Con 160 votos a favor y 72 en contra y 8 abstenciones, la oposición logró dar media sanción a la nueva movilidad jubilatoria tras más de doce horas de sesión.
Las negociaciones se destrabaron una vez que los bloques de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal alcanzaron un principio de acuerdo para dar el visto bueno. El rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES fue el punto más conflictivo del debate.
Una de las principales modificaciones que propone el borrador es la actualización mensual de los haberes con base en el último dato disponible de la inflación. A su vez, la jubilación mínima garantizará la cobertura de la canasta básica de un adulto mayor.
La tensión creció en los minutos previos a la votación luego del cierre de Germán Martínez, de Unión por la Patria. César Treffinger (LLA) cuestionó a Martínez por utilizar la palabra “coherencia” por formar parte de la gestión anterior, a la que responsabilizan de la situación económica actual. Sus palabras causaron la reacción de varios legisladores que interrumpieron a Treffinger. Sin embargo, en cuestión de minutos, el recinto se calmó y el diputado libertario continuó con sus palabras.
Luego de que su dictamen sea rechazado, Unión por la Patria reclamó porque no se habrían cumplido los pasos acordados entre los bloques previo a la votación. De esta manera, se continuó con los demás dictámenes, mencionando las modificaciones propuestas.
Sobre el cierre de la jornada, el diputado Esteban Paulón, de Hacemos Coalición Federal, solicitó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se haga presente en el Congreso para dar explicaciones en medio del escándalo de los alimentos. Por esto mismo, propuso que los expedientes sean tratados en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud y Acción Social para el jueves próximo a las 11 horas.
Dentro de los temas que Paulón solicitó que sean considerados también se encuentran las contrataciones irregulares, algo que fue lo que propició la salida de Pablo De la Torre del Ministerio.
Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal alcanzaron un principio de acuerdo que allanaría el camino para avanzar con la media sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
El texto consensuado propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).
El haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, desde el peronismo insistieron en que la canasta básica queda por debajo de lo que recibe un jubilado que cobra la mínima con el bono. Por eso se acordó poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.
A su vez, se incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así el IPC no se convertirá en un un techo para los haberes.
El punto de mayor conflicto fue el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los dialoguistas pretendían que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantuvo firme en que no podía ser utilizado para esos fines.
Finalmente se acordó que las sentencias y las deudas con las cajas provinciales se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al Cheque, el impuesto PAIS y el IVA. No se utilizarán los recursos del FGS.
La UCR y Unión por la Patria buscan llegar a un acuerdo para avanzar con uno de los cinco dictámenes, pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es uno de los puntos en los que no logran avanza. “El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utiliza para muchas cosas, proyectos, inversiones; ninguna solución puede pasar por tocarlo”, defendió Carlos Heller.
Desde el oficialismo, Julio Ovalle expresó: “Para no alterar el equilibrio fiscal logrado y la baja de la inflación, debemos ratificar el DNU 274/2024 con todos sus artículos, contemplados en el dictamen de nuestro bloque”.
Además, desde el PRO María Eugenia Vidal resaltó: “Nuestro dictamen establece por ley la fórmula del DNU. Da facultad al Gobierno para pagar el aumento del 8% de enero sin alterar la meta de déficit cero. Además, deroga las jubilaciones de privilegio para presidente y vice”.
Dos diputadas por Córdoba defendieron la necesidad de avanzar con los cambios en la movilidad jubilatoria. Desde Hacemos por un País, Alejandra Torres expresó: “Respaldamos una solución transitoria para una futura reforma integral. Defendemos un sistema previsional justo, que cumpla con las provincias y los jubilados. Un sistema que no honra sus deudas, no puede ser considerado sostenible”.
Además, la radical Gabriela Brouwer de Koning agregó: “Llegamos a este recinto con una propuesta producto de un debate plural, participativo, con todas las voces y con un sólido fundamento técnico y económico”.
El bloque de la Unión Cívica Radical pidió una sesión especial para el miércoles 3 de julio a fin de tratar los proyectos con eje en la actualización del presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Las diputadas de la bancada radical Marcela Antola y Danya Tavela lo anunciaron para justificar la razón por la cual no iban a acompañar el apartamiento de reglamento pedido por Unión por la Patria para tratar esos dos temas durante la sesión que se desarrollaba este martes en el recinto.El pedido para sesión el miércoles 3 de julio a las 11 hs fue firmado, además, por Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez y Pamela Verasay.
La diputada y ex ministra de Desarrollo Social recordó que “la política alimentaria no sólo es comprar y repartir alimentos, no basta con decir que aumentaron la Tarjeta Alimentar. Con eso no se cumple con todas las políticas, escriban un programa de acción política. Hay una enorme cantidad de mentiras”. En ese sentido, desmintió que su gestión haya dejado depósitos vacíos, como denunció el Gobierno. “Fuimos responsables al dejar 5 mil toneladas de alimentos para llevar alivio al pueblo donde se necesita. ¿Dónde están las cajas navideñas?”, agregó y mencionó las declaraciones de distintos funcionarios.
Luego del escandaloso cruce de Juan Grabois con Leila Gianni - subsecretaria de Legales de la ministra de Capital Humano - la diputada Natalia Zaracho respondió sobre las acusaciones sobre los comedores. “No se pongan nerviosos. Si tienen denuncias que se presenten en la Justicia como hicimos nosotros. Queremos que los alimentos se repartan, no que echen a ningún funcionario”, dijo.
Unión por la Patria y el radicalismo negocian para unificar los dictámenes ante el riesgo de que los dos proyectos que reúnen mayor consenso salgan rechazados. El punto central del desacuerdo sigue siendo, al igual que durante el debate en comisiones, el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (FGS).
El radicalismo propone utilizar esos activos para pagar los juicios previsionales que tienen sentencia firme y para saldar las deudas con las cajas previsionales provinciales no transferidas. El peronismo rechaza de plano esta posibilidad.
Si el radicalismo y el resto de los dialoguistas se suman a LLA y el PRO para rechazar el dictamen de Unión por la Patria, luego el peronismo podría “devolver el favor” votando en contra del dictamen radical. En ese caso, los libertarios se podrían llevar una victoria inesperada al lograr frustrar las intenciones de la oposición.