas por ese escribano que están vinculadas a casas de cambio. Pese a todo, los bancos le siguen abriendo cuentas”, se lamentó un funcionario.
Indagatorias hasta el 25 de junio
Esta semana comenzaron las indagatorias, aunque la mayoría de los citados se negaron a contestar preguntas. “De los cuatro del Polo Obrero, tres no declararon ni contestaron preguntas, y solo declaró una mujer que reconoció la concurrencia a las movilizaciones y el cobro de una cápita, pero dijo que todo se hacía de manera voluntaria, sin ningún tipo de coacción o amenaza hacia nadie”, detalló a Infobae una fuente con acceso a la causa. También declararon referentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), otra de las organizaciones investigadas.
El próximo martes será el turno de Jeremías Cantero, la mano derecha de Eduardo Belliboni. Y el 25 están citados el titular del Polo Obrero y María Isolda Dotti, alias “Tango”, la mujer que tenía 54.448 dólares en su casa.
Belliboni deberá responder por qué firmó decenas de facturas truchas para justificar supuestos gastos de la masa de dinero que recibía su organización. Ya adelantó su defensa en varias entrevistas. “Las facturas no son truchas. Ni para la AFIP ni para el Estado que aceptó las facturas y nunca tuvo ningún reclamo”, dijo.
El titular del Polo Obrero validaba con su firma los recibos que entregaba “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, la imprenta investigada.
Hasta ahora, la Justicia analizó un total de 167 facturas por un total de 25 millones. “Entre 2020 y 2023, la Asociación civil Polo Obrero y la cooperativa “El Resplandor” recibieron $360 millones. Ese total habrían rendido solo 113 millones, según informó hasta ahora el Ministerio de Capital Humano. Y en esas rendiciones aparecen los 25 millones de las facturas. Es un porcentaje alto”, explicó una fuente judicial.
Esta semana, Casanello aceptó como querellantes a la Fundación Poder Ciudadano y a la Oficina Anticorrupción (OA), aunque le pidió a ese organismo que se unifique con el Ministerio de Capital Humano, que ya tenía ese rol y había aportado todas las facturas.