La oposición dividida pidió una sesión por financiamiento universitario en Diputados, pero un acuerdo con los rectores podría desactivarla

Tras el emplazamiento votado el martes en el recinto, un plenario de comisiones avanzó con cuatro dictámenes. El peronismo adelantó que planea ir al recinto el próximo 4 de junio, el mismo día que la UCR quería tratar la actualización de las jubilaciones

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Debate del financiamiento universitario en
Debate del financiamiento universitario en un plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto

Los diferentes sectores de la oposición firmaron hoy cuatro dictámenes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Educación de la Cámara de Diputados para aumentar el presupuesto de las universidades nacionales. Para presionar tanto al Gobierno como a los bloques dialoguistas, el peronismo anunció que planea pedir una sesión especial el martes 4 de junio a las 15, el mismo día que la UCR buscaba debatir la actualización de las jubilaciones.

Si bien Unión por la Patria no firmó el mismo dictámen que la UCR, Hacemos, la Coalición Cívica e Innovación Federal, desde la bancada que conduce Germán Martínez destacaron que “el corazón del proyecto” es idéntico, por lo tanto ante una eventual sesión “estaría garantizado el quórum y la mayoría”.

El dictamen de mayoría quedó para Unión por la Patria, con 34 firmas. Su proyecto plantea una actualización del presupuesto del año pasado según la inflación consolidada al 31 de diciembre pasado, más una actualización bimestral para 2024 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Ese aumento se aplicaría a las actividades 14 (gastos de funcionamiento) y 15 (hospitales) del programa Nº 26 de Desarrollo de la Educación Superior.

Además, el peronismo busca aplicar el mismo mecanismo de actualización para otros ítems como extensión universitaria, ciencia y tecnología e institutos tecnológicos de formación profesional. Estos puntos fueron incluidos en un artículo aparte para que una votación por separado pueda facilitar la negociación con los bloques dialoguistas.

José Luis Espert y Alejandro
José Luis Espert y Alejandro Finocchiaro en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Educación

A su vez, se instruye al Poder Ejecutivo a retomar las obras de infraestructura frenadas, tanto las financiadas por el Tesoro como las que reciben fondos de organismos internacionales. Por otro lado, el proyecto impulsa una actualización del sistema de becas, sin mecanismo específico.

El proyecto del radicalismo, que fue suscripto por Hacemos, la CC e Innovación Federal (en total 21 firmas), solo aborda los aumentos para los gastos de funcionamiento y los hospitales. En tanto, incluye una modificación en la forma en la que se reparten los fondos entre las universidades. En concreto proponen un criterio en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales o escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión, “garantizando la distribución presupuestaria histórica de cada institución y aplicando estos criterios para asignar montos incrementales”.

El peronismo rechaza este punto porque asegura que de esta forma la mayor parte del presupuesto se repartirá entre las universidades más grandes como la UBA, la Universidad de Córdoba o la Universidad de La Plata. “Es para cagar a las del conurbano”, sintetizaron desde UxP.

Por su lado, los libertarios y el PRO firmaron un dictamen conjunto (26 rúbricas) que convalida por ley la negociación que el Gobierno entabló con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). De hecho, esta semana el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el próximo lunes se efectivizará un acuerdo con todas las universidades nacionales que replica los términos del convenio que se alcanzó con la UBA la semana pasada (alrededor del 300%).

Sin embargo, sectores del radicalismo ya advirtieron que si el lunes se concreta el acuerdo entre el Gobierno y el CIN “pierde sentido sancionar una ley” porque los fondos estarían garantizados para este año. Además, en cuanto a las partidas de fondos para el año que viene, aseguran que se discutirán en el marco de la negociación del Presupuesto 2025 a partir de septiembre. Desde la Coalición Cívica también reconocieron que el acuerdo adelantado por Adorni este lunes podría tener el efecto de “bajar la urgencia”. “Los rectores necesitan los fondos ahora, una ley puede demorar bastante tiempo”, explicaron a Infobae.

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