Hasta minutos antes del inicio de la sesión de ayer en el Senado para tratar la Ley Bases, los enviados de la Casa Rosada estuvieron acordando modificaciones de último momento en el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, para juntar los votos que le dieran a Javier Milei su primer triunfo parlamentario. En esa negociación aceptaron excluir a Aerolíneas Argentinas, el Correo, y Radio y Televisión Argentina (RTA), de las empresas que el Poder Ejecutivo pretendía privatizar. El objetivo fue ceder para garantizarse los votos y preservar a otras que el Ejecutivo quiere pasar a manos privadas, ya que ese artículo de las privatizaciones - tal como estaba redactado en el dictamen - no tenía los votos para superar el debate en particular. Finalmente, en la votación de la versión acotada, ese artículo obtuvo un empate de 35 votos a favor y 35 en contra, que saldó en forma positiva la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
Contra reloj, José Rolandi, vicejefe de Gabinete, y María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico, estuvieron a cargo de las conversaciones, con línea directa con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para garantizar la mayoría necesaria en favor del dictamen del oficialismo. Así, de las 11 empresas sujetas a privatización o concesión que figuraban en el texto con media sanción de la Cámara Baja, solo quedaron ocho: AYSA, Energía Argentina (ex ENARSA), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Yacimiento Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica. Estas dos últimas, si bien pueden incorporar capital privado, deben conservar una mayoría accionaria del Estado, según el texto en debate.
Las tres empresas que quedaron afuera del proyecto que se votó en el recinto tuvieron un déficit operativo - o sea, antes de la asistencia del Tesoro - de casi $147.000 millones en el primer trimestre del año. Su personal sumado asciende a 30.603 empleados, según los últimos datos datos del INDEC.
Este déficit se explica, principalmente, por el resultado operativo negativo de Aerolíneas Argentinas, que fue de -$115.308 millones en los tres primeros meses del año. A lo largo de 2023, el rojo de la aerolínea de bandera había sido de -$231.268 millones. El rechazo de legisladores del interior de la oposición dialoguista, que dependen de la compañía estatal para la conexión de sus provincias, terminó de torcerle el brazo a la Casa Rosada. Dentro del bloque aliado del oficialismo, el PRO, hizo saber sus objeciones el fueguino Héctor Stefani. Dentro de la UCR, hizo lo mismo su colega Pablo Blanco, también de Tierra del Fuego. Se sumaron los patagónicos de la oposición dialoguista Edith Terenzi y Andrea Cristina (Chubut); José María Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz); y la rionegrina Mónica Silva.
Hace menos de un mes, fuentes oficiales habían ratificado la intención de avanzar con el traspaso de Aerolíneas a manos privadas. Esa intención sigue vigente en el Gobierno, pero primero quieren hacerla más atractiva. Con 11.810 empleados, y cinco gremios dentro de la compañía, en el Gobierno admitieron que “hoy es difícil encontrarle un comprador”. En rechazo a la privatización de Aerolíneas se manifestaron también los gremios que se movilizaron frente al Congreso y le entregaron a los legisladores el resultado de una junta de firmas, que destacaron la importancia de mantener la conectividad aéra del país y su valor para la promoción del turismo nacional.
Pese a su déficit operativo, Aerolíneas Argentinas no recibió transferencias corrientes del Tesoro en los tres primeros meses del año, según los datos publicados por la Subsecretaría de Presupuesto de la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía.
Respecto del Correo Argentino, los senadores patagónicos también presionaron para excluirla de las empresas a privatizar por el uso de sus oficinas para realizar trámites cotidianos. Con 3.300 puntos de venta en el país y una dotación total de 16.406 empleados, tuvo un rojo en su operación en los tres primeros meses del año de -$20.650 millones, que fue cubierto con transferencias corrientes del Tesoro por $31.800. El año pasado, su déficit había ascendido a -$75.149 millones.
La tercera compañía que permanecerá en manos del Estado, al menos hasta ahora y pese a lo que había anunciado Milei reiteradas veces en su campaña, es RTA, que incluye a la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país. Con 2.387 empleados, también registró un déficit en su operación de -$11.015 millones en el primer trimestre del año. Fue cubierto con giros corrientes del Tesoro por $10.217 millones. En 2023, su rojo había sido de -$32.862,5 millones.
El resultado operativo sumado de las tres empresas que ya no estarán sujetas a privatización, de enero a marzo de este año, arrojó una ligera mejora total de $5.740 millones versus el mismo período de 2023, medido en moneda homogénea promedio del primer trimestre de 2024, según el análisis realizado por el economista Salvador Vitelli.
“El resultado operativo, en definitiva, es el resultado del negocio en sí mismo, dejando de lado las transferencias que puede llegar a hacer el Gobierno para cubrir ese déficit. En ambos trimestres hubo básicamente el mismo déficit operativo, principalmente explicado por Aerolíneas Argentinas. Eso da la pauta de que no han cambiado demasiado los resultados de estas empresas en este primer trimestre. En el caso del Correo y RTA, se ve también una disminución de las transferencias del Tesoro, que básicamente termina explicando un deterioro en los resultados económicos”, agregó Vitelli, de Romano Group, en diálogo con Infobae.
Más allá de la exclusión de Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA en la versión de la Ley Bases aprobada en el Senado, que ahora debe ser ratificada o revertida en Diputados, el jefe de Gabinete adelantó esta mañana en declaraciones a Radio Mitre que el Gobierno no desiste de avanzar con su traspaso a manos privadas. “Es una ley que tuvo modificaciones, sin dudas. Si uno dice las privatizaciones que estaban planteadas en Aerolíneas, Correo Argentino... En eso vamos a insistir. Una cosa es que no se hayan aprobado en esta ley. Presentaremos proyectos concretos sobre propuestas de concesión o privatización. Cuando uno habla de reforma del Estado tiene que hablar en serio”, señaló Francos.
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