Javier Milei enfrenta horas cruciales por la Ley Bases y se mantiene la tensión por el posible reordenamiento de su gabinete

Si ratifica sus declaraciones de hace poco más de quince días, Javier Milei realizará una “evaluación de resultados” y un análisis de todo el gabinete una vez que el Senado defina, a partir del miércoles, el futuro de la Ley Bases y del paquete fiscal, los dos proyectos emblemas del Ejecutivo cuya sanción definitiva proyectaba anoche un desenlace aún incierto en medio de intensas negociaciones y operaciones cruzadas. “Esto es fluido”, se sinceró a última hora una alta fuente oficial sobre el resultado de esas conversaciones a contrarreloj.

Ayer, en una reunión que compartió al mediodía fuera de Casa Rosada, en un alto en las tratativas, Guillermo Francos fue consultado sobre el avance de las negociaciones con los senadores: el jefe de Gabinete se mostró confiado respecto al resultado de la votación en general del próximo miércoles, y anticipó un escenario indefinido en torno a la discusión en particular, en especial a los capítulos más resistidos de ambos proyectos, como el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), las privatizaciones -anoche todavía se especulaba con la posibilidad de dejar a Aerolíneas Argentinas afuera de una eventual venta-, el blanqueo, Ganancias o la delegación de facultades, un rubro de particular interés para Milei que, según confiaron las fuentes, preveía un final muy ajustado.

Con el presidente recluido en Olivos, Francos había sido delegado como la cara visible de la negociación con el Senado, un rol que acentuó en las últimas semanas, con mucho mayor énfasis desde que asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Nicolás Posse, un cambio de piezas en el sistema de toma de decisiones periférico a la conducción central del “triángulo de hierro” integrado por el presidente, su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, por donde se define el rumbo de la gestión.

Milei no esperó el resultado de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado para avanzar con la salida de Posse, un viejo amigo que, según el diagnóstico del mandatario, no funcionó: la confianza entre ambos se terminó de quebrar cuando, según las fuentes, el ex funcionario le llevó al jefe de Estado información sensible sobre su entorno más cercano. Tras la renuncia de Posse, por caso, la AFI quedó bajo la órbita de Caputo.

Durante la entrevista de fines de mayo en la que resaltó que, desde ese momento y hasta la aprobación, o no, de la Ley Bases y el paquete fiscal, todo el gabinete quedaba “bajo análisis”, Milei se refirió al desenlace de ambas leyes como “el primer hito” del gobierno, y dijo que recién después de eso definiría la suerte de sus colaboradores.

Lo cierto es que, después de esas declaraciones, Milei anticipó la salida de Posse, las negociaciones en el Senado entraron en un terreno algo más empantanado de lo que estaban y el sistema de toma de decisiones del gobierno exhibió un evidente desgaste, en especial en la última semana, potenciado por el creciente ruido interno en el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, jaqueada por una fuga masiva de funcionarios y serias ineficiencias en la gestión más allá de la batería de denuncias contra la anterior administración, bien fundamentadas en un buen número.

Ayer, el presidente confirmó a través de sus redes que intentaron vandalizar el domicilio de la ministra, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, un episodio confuso que Pettovello denunció en la Justicia y que, según fuentes del ministerio, se sumó a otros de las últimas semanas, atravesados, en teoría, por una disputa entre diversos bandos. Capital Humano es, como quedó en evidencia, un verdadero polvorín.

En ese contexto, la discusión de este miércoles en el Senado en torno a la Ley Bases y el paquete fiscal se configura para Milei como un suceso bisagra para el segundo semestre de su primer año de mandato, en coincidencia con la posible reconfiguración de sus equipos que, según fuentes oficiales, podría terminar de decidir el presidente en estos días, después del debate parlamentario en la Cámara alta y en Diputados, si es que se introducen, como pareciera, modificaciones a la media sanción en cuestión.

El presidente y su anillo más próximo siguen convencidos, sin embargo, del acompañamiento de buena parte del humor social. Según el último estudio de la consultora Casa Tres, entre enero y mayo la imagen positiva de Milei casi no varió: se mantuvo en torno al 50%. Según Mora Jozami, su directora, sostenida por las expectativas a futuro y “la capacidad de enfrentar lo que se odia”. No se trata entonces del presente, si no más bien del futuro. Para ese futuro, la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal representa para el gobierno la necesidad, más allá de las herramientas, de darle un sostén político a su programa económico.

Justo frente a ese desenlace, y tras la salida de Posse que reemplazó, como un gesto al sistema, con el desembarco de Francos, un funcionario dialoguista, que conoce desde adentro la función pública y que siempre prefiere el acuerdo antes que el conflicto, Milei se abrazó a la causa Pettovello con mucho más decisión que la propia ministra, agobiada por las disputas internas y los sinsabores de una estructura gigantesca para una funcionaria sin experiencia en la función pública.

El fin de semana trascendió, según fuentes oficiales, que la ministra le había dado el visto bueno a la opción de recalar en otro rol específico, vinculado con las denuncias que propició desde que se hizo cargo de Capital Humano. Circuló, por caso, el nombre de la Oficina Anticorrupción. Como un salida elegante.

