La trama desconocida de los contratos y licitaciones de la OEI con Capital Humano: los controles y las irregularidades que investiga la Justicia

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) quedó en medio de las denuncias por negligencia en la administración de los alimentos destinados a población vulnerable y de presunta corrupción con contratos de personal en el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello. Se trata de una entidad con rango diplomático que trabajó con los últimos gobiernos argentinos, de todos los signos políticos, y que está ahora en el ojo de una tormenta política con final incierto por posibles desvíos de fondos públicos.

Con sede en Madrid e integrada por 23 países, la filial local de esa entidad multilateral fue mencionada en la denuncia que presentó el Gobierno como una pieza clave en un supuesto circuito de recaudación ilegal con contratos de asesoramiento en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que encabeza el despedido Pablo De la Torre. Una planilla con 20 nombres trascendió a los medios de comunicación, pero en Capital Humano y otras dependencias hay al menos 300 contratos similares con sueldos de hasta 1,2 millón de pesos, según pudo saber Infobae de fuentes calificadas.

Debido a su condición de representación diplomática con reconocimiento oficial de la República Argentina, la actuación de los tribunales locales -hay al menos cuatro denuncias presentadas- está limitada. Es que su estatus jurídico lo asemeja a una embajada.

¿Ahora cómo llegó la OEI a aparecer como tercerizadora del personal del Estado? ¿Por qué el Gobierno decidió asignarle la compra de comida para población vulnerable? ¿Qué controles se aplicaron en todos esos procesos? ¿Y cómo se administran los fondos y qué responsabilidad tienen los funcionarios intervinientes?

Desde que estalló el escándalo, hace dos semanas, Infobae consultó a todas las partes involucradas. En base a documentación y testimonios relevados por este medio, se pudo determinar que funcionarios del gobierno de Javier Milei convocaron a la OEI, que es representada en Buenos Aires por el argentino Luis Scasso, como un atajo para sortear las limitaciones administrativas y políticas que tiene el Estado para resolver de manera rápida situaciones urgentes -como la compra de alimentos- y también para contratar personal.

La OEI apareció por primera vez en un comunicado oficial el 8 de febrero: “La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el PNUD y la OEI para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, se informó.

“Estos convenios asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, permitirá adoptar criterios basados en especificaciones técnicas y nutricionales, en lugar de marcas comerciales y promoverá la participación de una amplia gama de proveedores, desde grandes empresas hasta pequeños productores locales”, indicó el parte de parte. Nada hacía suponer las denuncias que iban a aparecer tres meses después.

La OEI tiene un sistema de controles cruzados y normas de transparencia que vienen impuestas por la Unión Europea. Según pudo saber Infobae, los convenios firmados en cada país son enviados a Madrid, allí se revisan, se avalan y se aprueban tras comprobar que cumplen con esos requisitos. Los firmados con Capital Humano cumplieron el mismo recorrido y tuvieron luz verde del organismo que preside el secretario General, el español Mariano Jabonero. En todos los acuerdos se incluye un “costo administrativo” del 5% sobre lo efectivamente ejecutado.

A cuenta de Capital Humano, la OEI compró mediante un proceso de licitaciones abierto alimentos por 4.500 millones, en base a un presupuesto original que estaba en el orden de los 7.000 millones pesos. En las oficinas de Buenos Aires aseguran que toda la información está publicada en la página oficial y que cada uno de los pasos fueron resueltos mediante una ejecución condicionada a las autorizaciones previas del Estado. “Se pagó a cada proveedor cuando el Ministerio lo aprobaba”, indicaron fuentes familiarizadas con la operatoria.

En la compra de comida, que se resolvió de urgencia debido a reclamos de organizaciones sociales, piqueteros y hasta autoridades de la Iglesia Católica, no hubo mayores observaciones, debido a que los procesos administrativos cumplen con los criterios de trazabilidad. El problema, según reconocen todas las partes involucradas, está en los contratos de locación de servicio que fueron firmados con diversas reparticiones del gobierno.

La zona gris en la cooperación entre el gobierno argentino está en los contratos que están siendo investigados por la Justicia como parte de un entramado de recaudación ilegal. Como reveló Infobae la semana pasada, se trata de un sistema que podría tener semejanzas con el caso “Chocolate” Rigau -contratos truchos- con el de los piqueteros -retención y aportes de parte de lo cobrado- para formar una “cajita” para distribuir fondos públicos. Esta práctica se investiga que se habría realizado en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Al responsable Pablo De la Torre ya lo despidieron y lo denunciaron. Se está investigando también cuántos contratos tiene la Secretaría de Educación y el resto de las reparticiones de Capital Humano.

De acuerdo con testimonios obtenidos por este medio de primera mano, funcionarios del Ministerio de Pettovello entregaron listados de postulantes a ser contratados por la OEI, con el objetivo de conseguir que el personal ingresado pudiera ejercer sus funciones, cobrando un sueldo, hasta que el Estado protocolizara e hiciera oficial los nombramientos. Para eso, las dependencias públicas “conveniaron” con la OEI y, a su vez, la Organización de Estados Iberoamericanos firmó con el futuro empleado público un contrato de asesoramiento para cumplir determinada tarea en la dependencia solicitada por el funcionario firmante. “Se hicieron acuerdos similares los últimos gobiernos”, reconocieron fuentes familiarizadas con la investigación.

La filial porteña de la OEI -que también tiene representaciones en otras 20 provincias- revisó los antecedentes de los aspirantes y, según reconstruyó Infobae, convocó para firmar en sus oficinas a cada uno de los nombres enviados por las oficinas del Estado. Con documento y datos bancarios. En la sede de la calle Paraguay aseguran que pasaron todas las personas solicitadas por Capital Humano. Por cada uno de esos acuerdos, la organización percibe un 5% en concepto de gastos administrativos y de control.

“Cada mes se pagó a cada contratado una vez que el Ministerio enviaba por el sistema GDE -de gestión documental electrónica del Estado- la certificación de que había cumplido la tarea para la que había sido solicitado su servicio”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

De todos modos, en esta operatoria aparecen las debilidades en los controles. Es un reconocimiento que hizo la OEI en el comunicado difundido el fin de semana.

La OEI admitió que acordó con Capital Humano “la prestación de servicios de personal transitorio y la adquisición de alimentos destinados a mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad. Este acuerdo permitió un ahorro del 40% en los precios de referencia, superior a los 2.500.000.000 de pesos” y agregó: “Los costos administrativos, que representan el 5% del total adjudicado, se destinan a gastos bancarios, auditorías y recursos humanos”.

“En relación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la OEI llevó a cabo la contratación de prestadores para diversas funciones solicitadas por dicha dependencia. La selección de perfiles corresponde exclusivamente a la Secretaría, mientras que la OEI se limita a ejecutar las decisiones y procedimientos establecidos por esta. Además, cualquier inconsistencia detectada en los procesos es comunicada fehacientemente, para que la Secretaría determine las acciones a seguir, reafirmando el compromiso de la OEI con la transparencia y la rendición de cuentas”, consignó el comunicado. Una operatoria que quedó bajo la lupa de la Justicia.