El cambio en las jubilaciones avanzó en Diputados y se reavivó la expectativa por un eventual veto presidencial

Luego de que los bloques de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal llegaran a un acuerdo, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria obtuvo esta noche la media sanción en la Cámara de Diputados. De avanzar en el Senado, el haber mínimo rondaría los 260 mil pesos. Sin embargo, Javier Milei la vetaría.

“El presidente ya lo dijo, todo lo que atente contra el equilibrio fiscal lo va a vetar”, manifestó ayer a última hora previo a la sanción el vocero Manuel Adorni, quien acusó al kirchnerismo de “atentar contra el programa de gobierno”. “Los que están seguros que nuestro plan, nuestro programa y nuestro camino sale bien son los kirchneristas, si no no estarían atentando permanentemente contra el Gobierno”, ensayó como crítica el portavoz.

“Es gente que no entiende de cuestiones elementales, no entienden la ley de gravedad. Está claro que vos de un lado podés tener más gastos en tanto y en cuanto del otro lado tengas más recursos. Es cierto que alguno de estos impresentables de los K creyeron que podías imprimir riqueza en una maquinita. Eso quedó demostrado que no, la maquinita no sirve para hacer riqueza. No entienden que si ellos quieren darle un aumento a los jubilados, de un lado tenés gastos y del otro tenés que tener como cubrirlo”, continuó Adorni.

En diálogo con Todo Noticias (TN), agregó, que “si el razonamiento kirchnerista es el de los últimos 20 años, nosotros no vamos a ser cómplices de lo que llevó a la Argentina a este derrotero social, derrotero cultural y derrotero económico”.

Guillermo Francos se manifestó también al respecto durante la mañana del martes, cuando le reclamó a los sectores que impulsan la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que digan de dónde sacarán los recursos para pagarlo.

“Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio, tendría que decir con toda claridad de dónde salen los fondos. Este Gobierno ha expresado con toda claridad que no tiene los fondos. Salvo que el kirchnerismo o el radicalismo exija que se emita dinero espurio, cosas que el Gobierno nacional no va a hacer, entonces plantean cosas que son declarativas”, afirmó Francos.

En declaraciones a Radio El Observador, el ministro coordinador afirmó que “cuando no hay recursos, no se puede de una manera fácil decir auméntese tal cosa o auméntese tal otra”, y dijo que “si al mismo tiempo reclaman porque se cortan gastos públicos y, por otro lado, se quiere incrementar ese gasto público, no veo la respuesta concreta que dé soluciones”.

“Hay que tener cierta coherencia y cierta lógica. Así como le dicen a la gente que hay que aumentar jubilaciones, subsidios, que le digan también de dónde van a salir los recursos para pagarlo”, remarcó.

Los dichos del jefe de Gabinete y del portavoz están a tono con lo que el propio Milei advirtió hace un tiempo, cuando afirmó que vetaría cualquier iniciativa que implicasen un aumento en las erogaciones del Estado nacional, en medio del brutal plan de ajuste. De hecho, apenas minutos después de que la media sanción, Milei ratificó sus intenciones en sus redes sociales. “No voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”. “A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita”, agregó a través de su cuenta de X.

El texto consensuado que fue aprobado en Diputados por 160 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).

El haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, desde el peronismo insistieron en que la canasta básica queda por debajo de lo que recibe un jubilado que cobra la mínima con el bono. Por eso se acordó poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.

A su vez, se incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.

El punto de mayor conflicto fue el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los legisladores dialoguistas pretendían que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantuvo firme en que no podía ser utilizado para esos fines.

Finalmente, se acordó que las sentencias y las deudas con las cajas provinciales se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al Cheque, el impuesto PAIS y el IVA. No se utilizarán los recursos del FGS.

“Les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden al Congreso y que busque romper la caja y hacer volar a este país por los aires, los voy a vetar, me importa un carajo. ¿O ustedes se piensan que es fácil tratar con estos maniacos, degenerados del gasto público? Fíjense que ahora lo único que hacen es mandar iniciativas para rompernos el equilibrio fiscal”, manifestó Milei semanas atrás al cerrar el último congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el barrio porteño de Retiro.

El veto presidencial es una facultad del Poder Ejecutivo -que fue utilizada por todos los presidentes desde la vuelta de la democracia- pero no necesariamente significa que una ley no pueda ser aprobada.

La norma establece que el Presidente tiene la facultad de vetar total o parcialmente una ley, y si eso sucede regresa a la Cámara de origen, donde será considerado primero y luego pasará nuevamente a la Cámara revisora. Si ambas insisten en su sanción, se podría ratificar el proyecto inicial.

La única restricción que aplica es que, sin importar si fue aprobada por mayoría simple -la mitad más uno-, en el proceso de revisión deberá ser ratificada en ambas Cámaras por los dos tercios de los votos, es decir, una mayoría especial.

Si el Congreso de la Nación define a través del voto de los dos tercios insistir con la norma, el Poder Ejecutivo nacional deberá aceptarla y reglamentarla en el plazo que establece la normativa vigente.

Para obtener los dos tercios de la Cámara de Diputados hacen falta 177 de los 257 legisladores. El bloque de La Libertad Avanza cuenta con 38 diputados, a los que se le suman 37 del PRO, 3 del bloque Independencia y otros 3 del MID, dos de Producción y Trabajo y otro número igual de Buenos Aires Libre. En total, tiene una base de 85 votos a favor sin sumar otros provinciales, lo que dejaría al resto con 172 legisladores.

Desde la vuelta de la democracia, el veto presidencial se utilizó 390 veces. Raúl Alfonsín lo hizo en 49 oportunidades, Carlos Menem 195, Fernando De la Rúa 46, Eduardo Duhalde 37, Néstor Kirchner 38, Cristina Fernández de Kirchner 16, Mauricio Macri 8, Alberto Fernández solo una. De este total, en 39 ocasiones las normas fueron ratificadas por el Congreso de la Nación.