El pleno de la Cámara de Diputados emplazó (obligó) el pasado martes a las comisiones de Presupuesto y Educación a reunirse hoy en plenario para dictaminar uno o varios proyectos para aumentar el presupuesto de las universidades nacionales. Una vez superada esta instancia, la oposición estará en condiciones de pedir una nueva sesión especial para avanzar con la media sanción.
El principio de acuerdo anunciado por el Gobierno con el Consejo Interuniversitario Nacional para aumentar cerca del 300% los gastos de funcionamiento -no incluye salarios- de todas las universidades nacionales no fue suficiente para desactivar la sesión especial de este martes.
La desconfianza de los rectores, que evitaron difundir cualquier tipo de comunicado hasta que se conozca la resolución oficial que garantice la ampliación de fondos, terminó influyendo en el bloque de la UCR, que se debatía entre sostener o levantar el pedido de sesión especial del martes. Para no correr riesgos, la oposición dialoguista desestimó las señales del oficialismo y bajó al recinto para dar quórum.
Esa decisión generó un fuerte malestar entre los libertarios y los diputados del PRO con Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada radical. En tanto, el peronismo aprovechó la oportunidad para incluir en el debate la restauración del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Como parte de un acuerdo político, Unión por la Patria también se llevó un emplazamiento para el martes que viene. Tanto los proyectos sobre el presupuesto universitario como los relacionados con el FONID tienen un considerable impacto fiscal y son seguidos con atención por la Casa Rosada.
“Ahora parece que empiezan a aparecer proyectos de subas del gasto: yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quiera romper el equilibrio fiscal, romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos”, advirtió el propio Javier Milei ante el foro empresarial de IAEF. Se refería a estos dos proyectos y la fórmula de actualización jubilatoria que también impulsa la oposición.
En el caso de las universidades, el reclamo nace de la reducción de facto que el Gobierno implementó al prorrogar el presupuesto del año pasado sin actualizarlo por inflación. La Casa Rosada se vio obligada a dar un primer paso atrás tras la masiva marcha universitaria del 23 de abril. Primero negoció con la Universidad de Buenos Aires, a la que le otorgó un aumento del 270% para gastos de funcionamiento y un 300% para los hospitales que funcionan bajo su órbita. Luego, anunció un acuerdo con las otras 60 universidades nacionales que salieron a denunciar “discriminación federal” por no haber recibido la misma oferta que la UBA.
Uno de los proyectos bajo análisis que reúne mayor consenso es del de la radical Danya Tavela, que entre otros puntos dispone que los gastos de funcionamiento (que no incluye salarios de docentes y no docentes) se actualice de forma bimestral a partir de una fórmula que combina la variación del Índice de Precios (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).
En general, la mayoría de los proyectos contempla el componente inflacionario para actualizar las partidas, por lo que el Gobierno perderá discrecionalidad para la asignación de recursos. La oposición argumenta que las universidades necesitan un mínimo de previsibilidad presupuestaria para planear los ciclos lectivos.
“Las diferencias entre los proyectos no son tan profundas, todos actualizan por inflación, nos vamos a poner de acuerdo”, adelantó un referente Unión por la Patria tras la sesión del martes. Sin embargo, desde el radicalismo dejaron trascender que si el lunes efectivamente se firma la resolución que amplía el presupuesto universitario, una eventual sesión dejaría de tener sentido: “Si les dan la plata a las universidades, objetivo cumplido”.