El Ministerio de Seguridad le envió a la Justicia los costos del operativo en el Congreso: busca que los detenidos paguen más de 130 millones de pesos

El Ministerio de Seguridad de la Nación le envió este viernes al fiscal Carlos Stornelli un listado detallado de los gastos del operativo realizado ante la importante manifestación que se desarrolló el último miércoles frente al Congreso y sus alrededores, en protesta por la Ley Bases que finalmente se aprobó en la Cámara de Senadores. La idea es que los manifestantes detenidos se hagan cargo de costos por encima de los 130 millones de pesos.

Los documentos enviados a la Justicia, en el marco de la causa que tiene como jueza a María Servini, detallan minuciosamente cuánto gastaron la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Tanto es el detalle, que en el informe presentado por el comisario Gustavo Hernán Oviedo, de la PFA, se aclara que en su listado de gastos, en lo que refiere a los de los móviles policiales, “se contempla dentro de los mismos el consumo de combustible y demás consumibles involucrados, así como el seguro y costos derivados del mantenimiento”.

Respecto de esa misma fuerza, se incluyeron también los costos generados el día anterior al tratamiento de la Ley Bases, cuando se desplegó un acampe en la Plaza de los dos Congresos.

“Si se computan los gastos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, se llega a la suma de: $130.706.982 (Ciento treinta millones setecientos seis mil novecientos ochenta y dos pesos). Eso incluye la suma de $13.613.500 (Trece millones seiscientos trece mil quinientos pesos) que la Policía Federal reportó en concepto de daños a sus vehículos y equipamiento”, indicó el Ministerio a través de un comunicado.

Sin embargo, la cifra crecerá en los próximos días, ya que piensan agregar los gastos de curación de los agentes heridos durante los enfrentamientos con los manifestantes.

Hoy por la mañana, los 35 detenidos por los disturbios y destrozos ocurridos el miércoles pasado en la zona del Congreso, en medio de las protestas por la votación de la Ley Bases que impulsó el gobierno de Javier Milei, comenzaron a ser indagados en los tribunales de la avenida Comodoro Py, con un expediente a cargo de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Carlos Stornelli, según confirmaron fuentes judiciales.

En la jornada de ayer, Stornelli los acusó por delitos contra el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas, en sintonía con el planteo que había realizado públicamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que desistió de presentar una querella ante esta imputación. Luego, Stornelli pidió sus prisiones preventivas.

En el operativo del miércoles participaron 1500 efectivos, entre personal de la Policía de la Ciudad y las cuatro fuerzas federales, según estimaron fuentes oficiales a Infobae. Diputados como Carlos Castagnetto, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau fueron rociados con gases en el operativo. Ocho policías resultaron heridos, con lesiones leves. Otras diez personas que asistieron a la protesta terminaron en las guardias de hospitales porteños como el Castagneto y el Ramos Mejía a causa de la queratitis provocada en los ojos por el gas pimienta o los golpes de las tonfas. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, estimó los costos de las reparaciones por los destrozos en 278 millones de pesos.

Los acusados -13 de ellos arrestados por la Policía Federal y otras fuerzas federales, los otros 22 por la fuerza porteña- fueron detenidos en flagrancia por una variedad de delitos, según trascendió de fuentes policiales en las horas de la protesta. Lucas Ezequiel Bálsamo y Dylan Gustavo Gómez, ambos desocupados, vecinos de Isidro Casanova en La Matanza, fueron apresados por la PFA, acusados de robar metal pertenencias dentro de un auto incendiado. David Sica, de 33 años, se encontraba en situación de calle según él mismo.

Cristian Fernando Valiente, bonaerense, de 41 años, ex trabajador de un supermercado chino, cayó con una lata de gas antitumultos producida por Fabricaciones Militares. Según fuentes policiales, había tenido ingresos previos en comisarías porteñas por presuntos robos y tenencia de estupefacientes.

Patricia Daniela Calarco Arredondo, de 39 años, con domicilio registrado en Llavallol, empleada de una empresa marplatense, fue arrestada por presuntamente incendiar una serie de bicicletas del Gobierno porteño. Todavía no trascendió qué delito se le imputará a cada uno de los detenidos: se conoce el planteo de Stornelli en términos generales. Por lo pronto, se desconoce si entre los acusados se encuentran los violentos que llegaron a la protesta y rápidamente incendiaron el vehículo periodístico de Cadena 3, o si fueron identificados.

Juan Ignacio Spinetto, apresado por la Policía de la Ciudad, es delegado del sindicato docente ADEMYS. “Libertad inmediata a Juan Ignacio Spinetto, afiliado y delegado de nuestro sindicato. Basta de perseguir a los que luchan”, escribió el sindicato en su cuenta de la red X.

Sasha Jazmín Lyardet, de 24 años, con domicilio en Pilar, Nicolás Mayorga y Camila Juárez Oliva son estudiantes de la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, tal como indicó Carlos Greco, rector de la institución.

Mayorga, por ejemplo, es estudiante de Ciencias Políticas. Lyardet también es parte del MST, que integra el Frente de Izquierda, que emitió un comunicado en redes pidiendo su liberación.

En su planteo, el fiscal Stornelli dictaminó que el caso analiza las acciones y conductas “en algún caso bajo posible forma organizada, tendiente a incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un. temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vía democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso” que se encontraban sesionando.