Entre señales de una incipiente tregua, la pelea Gobierno-CGT se mudará a la conferencia de la OIT en Ginebra

Si es por los resultados, a la CGT no le fue nada mal con su récord de dos paros generales y tres movilizaciones callejeras en cinco meses de gobierno de Javier Milei. Este sábado, en Córdoba, el Presidente convocó al sindicalismo a formar parte del Consejo de Mayo con el objetivo de “completar” las reformas una vez que el Congreso sancione la Ley Bases y el paquete fiscal.

Fue todo un gesto de buena voluntad del Presidente en medio de una virtual tregua declarada por la CGT luego del paro general del 9 de mayo pasado y abrirá nuevamente fisuras en la cúpula cegetista: hay dirigentes como Pablo Moyano (Camioneros) que no quieren ningún tipo de acercamiento al Gobierno, aunque también otros como Gerardo Martínez (UOCRA) que lo creen necesario para inaugurar una etapa de diálogo para consensuar algunas de las medidas de gobierno.

Hasta la convocatoria presidencial, una de las batallas centrales de la CGT estuvo centrada en frustrar la reforma laboral que impulsaban los libertarios y, más allá de haber logrado frenar el DNU 70 en la Justicia, finalmente consiguió que la Casa Rosada accediera a eliminar 42 artículos de la modernización laboral contemplada en la Ley Bases, justamente los que más irritaban al poder sindical.

En los últimos días los funcionarios mileístas aceptaron cambiar otro artículo cuestionado por la CGT: el que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 5 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo. El Gobierno redujo de 5 a 2 los “trabajadores independientes” con tal de que avance la ley que quiere Milei. Y, en un drástico giro de 180 grados, terminó defendiendo que el Senado no incluya en el proyecto la eliminación de las cuotas solidarias, como pretenden los senadores de la UCR. Es decir, el oficialismo protege hoy uno de los pilares de la multimillonaria caja sindical que antes quiso limitar.

Es llamativo que el Gobierno se muestre inflexible ante el poder sindical y, en la práctica, termine cediendo ante él sin complejo alguno. Es parte del ADN de Javier Milei, el Presidente que está alterando el tablero en el que se desplegó la relación Gobierno-sindicalismo desde hace más de 40 años. El toma y daca clásico ya no sirve para encauzar un vínculo tan decisivo. Es cierto que al líder libertario lo favorecen, por ahora, las encuestas que marcan un apoyo a sus medidas, inclusive las más duras, además de la desorientación de la dirigencia opositora, dividida y sin un eje convocante.

La pregunta del millón sigue siendo cuál es el límite de la tolerancia social. La inflación baja a costa de una recesión que ya impacta en el empleo con suspensiones y despidos, aunque en el Gobierno aseguran que las desvinculaciones se están dando a un ritmo normal, sin que se hayan acelerado, mientras admiten que lo que no hay es generación de nuevas fuentes de trabajo. Este escenario es el que analiza la mesa chica de la CGT en sus reuniones reservadas, en donde la conclusión es desoladora a la luz de sus clásicos métodos de presión: los paros generales son funcionales a Milei. No se puede recurrir a la huelga con tanta frecuencia, aunque tampoco pueden mantenerse sin hacer nada.

El dilema en el que están atrapados es de difícil solución. Por algo el jueves pasado los sindicatos docentes se unieron para realizar su primer paro nacional juntos, aunque tanto los gremios del sector educativo agrupados en la CGT como CTERA, que integra la fracción kirchnerista de la CTA, ya habían realizado huelgas por separado al inicio del ciclo lectivo y el 4 de abril, sin resultado alguno.

Sergio Romero, líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT, fue uno de los sindicalistas que no había dudado en reunirse con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para tratar de solucionar uno de los puntos en los que viene insistiendo desde el gobierno anterior: muchísimos maestros cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza. La ministra se comprometió a convocar a la paritaria nacional docente, algo que hasta ahora no se concretó.

Por eso los gremios de todos los niveles educativos hicieron el paro del jueves. No lograron ni un llamado de algún funcionario. Creen que es el único camino a su alcance para expresar su malestar, aunque intuyen que la huelga pone en riesgo lo que buscan: los máximos exponentes oficiales recibieron la orden de no ofrecerles nada a los sindicalistas mientras haya medidas de fuerza.

