La Justicia federal de todo el país investiga 10.071 denuncias a través de las cuales se aportaron datos por distinto tipo de delitos e irregularidades como extorsión, aprietes, coacción, malversación de caudales públicos, venta de alimentos, comedores inexistentes, utilización de facturas truchas para justificar gastos de convenios firmados con el Estado, entre otros hechos. Los acusados son piqueteros, sindicalistas y también empleados municipales. Derivan de un total de 167.937 llamados que hasta el 12 de junio se registraron en el 134, la línea de denuncias que habilitó el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich.
Todas estas acusaciones fueron recopiladas por Seguridad con la asistencia del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y dieron pie a una clasificación e identificación de aquellas que revestían algún grado de verosimilitud. Luego se concretaron envíos a los tribunales. Por ejemplo, en una de ellas se registra que el alimento que llega a un comedor de Posadas, Misiones, es cargado en un utilitario con patente paraguaya, país donde se comercializarían esos envíos destinados a sectores vulnerables.
Un alto porcentaje de esas 10.071 denuncias fueron acompañados por fotos, vídeos, capturas de pantallas, correos de voz, nombres de los presuntos extorsionadores y organizaciones sociales, políticas, cooperativas, gremios e intendencias a las que pertenecían esos dirigentes y punteros.
Infobae accedió de manera exclusiva a varias de esas comunicaciones registradas por los operadores de la línea 134. Hay frases, términos, reclamos, acusaciones de enorme impacto. “Enfrente hay gente muy necesitada, cinco chicos, dos con autismo, están todo el día desnuditos, no tienen para comer, ellos no le dan nada. La comida que reciben en camiones, le saque una foto y tengo la patente, la reparten entre ellos. Nunca vi que de den de comer a nadie”.
La comunicación tiene una duración de seis minutos y diecinueve segundos. El denunciante se identificó con nombre completo y DNI. Precisó la dirección del comedor que está frente a su domicilio, ubicado en la localidad de Rafael Castillo, en el partido bonaerense de La Matanza. En este caso, el lugar pertenece a la organización Tupac Amaru.
Parte del diálogo que se registró entre el operador de la línea 134 y el denunciante es el siguiente:
-Ministerio de Seguridad, buen día.
-Bien día ¿Cómo podría hacer para denunciar a un comedor fantasma que tengo acá, en el barrio?
-Bien. Lo puede denunciar en esta línea señor.
-¿ A qué cooperativa u organización…?
-En la puerta tiene un cartel, yo hace ocho años que vivo acá, en la puerta tiene un cartel amarillo y negro con la cara de (Raúl) Castells y un dibujo de la Tupac Amaru.
En La Matanza tiene su base territorial el piquetero Raúl Castell, líder del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD). Es el mismo dirigente social que se caracteriza por llevar una pechera amarilla con letras negras, fue acusado ante la justicia por los presuntos delitos de por los delitos de “incitación a la violencia, amenaza agravada y discriminación”. El 6 de junio pasado, durante una entrevista con Futurock, Castells planteó que con el gobierno nacional “no hay diálogo y en los medios cuatro veces me negué a hablar con ellos. Planteamos que nuestra amplitud democrática termina donde empieza el nazismo. Nosotros no discutimos, no debatimos nada con los nazis. Si ellos pueden nos van a matarnos y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos”.
La organización de Castells, según los registros que tiene Infobae recibió, en 2003 por parte del entonces Ministerio de Desarrollo Social, 608.909 kilos de alimentos secos para distribuir a través de comedores comunitarios, como el denunciado en La Matanza.
