Obras sociales: el Gobierno modificó el pago de un subsidio que favorecía a las de menos afiliados

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) modificó el cálculo del monto del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) que cobran las obras sociales en forma automática todos los meses, y que está destinado a complementar los ingresos de estas entidades sindicales y compensar a las que tienen menos de 5.000 afiliados, para garantizar la cobertura de prestaciones básicas a todos los usuarios del sistema. Lo hizo a partir de un decreto dictado por el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Salud, Mario Russo, que dispuso que -desde junio- las obras sociales comenzaran a cobrarlo en función de su cantidad real de afiliados. Se dejó sin efecto, así, la compensación adicional que tenían las obras sociales más chicas.

“Este nuevo mecanismo de distribución del subsidio tiene como objetivo eliminar las distorsiones e inequidades detectadas en el cálculo a pagar, que favorecía a las que tenían menos de 5.000 afiliados, y avanzar hacia un sistema de salud más justo, equitativo y eficiente”, explicaron en la Superintendencia. La medida -agregaron- “busca terminar con las obras sociales que funcionan como sellos de goma, y que solo sobreviven a costa de los subsidios que cobran de la Superintendencia”.

El SUMA fue implementado en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, a partir del decreto 1609/2012. Conformado originalmente con el 5% de los aportes de trabajadores y empleadores a las obras sociales, ese porcentaje se redujo en 2018 al 3%. Lo paga la AFIP a mes vencido, a partir del número de afiliados que le informa mensualmente la SSS.

Hasta el dictado del nuevo decreto 355/2024 del gobierno de Javier Milei, un 20% se repartía en partes iguales entre todas las entidades con más de 5.000 afiliados, y el 80% restante en forma directamente proporcional al número de beneficiarios. Las obras sociales de menos de 5.000 beneficiarios, cuyo ingreso mensual promedio por afiliado sea inferior al promedio por afiliado de todo el sistema, reciben además una compensación económica mensual que les permita alcanzar ese valor.

Este componente se financia con parte del saldo del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que administra la SSS, y está destinado a cubrir prestaciones médicas de alta complejidad, la compra de medicamentos costosos y el tratamiento de pacientes con discapacidad, que muchas de obras sociales no pueden afrontar en su totalidad.

“El diseño inadecuado que tenía el subsidio implicó que algunas obras sociales recibieran recursos del Fondo Solidario de Redistribución en perjuicio de otras y, por ende, de los propios afiliados”, señalaron en la SSS. Con el cambio implementado por el Gobierno, el SUMA se empezó a calcular sobre la totalidad del 3% de la recaudación mensual correspondiente a los aportes de los empleados y contribuciones de los empleadores destinados a ese subsidio, y no sobre el 80% como hasta el mes pasado. Según los datos a los que accedió Infobae, el monto total transferido por el SUMA en junio a las 290 obras sociales, fue de $15.577 millones, unos $2.000 millones menos que con el cálculo de distribución que regía con la normativa anterior.

“Lo que sucedía hasta ahora era que una enorme cantidad de obras sociales elegían no crecer, ni ofrecer mejores prestaciones para no perder subsidios millonarios que recibían, únicamente, por no superar los 5.000 afiliados. Se le daba un premio a la ineficiencia. Eso no solo era un curro, sino que también generaba una injusticia con el resto de las obras sociales que sí superan ese número a partir de competir libremente en el mercado”, agregaron en el organismo a cargo de Gabriel Oriolo. Designado en enero, su nombramiento había generado algunos cuestionamientos porque, hasta noviembre de 2023, había sido director de Procesos y Sistema de OSDE, una de las entidades bajo control de la SSS.

Desde el organismo aseguraron que “a partir de ahora, no habrá privilegios de ningún tipo para ninguna obra social por cantidad de afiliados y, el subsidio, quedará directamente en cabeza del propio usuario”, y que la medida ”va en línea con el objetivo de impulsar la libre competencia en el mercado y que el beneficiario tenga verdadera libertad a la hora de elegir”.

Para Graciela Ocaña, ex ministra de Salud de la Nación, la cantidad de obras sociales registradas - suman hoy son unas 290 - es muy elevada y tiene que rediscutirse, ya que “muchas tienen pocos afiliados y no pueden sostener una estructura de costos para dar el servicio de salud”. La legisladora porteña advirtió: “Esto los sindicalistas lo saben, porque hubo un manejo político de autorizar obras sociales que, muchas veces, no tenían la capacidad ni la cantidad de afiliados necesaria, y esto termina desvirtuando el sistema”.

