Hermetismo sobre los bolsonaristas condenados por el intento de golpe contra Lula que pidieron asilo político en Argentina

Todo está en un cono de sombra. Entre el secreto inevitable para proteger a las personas involucradas y el ocultamiento calculado para esquivar un nuevo cortocircuito entre Javier Milei y Luiz Inacio Lula Da Silva. Son dos presidentes que se llevan mal pero que en los últimos meses buscaron que lo personal no contamine la relación bilateral. El argentino envió asistencia humanitaria para damnificados de la terrible inundación del sur del país. Y el brasileño ayudó con una gestión in extremis para evitar un colapso energético en Argentina. Son gestos que, de todos modos, quedan empequeñecidos ante la disyuntiva que se presenta ante el pedido de asilo de los condenados por la toma de Brasilia de enero de 2023, cuando recién asumía el tercer gobierno del PT.

Milei se enfrentará al dilema de que su gobierno acepte el pedido de asilo y se enemiste con Lula o lo rechace y termine disgustando a Jair Bolsonaro, uno de sus aliados internacionales más preciados. De hecho, el hijo del ex presidente, Eduardo Bolsonaro, estuvo en la Argentina invitado por una diputada libertaria reclamando que se les brinde protección a quienes considera que fueron injustamente condenados.

La definición de este tema les plantea un desafío en momentos en que ambos se ignoran. De hecho, en Italia, en la reunión del G7, no se dirigieron la palabra ni se sacaron fotos juntos. Fueron los únicos.

Más allá de la rivalidad personal e ideológica, el pedido de asilo y la posibilidad de que la Justicia de Brasil pida la extradición de los bolsonaristas que fueron condenados les agrega una punto de tensión más. Como reveló Infobae esta semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty, respondió que el pasado viernes 7 de junio, su Embajada en Buenos Aires “remitió a la Cancillería argentina una carta de la Corte Suprema solicitando la verificación de que 143 prófugos de la justicia brasileña se encuentran en territorio argentino”.

La prensa brasileña había revelado días atrás que cerca de medio centenar de condenados por la protesta de enero de 2023 rompieron sus tobilleras electrónicas y escaparon con destino a varios países del Cono Sur, pero sobre todo a la Argentina. De todos, ellos, un medio identificó a siete habrían ingresado a la Argentina para pedir formalmente el asilo político. Según informó el medio UOL se trata de Ângelo Sotero, músico, 59 años; Gilberto Ackermann, corredor de seguros, 50 años; Raquel de Souza Lopez, 51 años; Luis Fernandes Venâncio, empresario, 50 años, San Pablo; Alethea Verusca Soares, 49 anos; Rosana Maciel Gomes, 50 años; y Daniel Lusiano Bressan, 37 años.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae sobre cómo se estaba tramitando los pedidos de asilo evitaron dar información y adujeron que todo el proceso de solicitud de asilo o refugio contempla un protocolo en el que prima la reserva y el secreto para no poner en riesgo el trámite. Todo está concentrado en la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), un organismo independiente que forma parte del ex Ministerio del Interior, pero donde Cancillería juega un rol clave.

“CONARE todavía no se expidió”, fue la respuesta que recibió este medio al consultar sobre el tema y agregaron que “seguiremos el procedimiento legal establecido por la ley de refugio argentina en respeto a los derechos de cada solicitante, mientras esperamos de parte de las autoridades brasileñas toda la información posible sobre los casos individuales para adoptar en el más breve plazo una decisión sobre las peticiones de refugio”.

En la página oficial, la Comisión Nacional explica que “una persona refugiada es aquella que se encuentra fuera de su país de origen debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y no pueda o no quiera, debido a dichos temores, acogerse a la protección de tal país; o que ha huido de éste porque su vida, seguridad o libertad se encontraran amenazadas por violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Bolsonaristas en fuga

De los siete mencionados como presuntos solicitantes de asilo, Luis Fernandes Venâncio habló públicamente en Plaza Mayo junto a otro joven, que no figura en la lista y que también está reclamando tener protección del gobierno de Milei. Se llama Marco Simon Oliveira y también participó de la entrevista: “No tenemos la certeza de que seremos declarados inocentes aunque lo seamos. Sentimos que no podemos demostrar nuestra inocencia, por eso fue necesario pedir asilo aquí”, aseguró.

Son dos de una larga lista de solicitantes. La periodista brasileña María Laura Assis, que está conectada con ese grupo de solicitantes de asilo, habló con Infobae y si bien reconoció que todos los trámites se mantienen en reserva, no descarta que la CONARE pueda haber otorgado un asilo provisorio hasta que se terminen todas las averiguaciones.

“Son personas condenadas por terrorismo de Estado, siendo que no hubo un acto terrorista en Brasil. Ni siquiera hay pruebas de que esas personas hayan participado de esos episodios. No hay individualización de los casos y ni siquiera están dejando presentar ningún recurso de defensa. Directamente decretaron que cometieron actos terroristas y que quisieron dar un golpe de Estado”, afirmó Assis.

En concreto, la Policía Federal Brasileña está tras de esos prófugos porque fueron condenados por la Justicia de su país por los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación delictiva, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido”.

El vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourao, quien ahora es senador, pidió en su cuenta de la red social X el asilo para los implicados el martes pasado, 11 de junio. “La partida de los condenados e investigados por los actos del 8 de enero a la Argentina solo demuestra que estas personas ya no confían en la Justicia brasileña, que les ha negado los derechos básicos del debido proceso y les ha impuesto penas desproporcionadas en relación con los crímenes supuestamente cometidos”, escribió y agregó: “La captura internacional, tan deseada por el actual gobierno, muestra claramente el sesgo autoritario y persecutorio de la izquierda en el poder. Que Milei y la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) les otorguen un justo asilo político”.

Con todo ese panorama, Milei se enfrentará ante la disyuntiva de que Argentina otorgue el asilo y se pelee con Lula o lo rechace y se enemiste con Bolsonaro. Podrá argumentar que toda decisión la toma la CONARE, un organismo independiente.