Así como hay gremialistas en pie de guerra, existen otros de perfil moderado que cultivan el pragmatismo. Uno de ellos es Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria, que dirige la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en la mira del moyanismo desde que el 6 de mayo pasado cumplió las asambleas decididas por un plenario de la entidad pero sin interrumpir los servicios. Sasia, uno de los adalides del sindicalismo dialoguista, apuesta a mantener una buena relación con el Gobierno para no quedar afuera de la reestructuración ferroviaria, e incluso no descarta la participación de capitales privados para revitalizar el servicio de trenes.

Pablo Moyano busca desplazarlo de la conducción de la CATT, aunque tampoco es sencillo. En principio, porque Sasia no fue el único que no llamó a parar el trabajo durante las asambleas. Los metrodelegados, incorporados en la CATT el 19 de marzo por impulso del moyanismo, tienen una impronta combativa (con peso del kirchnerismo y del trotskismo), pero el 6 de mayo no pararon los subtes sino que se limitaron a levantar los molinetes en señal de protesta contra el Gobierno.

Quien piloteó la postura más dura dentro de la CATT fue su secretario adjunto, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), aunque ahora, como titular de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), pareció moderarse: anticipó que llamará a movilizarse ante el Congreso sólo si el Senado vota la restitución del Impuesto a las Ganancias.

El mismo Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y uno de sus cerebros, tiende puentes hacia el poder libertario aunque el recorte a la obra pública ya le quitó unos 100.000 trabajadores a la construcción. El líder de la UOCRA, aun así, defiende el dialoguismo a ultranza con una consigna como escudo protector: “Esta es una batalla larga. Son cuatro años de Milei”.

La convocatoria de Milei al sindicalismo a integrar el Consejo de Mayo le da más fuerza a su postura de buscar acercamientos antes que pura confrontación (incluso volvió a hablar la semana pasada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, cuando se cruzaron en un acto de la Universidad Austral), pero Martínez, de todas formas, no deja de ser un firme opositor de las políticas mileístas. Lo demostrará otra vez en junio durante la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra: hará una presentación contra el Gobierno durante un coloquio dedicado a analizar los problemas de la Argentina. Allí, anticipan en su entorno, el titular de la UOCRA hablará sobre “los peligros que reinan en la región por las políticas de extrema derecha que hasta se animan a no respetar la división de poderes en democracia y poner en tela de juicio el concepto de justicia social”.

Martínez será reelegido como miembro del Consejo de Administración de la OIT y, además, uno de los 6 dirigentes gremiales de todo el mundo que se sumarán el 15 de junio a una flamante coalición internacional por los valores de la justicia social, donde, además de representantes de países y del sector empresarial, habrá presencia del FMI, el Banco Mundial, el BID y otros organismos internacionales. Será una confirmación del giro del Fondo, que ya le pidió al gobierno argentino que “el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias pobres y trabajadoras”.

Además de Martínez, viajarán a Ginebra otros 10 dirigentes de la CGT mientras que por el Gobierno sólo irá el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el director de Asuntos Internacionales de esa secretaría, Gerardo Corres, un funcionario de carrera, e incluso recortarán su estada suiza: permanecerán 5 días para participar del tramo principal de la conferencia de la OIT.

La delegación empresarial será encabezada por el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien integra, por el sector empleador, el Consejo de Administración de la OIT y hará ante ese foro internacional un apoyo al rumbo del gobierno de Milei: reiterará la defensa de “las adecuaciones que la Argentina necesita para el empleo genuino y formal y la productividad, la eliminación de toda la normativa que ha fomentado la industria del juicio y el rechazo al abuso del ejercicio de la huelga, afectando la libertad de trabajar y el derecho de propiedad entre otros”.

Cerca de Cordero quieren escuchar las palabras de Martínez en el coloquio de la OIT antes de contestar sus críticas al Gobierno e incluso apuesta a que, al regreso de Ginebra, la CGT acepte sumarse, junto con el empresariado, a las instancias de diálogo tripartito que promoverá en tres áreas concretas, coordinadas por la ex subsecretaria de Trabajo Liliana Acosta de Archimbal: el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, la aplicación del Convenio 190 de la OIT que reconoce el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso, y la modernización de la normativa laboral.

¿Aceptará la CGT participar de esos ámbitos de negociación que abrirá Cordero? ¿Se incorporará al Consejo de Mayo al que la invitó Milei? Después de 5 meses en que el sindicalismo se quejaba de que el Gobierno no lo llamaba al diálogo, parece comenzar otra etapa en esa relación tormentosa. La dirigencia cegetista desconfía, pero inauguró virtualmente una tregua con el Presidente y sabe que no puede aplicar sus métodos habituales con un gobierno que no sigue la lógica política de siempre.