Ley Bases: negociaciones, disidencias y los cambios que permitieron destrabar la aprobación del dictamen en el Senado

En horas decisivas para el futuro de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, así como para la Ley de Medidas Fiscales, el Gobierno de Javier Milei obtuvo las firmas necesarias para aprobar el dictamen de mayoría de ambos proyectos. Por diferencias o desacuerdos, otros bloques presentarán disidencias y textos en minoría.

La Libertad Avanza cuenta con apenas siete senadores nacionales. Al sumar al PRO, el oficialismo alcanza una alianza de sólo 13 bancas. Idéntica situación minoritaria se réplica en las comisiones. En este caso, los libertarios necesitaron de consensos en el plenario que une a Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto para lograr las firmas necesarias que le permitieron obtener el dictamen de mayorías.

Siempre es clave que el Gobierno, cuando impulsa un proyecto, logre en comisión el dictamen de mayoría. Es el que primero se trata luego en el recinto y el que, de algún modo, marcará el ritmo de la sesión y es el parámetro central del articulado que el pleno termina aprobando.

Hubo frenéticas negociaciones para conseguir la mitad más uno de las firmas del plenario de comisiones. Lo mismo en cuanto al tratamiento de la Ley de Medidas Fiscales. Guillermo Francos, flamante Jefe de Gabinete de la Nación, fue ayer al Senado minutos después de las 19. El funcionario articula por estas horas con Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara Alta, para seguir el pulso parlamentario.

El Jefe de Gabinete avanzó en las negociaciones finales para alcanzar las firmas necesarias que le dieran el dictamen al oficialismo. Destrabó puntos de discordia con legisladores como Antonio Carambia, de Santa Cruz, quien exigió una regalía minera del 5% en lugar de 2% y le fue concedida. En caso contrario, el senador amagaba con ir con texto propio. Idéntico planteo ocurrió con legisladores de bloques provinciales y algunos de la Unión Cívica Radical (UCR), que presionaron hasta último momento por cambios.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las privatizaciones, el Monotributo Social, y la reinstauración de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias fueron los puntos más discutidos y que implicaron modificaciones respecto al texto original de La Libertad Avanza. Así como también la insistencia de la UCR para incluir financiamiento para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Francos tejió acuerdos, concedió retoques y se avanzó hacia la firma de un dictamen de mayoría.

Finalmente, el texto que logró impulsar el oficialismo tiene 238 artículos divididos en 10 títulos. El corazón de la Ley Bases es el RIGI, que abarca todo el Título VII del articulado. Se trata de un esquema regulatorio que busca promover inversiones que superen los 200 millones de dólares, y que dispone un marco de seguridad jurídica y lograr 30 años de estabilidad en el plano cambiario y en la política fiscal.

Algunos de los artículos más discutidos fueron el 163, 167 y el 222. Además, se estableció un plazo de 2 años para que las empresas interesadas se inscriban al régimen. El oficialismo concedió modificaciones en puntos centrales del RIGI para motorizar su aprobación.

En tanto que otro tópico discutido fue las empresas del Estado a pasar a manos privadas. Finalmente, quedaron para privatización completa Aerolíneas Argentinas S.A, Energía Argentina S.A, Radio y Televisión Argentina S.E, Intercargo Sau. En tanto que en la categoría “privatización/concesión” se ubican Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Oficial de la República Argentina S.S, Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse), Corredores Viales S.A.

Además, fue clave la concesión de un Impuesto a las Ganancias diferenciado para la Patagonia, una región donde ese tributo -que afecta a los sueldos más altos- tendría mayor impacto, debido a ingresos más elevados, producto de un costo de vida más alto y actividades productivas que pagan a los empleados del sector petrolero, de pesca y minería, entre otros. También se acordaron poner límites a la intervención del Gobierno en organismos públicos y se excluyó a los hermanos de los funcionarios cónyuges, convivientes, padres e hijos, entre otros.

En tanto que un grupo de legisladores dialoguistas acompañarán al Gobierno pero con un texto en disidencia al del dictamen de mayoría. Aún no se dio a conocer cuántos serán los disidentes y qué puntos objetarán

En una posición distinta quedó Martín Lousteau, senador de la UCR y presidente del Comité Nacional de ese partido. Durante la reunión del plenario de comisiones de ayer, el radical planteó sus diferencias y explicó que presentaría un dictamen propio con una redacción prácticamente nueva de la Ley Bases. Su equipo de asesores trabaja a máxima velocidad para avanzar con la redacción de ese texto.

En el caso del peronismo, los senadores de los dos bloques de la coalición Unión por la Patria presentarán un dictamen en minoría en rechazo a la Ley Bases. Es una forma de posicionamiento político para despegarse de Milei. José Mayans, titular de uno de los bloques peronistas, encabezó ayer la voz de ese espacio y manifestó la postura opositora.

Conforme los plazos que establece el reglamento de la Cámara de Senadores, una vez que se dictamina un proyecto, deben pasar siete días para que el articulado pueda ingresar al recinto. El Gobierno analiza escenarios en estos momentos para definir si impulsarán el debate en el pleno para la semana que viene o, bien, para la segunda semana de junio. En cualquier caso, Francos busca asegurarle a Milei que cuando empiece la deliberación, los libertarios tendrán garantizada la aprobación (no sin modificaciones).

En cualquier escenario, el futuro de la Ley Bases estará en la Cámara de Diputados, que deberá definir sobre lo que resuelva la Cámara alta.