Escándalo en Santa Cruz: el gobernador denunció a funcionarios vinculados al kirchnerismo por sabotear la red pública de agua para venderla de manera privada

En la provincia de Santa Cruz, de manera puntual en la ciudad de Caleta Olivia, existe una organización delictiva dedicada a sabotear la red pública de agua potable para venderla de manera privada, a través de camiones, que involucra a funcionarios vinculados al kirchnerismno. Así lo aseguró el gobernador provincial, Claudio Vidal, que ordenó una investigación y pidió la renuncia a los directivos de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

“Acá hubo negocios con el agua toda la vida. La planta de ósmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción. Pequeños grupos de la política que se quedó con el patrimonio de los santacruceños”, sostuvo Vidal a través de un comunicado.

El mandatario provincial detalló la operatoria delictiva y apuntó contra el kirchnerismo por privilegiar “los negociados”. Hay que recordar que entre 2015 y 2023, Santa Cruz estuvo gobernada por Alicia Kirchner.

“Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para ‘robar’ el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, y así cargarla en camiones y venderla en forma particular”, señaló.

“Esa operatoria tiene varios años de antigüedad, pero se acabó, caerá sobre sus responsables todo el peso de la ley”, agregó el mandatario.

Según se informó de manera oficial, tras detectar estas irregularidades se ordenó al jefe de Policía de la regional el “control total y custodia de las llaves y válvulas de los acueductos, por encima de los trabajadores de la empresa”, y la realización de un “exhaustivo trabajo técnico, soluciones urgentes relacionadas con el suministro del agua, un estudio de las principales inversiones para mejorar el servicio”.

Tras esta denuncia pública, que realizó a través de las redes sociales, Vidal hizo una recorrida sorpresiva en la zona donde se almacena el agua potable, detectó que en al menos tres escuelas había válvulas estranguladas, y también solicitó que los funcionarios municipales realicen las presentaciones judiciales. “Si no hay agua para mis vecinos, mucho menos para los negocios”, señaló el gobernador, según se indicó en un comunicado oficial.

Por otro lado, y según informó el medio local El Caletense, los despidos y sumariados Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) serían nueve, entre ellos un gerente y un ex gerente.

Por otro lado, Santa Cruz dio ayer un paso importante para derogar la Ley de Lemas. La Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó por mayoría un proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo Provincial, aunque sin el apoyo del diputado de Unión por la Patria, Eloy Echazú. La propuesta continuará su tratamiento en comisiones este martes, con la intención del oficialismo de aprobarla en la próxima sesión legislativa, prevista para el jueves.

La Ley de Lemas, vigente desde hace más de tres décadas en Santa Cruz, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos. Su derogación fue uno de los compromisos de campaña del gobernador Claudio Vidal y el vicegobernador Fabián Leguizamón. Este sistema electoral, oficialmente conocido como sistema de doble voto simultáneo y acumulativo, permite que cada partido o alianza constituya un lema, compuesto a su vez por sublemas o listas internas. En el escrutinio, se suma el total de votos de cada sublema, resultando electo el candidato del lema con más sufragios, lo que ha generado controversias al distorsionar, según sus críticos, la voluntad popular.

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el proyecto recibió el respaldo de los diputados Fernando Españón, Piero Bofi, José Quiroga y Pedro Muñoz. Sin embargo, Eloy Echazú, presidente del Bloque de Unión por la Patria, no acompañó la iniciativa. El dictamen aprobado propone derogar la Ley Provincial N° 2.052 y sus modificatorias, y adherir al Código Electoral Nacional y a la Ley Nacional N° 26.571.