Este viernes por la madrugada se cumplirá una semana de que el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 1 de la Policía de Misiones está fuera de operaciones. A las tres de la mañana, un grupo de retirados y agentes intentó coparlo. Hubo un rechazo inicial, pero otro grupo volvió a las 5 y lograron su objetivo. Sacaron a los empujones al comisario Orlando Neris, jefe de la repartición. Y cortaron las comunicaciones de la unidad con el resto del sistema policial.
Desde ese momento, el conflicto fue un subibaja. Primero fue minimizado por la administración de Hugo Passalacqua. Y ceñido a un mero problema judicial, ocasionado por el levantamiento de retirados con escasa presencia de personal en actividad. Pero la intervención de las fuerzas federales el domingo para despejar la Avenida Uruguay frente al Comando derivó en una agudización. El lunes se cortó el diálogo.
Las charlas volvieron en la madrugada del jueves. Cuando aún no había asomado el sol, el Gobierno y los representantes de los policías se reunieron. Debatieron dos temas: una amnistía acotada a las sanciones administrativas. Y la conformación de la Mesa que sirve de paritaria para el sector. No se habló de salarios, el principal tema para los manifestantes.
Por la tarde, las autoridades volvieron con un ofrecimiento que habían jurado no poder otorgar horas antes. En vez de aumentar el 20% los haberes, la suba sería del 30%. La asamblea, que reúne a menos de dos centenares de uniformados de una fuerza compuesta por más de 10 mil, dijo no. Y la oferta fue rechazada.
Pero al menos hay un diálogo, algo impensable hace menos de 48 horas.
Queda pendiente la resolución de las causas penales que se abrieron. Y que investigan cargos serios: sedición agravada; robo, hurto y destrucción de bienes del Estado, entre otros.
En los Tribunales se acumulan más de 20 denuncias que terminarán forjando una megacausa por el levantamiento. Todas describen hechos. Pero ninguna señala responsables. La Justicia utilizará las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación para tratar de individualizar responsables.
Esta herramienta ya fue usada. Sirvió para establecer cuántos móviles policiales están fuera de servicio. En las denuncias se detallan 18. Pero el escaneo de imágenes y los sobrevuelos que hicieron los drones sobre el Comando detectaron 28. Esto significa que al menos una decena de patrulleros están retenidos por los manifestantes y no fueron denunciados por los comisarios que eran responsables. Uno de ellos es el de Criminalística, que tiene todos los elementos para pericias que hoy por hoy no se pueden realizar.
Luego se sumaron cinco motos y el utilitario del Grupo de Intervención Rápida. En la Justicia estiman que hay unos 50 móviles fuera de servicio. Y señalan que no es algo anecdótico. El miércoles por la noche, una mujer y sus dos hijos fueron agredidos por su marido ebrio. La señora hizo la denuncia. Pero no había patrullero disponible para ir a retirar al hombre de la casa. Ni para trasladar a los menores a un lugar seguro.
Mientras evalúan los pasos a seguir, en los escritorios de Tribunales donde se analiza esta situación tienen el antecedente del proceso por sedición a policías de Entre Ríos. Fue en 2013. La toma de la Jefatura Departamental Concordia dejó sin seguridad la ciudad. Hubo tres muertos y pérdidas millonarias. Dos años después, 16 suboficiales y un oficial fueron condenados por sedición agravada.
El nuevo frente
La protesta docente también tiene varias semanas de vigencia. Pero había quedado eclipsada por la de los policías. Incluso hubo trabajadores de la educación en los primeros momentos del conflicto en el Comando.
El martes el Gobierno logró un acuerdo con algunos gremios docentes que no conformó a las bases. Y la protesta tomó una dinámica propia, con los autoconvocados como protagonistas. La primera muestra de magnitud fue el corte de varias rutas nacionales, principalmente el puente sobre la 12 a la altura del arroyo Garupá.
Desde allí, una multitud de delantales y guardapolvos se trasladó a la Avenida Uruguay. Montaron un acampe propio, tanto o más numeroso que el de los policías. Este jueves, los docentes marcharon solos a la Legislatura. Quisieron entrar a la sesión, rompiendo el vallado colocado con anterioridad. La Policía lo impidió con violencia. El saldo fue de 20 personas afectadas que requirieron atención médica.
En el recinto de la Cámara de Representantes, el oficialismo aprobó un repudio a la forma en que los policías reclamaban mejoras en sus ingresos. Puntualizaba que las pérdidas por el movimiento suman unos 10 millones de pesos diarios.
Además, el diputado del Frente Renovador Luis Pastori señaló durante su intervención que las crisis de las provincias con sus empleados públicos aparecieron luego de dos medidas del gobierno de Javier Milei: la devaluación y el proceso inflacionario sobreviniente. Y evaluó que en Misiones quedaba solucionada a partir del 30 de mayo con los aumentos que había dispuesto el poder Ejecutivo.
Los legisladores opositores dejaron la sesión para ver qué estaba pasando afuera. Los que salieron fueron Ariel Pianessi y Horacio Loreiro. Los docentes los recibieron mal. Al canto de “hijos de p…”, les reprochaban el apoyo a las medidas del gobierno de Javier Milei.
Repelidos en la sede legislativa, los trabajadores de la educación fueron en caravana hasta la casa del gobernador Passalacqua. También fueron reprimidos por uniformados que arrojaron gas irritante. De igual manera, se las ingeniaron para dejar pegados carteles en la puerta del domicilio particular del mandatario provincial.
Si el Gobierno provincial logra cerrar en los próximos días un acuerdo con los policías, tendrá que arremangarse para rever en las mismas condiciones el entendimiento con los maestros. En la espera ya está anotado el personal de salud. Y la cola sigue con otras áreas menores.