Ley Bases y paquete fiscal: una apuesta política antes que económica, con incertidumbres y muchas internas

Números muy ajustados, incógnitas sobre el texto que saldrá del Senado si logra aprobación y una sola certeza: el debate sobre la Ley Bases y el paquete fiscal es definitivamente una apuesta política antes que económica, aunque está claro que impactará en todos los terrenos. Con negociaciones al límite y repaso en continuado de apoyos y presencias en las bancas, el oficialismo enfrenta este miércoles una batalla central por su principal proyecto legislativo, cumplidos ya los primeros seis meses de gestión.

Dos gestos de última hora, en la noche del martes, terminaron de ilustrar la fragilidad del cuadro en el Senado, con dos pinceladas gruesas: la fragmentación política y, como consecuencia y retroalimentación, los efectos de las internas en el tablero general. Una muestra remite a legisladores vinculados -aunque no mecánicamente- con fuerzas provinciales cuyo juego nacional es por el valor de sus votos, no por algo parecido a un proyecto global. Y la otra amplifica los crujidos en el radicalismo. Con todo, no es el único fenómeno doméstico.

Dos senadores de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, decidieron revertir el apoyo inicial expresado en comisiones y no aportar al número para iniciar la sesión. Al margen de explicaciones formales, juega fuerte en una disputa por regalías con el lobby de empresas mineras. Aun así, el oficialismo expresaba tener número justo para abrir la sesión: 37 legisladores. Un cálculo similar, aunque con reserva, sostenían en oficinas de posibles aliados “dialoguistas” y del peronismo no K.

En ese contexto cargado de tensiones, y con negociaciones aún abiertas sobre algunos artículos, el foco se corrió en segundos a Martín Lousteau. El presidente de la UCR mantuvo contactos con Victoria Villarruel, según trascendió, y lo más concreto fue su anuncio con la decisión de aportar al quórum. Alivio parcial para el oficialismo, porque el senador radical mantiene su propio dictamen, algo que desde el kirchnerismo evalúan como una vía para bloquear el proyecto oficialista.

Lousteau enfrenta una situación cuanto menos original. Hace una apuesta que se supone a futuro, para perfilar una opción opositora que no se limite al peronismo/K. Pero en esta instancia concreta de la Ley Bases, se le hace difícil buscar singularidad o liderazgo en la diferenciación, entre otras razones, porque no contiene a todo el radicalismo. El grueso del bloque de senadores de la UCR anticipa su apoyo al proyecto, con cambios, y los gobernadores de lo que fue JxC -incluidos los radicales- expusieron su aval.

Ese último episodio expuso también el nivel de fisuras. Maximiliano Pullaro se habría molestado con el modo en que fue producido el documento de la decena de jefes de distrito bajo la marca de JxC y, más aún, con la forma precipitada de difundirlo sin el visto bueno final. El otro dato es su posición en la línea del titular radical.

El gobernador santafesino mantiene una posición crítica pero no de ruptura, y hasta de varias coincidencias, con el gobierno nacional. Es parte de su gestión. Y ayer mismo, se mostró con Patricia Bullrich, en Rosario: difundió el acto y tuvo gestos notables hacia la ministra. El palo al breve documento de apoyo a las leyes en cuestión quedó a cargo de Emiliano Yacobitti, próximo a Lousteau. No pareció la mejor imagen para saldar el tema.

Los dos bloques que actúan como uno y que nuclean al peronismo/kirchnerismo se muestran unidos en el rechazo y buscan explotar fisuras en otros espacios. Amortiguan así por ahora sus propios asuntos. Esperan que el oficialismo se haga cargo del quórum con sus aliados, algo común en todas las épocas frente a batallas de fondo. Y hasta se mostrarían cerrados si se pasa esa prueba y se llega a la votación en general. No está claro qué sucedería con algunos puntos en particular, especialmente en el caso del paquete fiscal.

El peronismo perdió el dominio del conjunto de los gobernadores, como expresión de la larga serie de elecciones provinciales, el año pasado. Y dentro de su espacio, hay al menos tres que tomaron distancia y dieron un aval al proyecto -modificado nuevamente- de Ley Bases y su compromiso con las provincias, es decir, el paquete fiscal: Tucumán, Catamarca y Salta. El punto es cómo se moverán los pocos pero “estratégicos” senadores que les responden. Puede haber votos a favor sin vueltas de algunos artículos. Y habría que observar el juego de ausencias y presencias.

Por supuesto, otro punto central de lectura tiene que ver con el interior del oficialismo. La suerte de la Ley Bases es un elemento gravitante, central, para los funcionarios más jugados a la búsqueda de acuerdos, después del fracaso del texto original del proyecto y el desgaste por el mega DNU. Integran lo que algunos mencionan como “ala política”. Influyeron para que el discurso “anti casta” conviviera con las gestiones para destrabar el tema en el Congreso, aun con una versión acotada, y para tratar de tender puentes en otros ámbitos, tanto sindicales como empresariales.

Guillermo Francos se encargó personalmente del tema, con más carga y espacio desde la Jefatura de Gabinete, luego de la decisión presidencial de darle salida a Nicolás Posse. Fue la expresión más cruda de la interna en el oficialismo. En la línea más política pesa especialmente Santiago Caputo, con perfil más expuesto, al menos en el mundillo de operadores políticos y empresariales.

Pensado en términos domésticos, desde el Gobierno dicen que una vez que esté definida la suerte de la Ley Bases, es posible que haya cambios en el gabinete. Pero la proyección más trascendente tiene que ver con el impacto que se imagina en la economía y no sólo en los mercados. Eso último incluye el frente externo. Y en el ámbito local, no se trata de esperar un giro veloz en materia de inversiones o planes, sino de alimentar expectativas con base en cierta capacidad política. En sentido inverso afectan las decenas de renuncias y la falta de avances en algunas áreas de gestión.

Las leyes en cuestión, si son aprobadas, tendrían efecto concreto en economía y en la estructura del Estado. Precisamente, los puntos más complicados tienen que ver con eso: facultades delegadas, privatizaciones, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), reversión del impuesto a las Ganancias y blanqueo de capitales, en primera línea.

Pero el dato central, además de previo, será el resultado de la batalla política. Parece haberlo comprendido el Gobierno. Lo sabe de entrada la oposición más dura. Eso mismo le da sentido crucial a la pelea en el Senado.