Pero Milei no quiso, al menos por ahora, saber nada con una posible mudanza de su ministra preferida. No tras la renuncia de Posse, al que, hasta el momento, no se prevé reinsertar en la administración. Durante la semana dio sobradas muestras de respaldo: la recibió en Olivos, la visitó en su oficina, consensuó con ella el reemplazo de Pablo de la Torre y volvió a recibirla en la quinta presidencial este domingo. Ayer se rumoreó que podía haber novedades al cierre de esta semana, cuando el presidente esté de viaje por Italia, para participar de la cumbre del G7, y una vez que empiece a despejarse el pronóstico en torno a la Ley Bases y el paquete fiscal.

Anoche, por el contrario, en Casa Rosada se evidenciaron pocas señales de patrocinio a la canciller Diana Mondino que, hasta ayer, estaba fuera de la comitiva presidencial que estará desde este jueves a orillas del Mar Adriático, en Italia, para el G7. Un traspié azuzado por la reciente definición de Karina Milei que absorbió el manejo de la agencia de inversiones de Cancillería -ya estaba previsto, confiaron-, que sumó a la gestión de la Marca País, una estructura que interesa al diputado Hernán Lombardi.

En fuentes oficiales, y en la propia Cancillería, se avizoraba ayer un panorama complejo para Mondino, en un sillón muy codiciado, en especial por algunos referentes internacionales del PRO. Sobrevoló, además, el nombre de Daniel Scioli, bien conceptuado por Milei, muy cercano a Francos, y algo resistido por otros sectores.

El viernes, la ministra había quedado salpicada por la repentina ausencia de Milei en la reunión con embajadores que el presidente suspendió a último momento cuando se enteró que figuraba entre los presentes el representante de Palestina. La canciller fue la primera apuntada por el desplante, aunque en el Palacio San Martín explicaron que el listado con los participantes del encuentro fue revisado no solo por protocolo de Cancillería si no también por ceremonial del gobierno.

Un malentendido similar al de marzo pasado del Ejecutivo cuando se avanzó con un aumento de sueldos para la planta política que, al final, fue suspendido por orden del mandatario cuando se filtró a los medios: como ahora, en aquel momento tampoco quedó del todo claro de quién fue el error. Según trascendió, fue el principio del final de Posse.

Más allá de la eventual reorganización del gobierno que Milei podría ejecutar próximamente -todavía se desconoce qué función oficial tendrá Federico Sturzenegger que, en los hechos, colaboró sin nombramiento en algunas de las principales decisiones del presidente-, las horas previas al inicio del debate de la Ley Bases y el paquete fiscal de este miércoles desnudaron la tensión en la negociación entre el gobierno y sectores de la oposición. En particular, con Martín Lousteau.

En Casa Rosada existe un especial interés por los movimientos del senador -multisectoriales- y presidente del comité nacional del radicalismo que presentó un texto alternativo al dictamen de mayoría que consiguió el oficialismo con los aliados. El antecedente de los dos tercios de la fórmula de movilidad jubilatoria de la Cámara de Diputados de la semana pasada encendió luces de alarma en el gobierno: se aliaron, transitoriamente, el kirchnerismo, la UCR, la Coalición Cívica y el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto.

En el gobierno quieren evitar una sociedad similar en el Senado, como aquella que se alcanzó para rechazar el DNU 70 ideado por Sturzenegger. Lo llamativo, de todos modos, es el vaivén en las negociaciones: semanas atrás, antes de que se vaya Posse, Lousteau y su entorno habían entablado una serie de conversaciones con el Ejecutivo. Con Francos, Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem.

En las últimas horas, desde el Gobierno seguían de cerca, además, a un grupo de senadores que no están particularmente referenciados con sus gobernadores. Entre ellos, Edgardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola o Lucila Crexell. En este último caso, circuló un posible ofrecimiento para un destino en el exterior a cambio del acompañamiento de la ley. En despachos del peronismo trascendió que la ex presidenta Cristina Kirchner, muy activa puertas adentro, avisó que los legisladores que le responden no darían el visto bueno si se tratara, por ejemplo, de una embajada que, en ese caso, debería tener convalidación del Senado.

Ayer por la tarde, los gobernadores de Juntos por el Cambio emitieron en paralelo un comunicado en el que subrayaron que “no hay más tiempo que perder”, en alusión al tratamiento de ambas leyes. Lo firmaron los 10 jefes provinciales del radicalismo y del PRO. Entre ellos, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Un rato después, el ex diputado Emiliano Yacobitti, mano derecha de Lousteau, escribió un posteo en sus redes en el que abundó en que el texto era “FALSO”. Cerca de Yacobitti explicaron que la firma de Pullaro, muy cercano a ambos, se había incluido sin su consentimiento. Desde Santa Fe esgrimieron que hubo un cortocircuito. Antes de fin de mes, podría haber una foto de ese sector en esa provincia.

Antes de eso debería empezar a definirse el futuro de la Ley Bases y del paquete fiscal. “Es un tremendo quilombo si no sale”, dijo anoche uno de los 10 gobernadores que firmó la solicitada y que hoy a las 11 y media de la mañana tenía previsto reunirse de manera virtual con el resto para unificar aún más una postura en común.