El “paquete electoral”, una iniciativa que el Gobierno y los bloques aliados intentarán consensuar después de la discusión por la Ley Bases

El jueves, en medio de las reuniones entre los representantes del Gobierno, liderados por Guillermo Francos, y los jefes de los bloques dialoguistas, los legisladores de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley de “modificación al sistema de elecciones primarias” que elimina la obligatoriedad de las PASO.

“Todas las agrupaciones políticas podrán seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo y con voto secreto. Quedan excluidas de participar en dichas elecciones aquellas agrupaciones políticas que presentaren una sola lista”, propusieron los diputados Juan Manuel López -jefe del bloque-, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, entre otros.

Más allá de la viabilidad parlamentaria del proyecto -en las diversas bancadas legislativas reconocen que no existen puertas adentro posiciones homogéneas respecto de ese tema-, su presentación en estos días no fue casual. Fuentes oficiales aseguraron a este medio que el Gobierno intentará avanzar con una suerte de “paquete electoral” que, en parte, fue incluido en la primera “ley ómnibus” que Javier Milei envió al Congreso a fines de diciembre, y que tuvo que ser retirada por falta de acuerdos, y que, en caso de tener éxito, impactará de manera directa en las elecciones del próximo año.

La Casa Rosada tratará de avanzar, según abundaron, una vez que el oficialismo logre saldar la discusión parlamentaria en torno a la Ley Bases y el paquete fiscal que el Presidente espera tener definitivamente sancionados en las próximas semanas en Diputados, después de la aprobación general en el Senado.

“No es un tema para sostener posiciones individuales”, resaltó el viernes un diputado aliado que participó de la reunión del día anterior con Francos y que, según confió, fue tanteado por el Ejecutivo para empezar a “conversar” del tema.

La semana pasada, por caso, se había convocado a una reunión entre funcionarios y legisladores para comenzar a delinear una estrategia legislativa, pero fue suspendida para privilegiar las negociaciones alrededor de la Ley Bases y el paquete fiscal. Según trascendió, en las próximas semanas sí podrían encontrarse representantes del Gobierno y legisladores de la oposición aliada.

El mes pasado, Infobae ya había publicado que el Gobierno intentaría darle prioridad tras el debate de este semestre por la Ley Bases a la incorporación de la Boleta Única de Papel que ya tiene media sanción en la Cámara baja. “Es prioritario”, aseguraron entonces.

En estas horas, en Casa Rosada subrayaron que, efectivamente, en un sector del gobierno se insiste con la idea de intentar consensuar con los aliados en el Parlamento la implementación de la boleta única que tuvo media sanción en la Cámara baja en junio del 2022 y que en enero de este año obtuvo dictamen de comisión en el Senado con la firma de una docena de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, del radicalismo y del peronismo. Entre ellos, Pablo Blanco y Maximiliano Abad (UCR); Guadalupe Tagliaferri (PRO); Edgardo Kueider (PJ), y Natalia Gadano, de la Alianza por Santa Cruz. Estos últimos son dos de los senadores que fueron clave para que la Ley Bases y el paquete fiscal tuvieran sanción favorable en la Cámara alta, y para que Milei tenga finalmente su delegación de facultades.

El proyecto, impulsado en 2022 por la diputada Silvia Lospennato, del PRO, imitó el modelo cordobés para la validación de los votos y el santafesino para el caso de los votos en blanco, lo que garantizó, por el mix de ambos sistemas, el acompañamiento de legisladores de esos dos distritos. En el Senado, el panorama es mucho más heterogéneo por la proliferación de partidos provinciales.

Fuentes oficiales explicaron que, entre las iniciativas en carpeta, el Ejecutivo intentará dar la discusión para eliminar los topes en el financiamiento de las campañas políticas, un tópico sensible para los intereses de los partidos, atravesado hace décadas por un alto nivel de opacidad. “Más allá de lo ideológico, el Gobierno tiene un problema con las campañas, es para blanquear, para que el año que viene les aporten las grandes fortunas o capitales de afuera”, opinó un legislador de la oposición que sigue estos temas. Al Ejecutivo le gustaría instaurar el sistema norteamericano de recaudación. Sin límites.

Desde el Gobierno dijeron, además, que tratarán de eliminar los espacios gratuitos de difusión que se le asignan a los espacios políticos en campaña, y que suelen beneficiar a los más partidos más chicos que no tienen la estructura y el financiamiento de los más grandes. Se menciona, en tanto, al proyecto de “ficha limpia” como otro de los considerados en el “paquete electoral”.

En relación a las PASO, en el Gobierno existe la idea de modificar el sistema de elecciones primarias y su obligatoriedad, pero reconocen las dificultades para avanzar en ese sentido, por las internas de cada partido. En particular, en el PRO y en la UCR, dos de los aliados.

En su momento, Mauricio Macri había pensado en la posibilidad de eliminar las primarias, pero tuvo el rechazo de los socios del radicalismo. Entonces, se ideó quitar la obligatoriedad de ese sistema, incluso se presentó un proyecto alusivo en el 2016. Tres años después, el ex presidente tuvo una durísima derrota en las primarias de agosto, en el 2019.

Entre los argumentos, se apeló en aquel momento a uno similar al que se utiliza ahora: los costos. Sirve, además, en el caso de la impresión de boletas, por ejemplo, para la promoción de la boleta única. En las elecciones del año pasado, el aporte del Estado concentró el 15% del presupuesto total. En el 2021, había sido el 11%.

Es una de las premisas de los fundamentos escritos en el proyecto presentado el pasado jueves por la Coalición Cívica en Diputados. “Si este proyecto (la Boleta Única Papel) se votara con la media sanción que esta Cámara realizó al proyecto de boleta única, el Estado Argentino, y sobre todo sus contribuyentes, se ahorrarían un monto de dinero considerable. Por ejemplo, durante las elecciones del año 2023 la Dirección Nacional Electoral erogó más de $13.000 millones para el pago de boletas de sufragio, a lo que se suma el monto que las agrupaciones políticas gastan de manera informal”, argumentaron.

En ese contexto, la discusión legislativa que se avecina en relación al rubro electoral se da en medio de las tratativas partidarias que LLA y el PRO llevan adelante desde hace meses, cuya resolución es, por ahora, incierta. La influyente secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, está abocada a la obtención de la personería jurídica para el sello en todo el país, para independizarse del macrismo y los aliados. Existe, en ese sentido, una creciente inquietud por cómo se resolverá en el 2025 el tablero electoral de la ciudad de Buenos Aires, la cuna del PRO, que renueva el Senado. La familia Macri no puede darse el lujo de ceder terreno frente al proyecto libertario.

En cuanto al “paquete electoral”, se trata, por caso, de una serie de iniciativas para las que el Gobierno no tiene ni por asomo garantizado ningún tipo de éxito. Es que, primero, la Casa Rosada deberá terminar de asegurarse los votos en Diputados para poder dar vuelta el rechazo del Senado a parte del paquete fiscal, en especial Ganancias y Bienes Personales. Son dos capítulos fundamentales para el Gobierno. Fue el principal recado que Francos, María Ibarzabal y José Rolandi -mucho más cómodo con este sistema de toma de decisiones implementado por el ex ministro del Interior que con el estilo que había instaurado Nicolás Posse- le dejaron a los jefes de bloque dialoguistas: juntar los votos para esos dos títulos. Recién después de eso, y de seis meses de idas y vueltas, el Gobierno podrá empezar a pensar en el resto de las iniciativas.