Hasta el dictado del decreto 170/2024 de Javier Milei que desreguló las obras sociales, las entidades sindicales más chicas venían actuando, en muchos casos, como intermediarias para que los empleados pudieran derivar sus aportes a una cobertura privada, y se quedaban con un porcentaje, sin ofrecer un servicio o prestación a cambio.

Las obras sociales que más perdieron por el pago del SUMA son 201: tuvieron una quita que, en su conjunto, totaliza $3.483 millones, según los datos oficiales analizados por Infobae.

La que mayor diferencia tuvo entre lo cobrado en junio respecto de lo habría recibido antes del cambio de normativa fue la obra social de Modelos Argentinos, que tiene 4.420 afiliados. Con el cálculo anterior habría cobrado $129,3 millones por el SUMA, pero en junio, recibió apenas $4,6 millones, es decir $124,7 millones menos.

Le siguen una decena de obras sociales con un número de afiliados que va de los 2.700 a los 4.600. Una de ellas es la obra social de Conductores de remises y autos al instante: con 4.430 afiliados, recibió en junio $115,2 millones menos de lo que habría cobrado antes de la modificación del decreto.

En el ranking de las que más perdieron vienen luego la del Personal de Dirección de la Industria Maderera, que tiene 3.997 afiliados y cobró $115 millones menos; la del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (tiene 3.642 afiliados y en junio embolsó casi $100 millones menos); y la del Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (con 4.243 afiliados, cobró $97 millones menos).

En una situación similar están la obra social de los Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (con 3.841 afiliados, recibió $88 millones menos); la de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C (con 4.622 afiliados, recibió $80 millones menos); Conductores Titulares de Taxis de CABA (tiene 2.735 afiliados y cobró $77,5 millones menos); la del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (2.992 afiliados, $75,4 millones menos); la del Personal del azúcar del Ingenio San Martín (4.409 afiliados, $72,5 millones menos); y las de los Peones de Taxis de la Capital Federal (3.800 afiliados) y el Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro (4.380 afiliados), que recibieron ambas $71,6 millones menos.

Al modificar el pago del SUMA en función de la cantidad real de afiliados, a la vez, salieron favorecidas las obras sociales más grandes que, por tener mayor cantidad de afiliados, en junio, recibieron más dinero con el nuevo cálculo. Según el análisis de Infobae, son 89 las más beneficiadas con mayores montos.

Es el caso de la obra social del Sindicato de Empleados de Comercio (OSECAC), del gremio liderado por Armando Cavallieri, que tiene 1.551.784 adherentes. Antes de la modificación, habría recibido $1.329 millones, es decir $857 por afiliado. Pero en junio, cobró $1.643 millones, $313 millones más, a un valor per cápita de $1.059.

Lo mismo ocurre con el resto de las que tienen mayores volúmenes de afiliados, como la Obra Social del Personal de Dirección de Empresas (OSDE) que, con 828.016 afiliados, recibió $877 millones ($112,5 millones más que con el cálculo que regía antes).

Es el caso también de la obra social del Personal Rural y Estibadores (UATRE), suyo secretario general es José Voytenco y recibió este mes de la Superintendencia $651,2 millones ($115 millones más) en función de sus 614.961 afiliados; y el de la obra social del personal de la Construcción, gremio que lidera Gerardo Martínez, y recibió $610,5 millones por sus 576.659 afiliados ($107 millones más).

Le siguen entre las más beneficiadas la obra social de la Unión Del Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce Andrés Rodríguez, con recibió $542 millones este mes, $93,4 millones más por sus 512.357 afiliados. Luego aparecen la obra social de los Petroleros, que embolsó $478,8 millones con 452.144 afiliados ($80,6 millones más); la de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, manejada por Luis Barrionuevo, que tiene registrados 345.949 afiliados y recibió $366,3 millones en junio ($58 millones más de lo que le hubiera correspondido según el decreto anterior).

Entre las más beneficiadas también aparecen la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), gremio que conduce Abel Furlán: con 248.907 afiliados, recibió este mes $263,6 millones ($37,5 millones más); y la del Personal de la Sanidad Argentina, sindicato que lidera Héctor Daer, secretario general de la CGT, que embolsó $261,6 millones en junio - $37,2 millones más - en función de sus 247.037 afiliados.

El listado completo de lo que recibió cada una de las 290 obras sociales vigentes, según el cambio dispuesto por el Gobierno, y el monto original proyectado según el decreto anterior, puede verse en la tabla a continuación:

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander