El Gobierno Nacional transfirió la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano al ámbito de la Secretaría de Justicia de la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
La decisión se oficializó a través de los decretos 450 y 451/2024, publicados esta madrugada en el Boletín Oficial: “Razones de gestión tornan menester asignar la competencia relacionada con el desarrollo de las acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia”.
Con la firma del presidente Javier Milei y de todo el Gabinete, se modificó la Ley de Ministerios para avanzar con la transferencia del área, que pertenecía anteriormente
al ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue creado por Alberto Fernández y que, al poco tiempo de asumir, Milei decidió degradarlo a Subsecretaría. Esta medida implicó que su presupuesto, personal y unidades organizativas pasen a otros Ministerios; en este caso lo absorbió Capital Humano.
A su vez, el Gobierno disolvió el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), fundado en años de gobierno de Mauricio Macri, que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Social. “Es prioridad del Gobierno Nacional adoptar los mecanismos necesarios para que los recursos con que cuenta el Estado Nacional se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía”, señaló el Poder Ejecutivo “transfiriendo sus competencias a la citada Jurisdicción”.
En lo que respecta a la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, se estableció que tiene como objetivos en el Ministerio de Justicia, “intervenir en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas en todos los ámbitos; intervenir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de las mismas; coordinar acciones y cooperar con otras Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, como así también con los gobiernos provinciales, de la Ciudad y municipales, para la transversalización de las políticas contra la violencia de género; proponer la suscripción de convenios con los estados Nacional, Provinciales y Municipales y/o con instituciones de la sociedad civil; recibir la demanda efectiva de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil en las temáticas vinculadas; generar espacios de articulación que promuevan el diálogo entre actores del sector público, privado y las organizaciones de la sociedad civil en cuestiones de género y violencia por razones de género; generar herramientas de análisis de impacto de leyes, planes y programas; dirigir la elaboración de documentos e informes de gestión vinculados al tema; proponer el diseño, desarrollo e implementación de las políticas de capacitación para agentes que presten servicios en la Administración Pública Nacional y para promotores, formadores y agentes de capacitación en género, en coordinación con las áreas con competencia de la Administración Pública Nacional”
Además, otros de sus objetivos son “entender en el diseño, elaboración, definición de instrumentos, herramientas y procedimientos para generar información de gestión, en coordinación con las áreas competentes de la Jurisdicción; dirigir el relevamiento, registro, producción, sistematización y análisis integral de la información estadística en el ámbito de su competencia; entender en los programas de cooperación que permitan la inserción y articulación a nivel nacional, regional e internacional de las acciones y políticas prioritarias cuestiones de género y violencia de género”.
En el decreto publicado este viernes, se incorporaron como objetivos del área el “asistir al Ministro en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en la materia y asistir al Ministro en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional”.
Mientras que en al Ministerio de Capital Humano se incorporaron como objetivos el “gestionar el diseño e implementación de políticas destinadas a jóvenes; entender en lo relativo al Consejo Federal de la Juventud; fomentar en los jóvenes la participación comunitaria, el compromiso público y valores como la solidaridad, la equidad, la memoria, la responsabilidad y la identidad nacional; fortalecer el reconocimiento de los jóvenes en la sociedad como sujetos activos de derechos; articular la intervención de los organismos gubernamentales competentes en toda materia que se vincule a problemáticas relacionadas con la juventud, comprendiendo aspectos como la capacitación en oficios y primer empleo, terminalidad educativa, políticas culturales, artísticas, iniciativas deportivas, turismo, prevención de adicciones, situación de calle, salud reproductiva, participación ciudadana, violencia institucional o escolar, entre otras”.
En ese sentido, también tiene como finalidad “diseñar e impulsar acciones tendientes a incentivar la participación de la juventud en el abordaje de las distintas problemáticas de la población, en forma complementaria con las políticas estatales; promover la institucionalización y articulación de los espacios de juventud en todas las jurisdicciones del territorio nacional; y entender en materia de subsidios y becas vinculados a las problemáticas relacionadas con la juventud”.
En la cartera a cargo de Sandra Pettovello, el Gobierno agregó como objetivos de la Subsecretaría de Políticas Sociales el “asistir a la Secretaría en lo relativo al Consejo Federal de la Juventud conforme la Ley N° 26.227; proponer programas que fomenten en la población juvenil la participación comunitaria, el compromiso público y valores como la solidaridad, la equidad, la memoria, la responsabilidad y la identidad nacional; y asistir a la Secretaría en la articulación de la intervención de los organismos gubernamentales competentes en toda materia que se vincule a problemáticas relacionadas con la juventud, comprendiendo aspectos como la capacitación en oficios y primer empleo, terminalidad educativa, políticas culturales, artísticas, iniciativas deportivas, turismo, prevención de adicciones, situación de calle, salud reproductiva, participación ciudadana, violencia institucional o escolar, entre otras”.