La denuncia del vecino continuó así: “Me llamó mucho la atención porque viene la gente y pasa y me han visto en la puerta de mi casa y me preguntan dónde queda un comedor. La otra noche me partió el alma. Por eso mi denuncia, porque yo pensé que les daban de comer a la gente. Apareció una viejita muy, muy grande, eran como las 8 de la noche y con un táper y decía ‘señor no sabe del comedor’. Le digo ‘mire acá al lado está el comedor, acá a dos casas’ y dice ‘no, me anotaron, salió un hombre, un hombre de unos cuarenta años, enojado, me dijo que me iba a anotar, que venga hoy, cuando vengo hoy no me dan de comer, no me dieron nada, me dicen que no hay nada’. No colaboran con nadie. Del barrio no colaboran con nadie, acá tenemos gente muy necesitada en el barrio y no le dan ni un plato de fideos, ni una bolsita de nada.
Después de precisar entre que calles está ubicado el “comedor fantasma” que no atiende a nadie y repetir que en los alrededores a niños vulnerables a los que no se asiste el denunciante recordó que a la responsable del lugar se la identifica con el nombre de “Marta” y remarcó: “Ellos no le dan nada, la reparten entre ellos. Calculo yo que la reparten entre ellos, nunca vi que de den de comer a nadie”, y le dijo al operador del 134: “Acá tengo un nombre del camión que normalmente viene a traer mercadería, le saque una foto el otro día, Trasporte Caruso S.R.L.”, y aportó la matrícula.
En esta nota se preservan los nombres de las víctimas, de los victimarios, los denunciantes que no lo hacen de manera anónima, y las direcciones de los lugares dónde se habrían cometido los hechos delictivos, que van contra la ética y la moral por pedido de la justicia y los funcionarios judiciales para evitar entorpecer las investigaciones en pleno desarrollo.
Si bien la mayoría de las denuncias proceden de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del Conurbano y un gran porcentaje de La Matanza, destacan, por ejemplo, algunas registradas en Misiones. El reporte elaborado por el Ministerio de Seguridad, fechado el 4 de junio a las 10:37 refiere: “El denunciante desea manifestar que un comedor en la provincia de Misiones la encargada R.M. vende la mercadería -que recibe por parte del Estado- Menciona que el comedor está ubicado en la calle Macona entre Domínguez y Cerrito, Posadas, Misiones. Indica que pudo observar que, a la noche, cerca de la madrugada, una Trafic patente de Paraguay llega al domicilio y cargan la mercadería”.
El 29 de mayo, a las 15:12 una mujer informó: “Todos los jueves, por la mañana, se realizan ferias en la Localidad Virrey del Pino, en La Matanza dónde se venden al público productos que pertenecen a los comedores comunitarios, entre ellos aceite y yerba” y, con sorna apuntó: “Casualmente esos productos que allí se comercializan son de las mismas marcas que los productos destinados a los comedores comunitarios”.
“Le dan cajones de pollos al remisero”
Otra de las comunicaciones a la que accedió este medio fue registrada en la localidad bonaerense de San Martín. El comedor denunciado se llama “Rincón Feliz”. Se registró el 31 de mayo a las 12:21, y la denunciante asegura que el responsable del lugar es empleado municipal de ese municipio bonaerense.
“Yo vi como un remisero paró ahí, yo voy a comer a ese comedor y no dan comida como la que ellos reciben. Paró al remisero le dio un cajón de pollo, por ejemplo y a los familiares y a la gente conocida le da todas las cosas… Y a la gente que come ahí no le dan nada, polenta hervida con fideos en agua, dos o tres granitos de carne picada, porque no sé si me interpreta, ellos reparten la comida a la gente que ellos conocen, se la quedan ellos”, enfatiza la mujer a quien se le cortó varias veces la comunicación por “problemas de señal”.
-Le hago una consultita, usted sabe a que organización pertenecen ellos, si es del Movimiento Evita, algún… ¿Sabe a qué organización pertenecen?, le consulta el operador de la línea 134.
-Y la verdad que no sé, yo sé que trabajan en la Municipalidad de San Martín. El Rincón Feliz se llama el comedor. Espero que hagan algo porque la verdad es que yo veo que todo los días es lo mismo. Yo voy a comer ahí y todos los días, es la misma comida y se lo que hacen, por eso me da mucha indignación, mucha indignación. Nos tenemos que conformar con esa polenta sin carne, sin pollo no dan yerba, no dan nada de todo lo que les dan a ellos, nada.
