El escenario en que se grabó el video no parece casual. Están las dos personas en Plaza de Mayo, con la Casa Rosada como fondo, y se observa detrás cómo dos integrantes de la Casa Militar proceden al retiro de la gigantesca bandera argentina que está allí. El portal brasileño UOL publicó el fin de semana pasado las imágenes de dos de los ciudadanos de ese país implicados en el ataque de partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro quienes el 8 de enero invadieron el Palacio de Planalto, sede del gobierno en Brasilia, y que ahora son buscados por la Justicia. Forman parte de los más de 65 que escaparon hacia Argentina y algunos de ellos pidieron asilo político al gobierno de Javier Milei.
Los pedidos de asilo deben ser tramitados ante la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (CONARE) y la lista de quienes lo solicitaron aún no trascendió. Hace pocos días el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, elevó una nómina de 143 personas que fueron condenadas por la asonada a través de un oficio que libró el Tribunal Supremo Federal del vecino país. Una vez que el Gobierno argentino responda, la administración de Lula da Silva podría solicitar la extradición de los acusados.
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, había declarado en una entrevista con radio Mitre ni bien trascendió el caso la semana pasada que desconocía el paradero de los prófugos brasileños y que no había recibido ningún pedido formal de extradición. El acuerdo vigente entre Brasil y Argentina fue acordado en 1968.
En el video, Luiz Fernandes Venancio, un hombre de alrededor de 50 años, se identifica como vendedor callejero. Arranca gritando el típico slogan de Milei (“Viva la libertad carajo”) y cuenta que huyó por vía terrestre a Uruguay después de romper la tobillera electrónica que le habían colocado para monitorearlo. Y que después se contactó con un amigo que vive en Córdoba para llegar a nuestro país. Relata que pidió la revisión judicial de su caso y que le impedían moverse de su casa los fines de semana y en un radio limitado el resto de los días. “Soy un hombre libre y voy a morir libre”, dice. “Necesitaba trabajar. Así empecé a quebrantar las medidas cautelares hasta que se pidió la revocación de mi libertad”, admite.
Fernandes Venancio afirma que está viviendo en el barrio de Recoleta, que quiere transformarse en un “emprendedor” y que vende pulseras por la calle para obtener ingresos. Y que está dispuesto “a cruzar a nado un océano” para defender su libertad.
El otro, más joven con una campera rosa y una bufanda blanca, es Marco Simon Oliveira. Admite que escapó por el sur de Brasil y que nadie le pidió documentación al ingresar a nuestro territorio. Que se alojó en un lugar que acoge refugiados y que aunque sus gastos los afrontó al comienzo con un dinero que tiene guardado, ahora concurre a una parroquia por las noches para poder comer. “No tenemos la certeza de que seremos declarados inocentes aunque lo seamos. Sentimos que no podemos demostrar nuestra inocencia, por eso fue necesario pedir asilo aquí”, asegura.
La Policía Federal Brasileña apunta a los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación delictiva, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido”.
El vicepresidente durante la gestión de Bolsonaro, Hamilton Mourao, quien ahora es senador, pidió en su cuenta de la red social X el asilo para los implicados el martes pasado, 11 de junio. “La partida de los condenados e investigados por los actos del 8 de enero a la Argentina solo demuestra que estas personas ya no confían en la Justicia brasileña, que les ha negado los derechos básicos del debido proceso y les ha impuesto penas desproporcionadas en relación con los crímenes supuestamente cometidos”, escribió.
“La captura internacional, tan deseada por el actual gobierno, muestra claramente el sesgo autoritario y persecutorio de la izquierda en el poder. Que Milei y la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) les otorguen un justo asilo político”, agregó.
A fines de mayo el hijo de Bolsonaro, Eduardo, había dado una charla en la Cámara de Diputados invitado por la diputada de La Libertad Avanza, la cordobesa María Celeste Ponce, también para que pida por el asilo de los acusados que huyeron hacia Argentina.
Este viernes parlamentarios y parlamentarias del Parlasur tanto de Argentina como de Brasil enviaron una carta a Patricia Bullrich, para que informe sobre el posible ingreso al país de forma ilegal de más de 65 prófugos que están imputados por el intento de golpe ocurrido en Brasil.
En la misiva solicitaron “información fidedigna respecto de la situación de un grupo de ciudadanos brasileños imputados por el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023 en la República Federativa de Brasil que habrían ingresado de manera ilegal a la República Argentina”.
En este sentido, el senador Humberto Costa, integrante de la Comisión de Asuntos Sociales, señaló: “Esta es una consulta muy importante entre los miembros del Parlasur y el gobierno argentino. Nuestros países forman parte de un bloque y es importante que, de acuerdo con los tratados y en el marco de la cooperación judicial, puedan proporcionarse mutuamente información precisa. Especialmente cuando se trata de prófugos de la justicia involucrados en un intento de golpe de Estado”.
El parlamentario argentino Gabriel Fuks señaló: “Lo que estamos exigiendo a la ministra Bullrich es la ratificación de la información sobre el ingreso de más de 100 procesados por el intento de golpe del año pasado en Brasil. En particular, nuestra preocupación es que esto haya tenido algún tipo de coordinación local habida cuenta de las declaraciones de Eduardo Bolsonaro y su presencia en la Argentina.”
La nota fue enviada con la firma de parlamentarios y parlamentarias de Unión por la Patria y por Costa, del PT brasileño. Los integrantes del parlamento del Mercosur le preguntaron a la ex candidata a la presidencia y actual ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, sobre si existe “registros del ingreso o de la presencia de imputados”.