“La carne se la dan a los que van a las marchas”
Los reclamos registrados en la línea 134 mencionan a organizaciones sociales que ya son investigadas en Comodoro Py. Por ejemplo, el Polo Obrero, Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras. El Ministerio de Seguridad habilitó esa posibilidad para quitarle la posibilidad de extorsión a los piqueteros sobre los beneficiarios de planes sociales. La medida estuvo acompañada de varias resoluciones de la ministra de Capital Humano que posibilita la baja inmediata a quienes participen en piquetes, cortes y provoquen desmanes en la vía pública.
Sandra Pettovello también les arrancó la tercerización de los alimentos secos que se realizaba a través de esas organizaciones y el control del presentismo en las Unidades de Gestión, por lo general cooperativas de trabajo y comedores, en las cuales los inscriptos al Potenciar Trabajo, debían realizar las 20 horas semanales de labores. También la posibilidad de que los dirigentes y punteros tengan la facultad de gestionar ante la ex cartera de Desarrollo Social la inscripción de los beneficiarios.
“Hay una fuerte decisión del Ministerio de Seguridad, de Capital Humano y del Presidente Javier Milei de terminar con los gerentes de la pobreza, terminar con aquellos que le roban a las personas que reciben un plan. A partir de las denuncias al 134 comenzamos a judicializar aquellas denuncias que tenían datos fehacientes”, había expresado Patricia Bullrich el 14 de mayo.
Las causas avanzaron. En ese marco, dirigentes del Polo Obrero, por ejemplo, son indagados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. Se los acusa -entre otros hechos- de defraudación al Estado por el desvío de fondos que debían destinarse al programa Potenciar Trabajo; desvío de fondos, facturas truchas, empresas “fantasma”, todo para el financiamiento de la actividad político-partidaria. También están imputados por extorsionar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo para que vayan a las marchas.
El próximo miércoles 26 será el turno de Eduardo Belliboni, líder de esa organización piquetera. Entre otros hechos, se lo acusa de haber firmado presuntas facturas apócrifas utilizadas para rendir los más de 300 millones de pesos que recibió por parte del gobierno de Alberto Fernández en concepto de convenios para desarrollar emprendimientos productivos y de capacitación.
Una de las llamadas al 134 que mencionan al Polo Obrero y lo involucra con maniobras extorsivas se registró el 3 de junio a las 11:33.
“Yo soy vecina del barrio, te hablo de Soldati, del Polo Obrero siempre están con la lista en espera, pero no es así. Ellos se manejan con una lista. Los que van a las marchas o a las protestas que hacen ganan puntos. Ellos tienen la preferencia y no sé, la mercadería que les retiran, sea carne, pollo y demás se las reparten a los que van y son partícipes”.
En otro tramo de la conversación de siete minutos y cincuenta y seis minutos la denunciante insiste en que los dirigentes que a cargo del lugar: “No anotan a la gente al comedor porque ellos se manejan con su lista y todos los que van a las marchas, protestas y equis tienen la mercadería ¿me entendes? Si bien reparten en crudo lo hacen solamente para las personas que tienen puntos y participaciones en las marchas”.
Por último, la vecina de Villa Soldati, localidad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires afirmó: “Lo que yo quiero es poder anotarme al comedor que manejan ellos, pero es imposible porque ya te digo, ellos anotan al plan Potenciar Trabajo y al anotarte te dan la opción de anotarte al comedor siempre y cuando vayas a las marchas y tengas participación en las asambleas y no se qué sino no recibís la mercadería. Si no marchas, si no vas y no haces el quilombo que hacen no te anotan. Es un desastre, la verdad”.
Esta es una mínima reseña de las denuncias registradas en la línea son 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. El muestrario revela la discrecionalidad en la distribución de alimentos, o una parte de ellos, el descontrol que operaba y el sometimiento al que punteros y dirigentes sociales imponían a los más vulnerables.